El nuevo dictamen sobre el uso de las Fuerzas Armadas dividió los votos de la bancada del PRI en comisiones del Senado
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron el nuevo dictamen sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que hace algunos cambios a la redacción del artículo quinto transitorio de la Constitución.
La minuta se aprobó con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Los votos a favor emanaron de Morena y sus aliados, así como de algunos legisladores del PRI. En contra votaron los partidos de oposición (PAN, MC y PRI); en abstención votó un legislador del PRD.
De esta manera, la minuta pasó al Pleno para su discusión y posterior votación.
En la sesión, se rechazó la propuesta presentada por algunos miembros del bloque de contención, entre ellos Claudia Ruiz Massieu (PRI), Miguel Ángel Mancera (PRD), Noé Castañón y Clemente Castañeda (MC), en la que se establecía que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sería extraordinaria, subordinada, regulada, fiscalizada por órganos civiles y complementaria a las tareas de las corporaciones civiles; ordenaba la entrega por parte del Ejecutivo Federal de un plan de estrategia para que la Guardia Nacional sea totalmente civil; además de la creación de un fondo de inversión para fortalecer la seguridad en los estados.
En su lugar, se aprobó (con el mismo número de votos) la propuesta de la senadora morenista Lucía Meza para que la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 esté acompañada de supervisión y rendición de cuentas.
La iniciativa presentada por Meza Guzmán fue señalada de no realizar cambios sustanciales respecto a la iniciativa original.
La minuta extiende hasta 2028 la participación de las instituciones castrenses en tareas de seguridad e impone un “control parlamentario” del Poder Legislativo.
El Ejecutivo Federal deberá presentar un informe semestral sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Los plenos del Congreso aprobarán dictámenes semestrales con una evaluación sobre la estrategia de seguridad que se enviará al Ejecutivo.
Los miembros del Gabinete de Seguridad deberán comparecer con frecuencia ante una comisión bicameral.
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