El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, dijo que se regulará la operación de las norias de uso agrícola, sobre todo en zonas amenazadas por la sequía.
El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, anunció que a partir de septiembre se trabajará con la elaboración de una nueva Ley de Aguas Nacionales que regulará la operación de las norias de uso agrícola y pecuarias en el país y en especial en aquellas zonas amenazadas por la sequía en el norte, incluyendo La Laguna.
En entrevista telefónica con MILENIO, el legislador advirtió que a partir de esta nueva ley se habrán de acabar con los privilegios de empresas como de productores privados que han sido solapados por la corrupción, omisión y evasión que impera por funcionarios de la Comisión Nacional del Agua.
Lo anterior responde a las denuncias públicas hechas por MILENIO Laguna respecto al uso y abuso en la extracción de aguas subterráneas a través de norias operadas por una sola familia en la zona de las calizas de la Sierra del Sarnoso en Lerdo, y a lo que la Conagua confirmó que existen 21 norias operando que corresponden a 14 concesiones que están legalmente inscritas en el Registro Público de Derechos de Agua.
Al respecto, el diputado federal de Baja California Sur por el partido Morena, rechazó la versión de un alto funcionario del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de esa dependencia, en el sentido de dotar de “más dientes” a dicha institución, cuando el Artículo 23 BIS de la actual legislación establece con claridad las facultades que tienen para observar, regular y en todo caso evitar la transmisión de derechos de aguas concesionadas, por lo que en todo caso lo que se demanda es voluntad política de la autoridad para hacer cumplir la ley.
Refirió que la Ley de Aguas Nacionales actual establece la obligatoriedad de la Conagua primero para cancelar y proceder penalmente contra toda concesión irregular, toma clandestina o quien se esté robando el agua de la Nación; en tanto que en su nuevo texto se incluirá el fiscalizar los consumos de los grandes usuarios de agua para que quien más use, más pague, partiendo de que se haga efectivo lo aprobado desde 2012 por el Poder Legislativo para garantizar el derecho humano al agua y no como un producto o servicio.
“Nadie tiene el derecho de robarse el agua, como tampoco nadie tiene el derecho de evadir la responsabilidad cuando se es servidor público”, agregó el legislador.
A pregunta expresa, dijo que lo ocurrido en Nuevo León con la crisis y el severo desabasto de agua, debe ser el referente para evitar que se repita en otras regiones donde la sequía ha causado estragos y por lo tanto priorizar el consumo humano, de ahí que al iniciar en septiembre con la instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dará entrada a un pedimento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar entrada al diseño y redacción de una nueva legislación en materia de aguas nacionales que acabe con los privilegios y el “huiachicoleo” del agua.
Adelantó que entre los conceptos que se incluirán en esa nueva legislación es ejercer una mayor fiscalización de los consumos que se ejercen en las actividades agrícolas, pecuarias o industriales, a fin de que quien use más, pague más, lo mismo que se obliga a modificar la forma en que se sigue disponiendo de esas aguas subterráneas con sistemas de riego que promueven el dispendio de manera irresponsable.
Como ejemplo, citó que cada año la Conagua deja de cobrar en promedio 90 mil millones de pesos a los grandes usuarios de esas concesiones federales, lo que representa tres veces más el presupuesto anual asignado a esa dependencia, lo cual es inaceptable.
"Este no es un problema nuevo, pero que se ha ido agudizando al paso de los años, por lo que hoy que nos ha alcanzado el problema del agua, tenemos que ponerle orden y comenzar a resolver la problemática de la gestión del agua en México”.
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