"El Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte en el proceso de detención de personas".
La bancada parlamentaria de Morena propuso al pleno legislativo reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y la Ley de la Defensoría Pública, para que los abogados públicos formen parte del Tribunal Superior de Justicia y no sigan en manos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. La iniciativa que presentó el diputado Ariel Juárez Rodríguez establece que, para su adecuado funcionamiento, el Poder Judicial estatal contará con un órgano denominado Instituto de la Defensoría Pública. Éste tendrá un director, nombrado por el Consejo de la Judicatura, de manera similar a lo que ocurre a nivel federal, donde desde hace varios años este grupo de especialistas fueron sectorizados en el Poder Judicial de la Federación, con mejores resultados. El legislador estableció que el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte en el proceso de detención de personas, es decir, no puede llevar a cabo procesos para que los presuntos culpables sean llevados a un proceso judicial y al mismo tiempo defenderlos para garantizar sus derechos humanos y del debido proceso. De esta manera, acotó, no existe una verdadera separación de poderes que si se encuentra definida en las normas federales. La iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis y establece artículos transitorios para dar un plazo de 60 días naturales a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para transferir al Poder Judicial, los recursos humanos, materiales, expedientes y presupuesto asignado a la Defensoría Pública. “Busco que la defensoría quede a tono, porque quienes se encargan de procesar no pueden ser juez y parte; menos cuando es el Ministerio Público quien fabrica delitos y carpetas de investigación” apuntó. Es mejor, consideró, que al ser el PJEM un órgano autónomo, sirve de contrapeso al trabajo de las áreas de justicia y seguridad que tiene el Poder Ejecutivo, aunado a que al estar en el PJEM tendrían mejor salario, mayor capacitación y posibilidades de desarrollar un servicio civil de carrera. La realidad, agregó, es que en prisión preventiva están más de 11 mil personas, acusadas de delitos de alto impacto, que llevan menos de dos años presas, en espera de una sentencia y 693 más con más de dos años presas que también siguen en espera de la conclusión de su proceso para saber si son o no culpables legalmente. Además, durante la sesión de este martes se aprobó el dictamen de la nueva Ley del Poder Judicial que reconoce la justicia digital y actualiza la norma, luego de varias décadas de ajustes parciales. Ya sólo falta que el Ejecutivo la publique en la Gaceta de Gobierno para que entre en vigor.
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