En 2018 la Presidencia realizó gastos en gasolina y pagos a trabajadores adscritos al Estado Mayor que no tienen sustento, además de recurrir a contratos fantasma, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
Sin embargo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las autoridades correspondientes no han podido comprobar la legalidad de dichos gastos, aunque a la fecha no hay denuncias.
Entre las frases del argot político mexicano, se suele decir que el último año de una administración es “El año de Hidalgo… chingue a su madre el que deje algo”, manera de referirse a la costumbre de vaciar las arcas públicas antes de dejar el poder.
En 2018, el último año de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, su oficina, que comandaba Francisco Guzmán, gastó más del doble de lo que tenía previsto.
Y, a través de contratos fantasma, gastos sin comprobar de gasolina y pagos sin sustento a trabajadores adscritos al Estado Mayor Presidencial, dejó un posible desfalco de más de 33 millones de pesos que, cinco años después, no ha sido denunciado ni penal ni administrativamente.
Dio a conocer ayer que la ASF no ha presentado denuncias ni exigido el reembolso de casi 30 mil millones de pesos de un posible desvío de recursos cometido durante el sexenio priista repartido en 45 dependencias de gobierno, incluida la Oficina de la Presidencia, en donde el boquete en 2018 fue por 33 millones 771 mil 92.04 pesos. Aunque pudo ser mayor.
Con la cuchara grande
En 2018, el presupuesto de la Oficina de la Presidencia se modificó en casi 105 por ciento: de los mil 797 millones de pesos que se le habían autorizado gastar para ese año, terminó desembolsando 3 mil 682 millones.
Por ejemplo, en noviembre de 2018, a unos días de dejar el poder y entregárselo al equipo de Andrés Manuel López Obrador, la Oficina de la Presidencia solicitó una ampliación al presupuesto de la partida 35501 denominada “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales” ─que ese año tuvo una de las carteras más abultadas, con recursos por más de 300 millones de pesos─ por 33.5 millones de pesos.
El argumento fue que serían aplicados para cubrir “necesidades prioritarias” ... antes de irse.
Pero en realidad, ese dinero no se aplicó en esas supuestas “necesidades prioritarias” del mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales al servicio del presidente.
De esos 33.5 millones, el 92.89 por ciento, es decir, 31.1 millones de pesos, se repartieron en otras partidas, como la de “material de apoyo informativo”, “gastos en actividades de seguridad y logística del Estado Mayor Presidencial” o “maquinaria y equipo industrial”, áreas que, a decir de las auditorías, no tenían una necesidad real de gasto.
Sin embargo, ese incremento injustificado en el uso de los recursos en el último año del sexenio, no fue señalado como irregular ni como daño al erario.
Y pese a que la proporción del aumento presupuestal fue de más del cien por ciento, la ASF decidió únicamente revisar el 52.8 por ciento del gasto de la Oficina de la Presidencia de ese año: mil 944 millones de pesos, sin explicar por qué no auditó el 47.18 por ciento restante.
Contratos fantasmas
Entre el cúmulo de documentos que la ASF revisó a partir de 2019 en la Oficina de la Presidencia, los auditores encontraron 19 contratos firmados en 2018 para la adquisición de diversos bienes y servicios que sumaban un total de 75 millones 728 mil 100 pesos.
Mediante esos contratos, supuestamente se adquirirían vestuario y alimentos para empleados de la Presidencia y se realizarían servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las aeronaves que usaba el presidente y se solventarían gastos aduanales.
Sin embargo, nunca se pudo comprobar la recepción de esos bienes y servicios establecidos en 14 contratos por un monto de 27 millones 61 mil pesos, por lo que ese pago se consideró un presunto daño patrimonial, que a la fecha no ha sido reclamado.
Huachicoleo en Presidencia
A esos 27 millones de desfalcos en la Oficina de la Presidencia se suma un monto de un millón 788 mil 598.68 pesos por ‘huachicoleo’ cometido por servidores públicos que trabajaban junto al presidente.
La ASF revisó cómo se usaron los recursos de dos partidas relacionadas con la compra de combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, entre las que se ejercieron 130 millones 270 mil 500 pesos durante 2018.
En su auditoría, la ASF identificó que de 563 tarjetas electrónicas que se repartieron entre servidores públicos para pagar gasolinas y combustibles de los vehículos oficiales de la Presidencia, no se pudo comprobar a qué vehículos se les suministró gasolina a través de 23 tarjetas por un monto de 725 mil 800 pesos y de vales de papel por un monto de 279 mil 300 pesos.
Entre esas irregularidades, destacó que a diez servidores públicos se les entregaron hasta diez tarjetas para pago de combustible sin que se justificara esa asignación.
De ahí, la ASF consideró como daño patrimonial un monto de un millón 5 mil 104.56 pesos.
Además, en la revisión, los auditores detectaron que nueve de los vehículos a los que se les suministraron 52 mil 130 litros de gasolina, equivalentes a 783 mil 500 pesos, no formaban parte de las flotillas de la Presidencia ni de otras dependencias, por lo que sumó ese otro monto al presunto daño patrimonial.
¿"Guaruras" o aviadores?
La ASF también reportó otro presunto desfalco relacionado con el pago a trabajadores eventuales adscritos al Estado Mayor Presidencial por 4 millones 921 mil 400 pesos por inconsistencias entre los pagos reportados en la nómina del personal y los informes del ejercicio del presupuesto, entre los que hubo excesos en las primas vacacionales, asignaciones adicionales al sueldo y remuneraciones al personal eventual.
Sin embargo, la contratación de trabajadores eventuales adscritos al Estado Mayor Presidencial fue otra manera de desviar recursos desde la Oficina de la Presidencia que, aunque fue identificada por la ASF, no la sumó al monto de daño al erario.
Por ejemplo, en su auditoría, la ASF encontró que 115 personas que habían sido contratadas como eventuales o por honorarios por la Oficina de la Presidencia para el último año del sexenio pasado, trabajaban en realidad en otros lugares, públicos y privados, pero los 56 millones de pesos que la Presidencia les pagó como sueldos, no se reportaron como daño patrimonial por la ASF.
Un análisis realizado con ayuda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitió identificar que una de esas personas contratadas como eventuales en la Presidencia, de las que no se encontró evidencia del trabajo que hizo, dispersó irregularmente 611 mil pesos desde su cuenta bancaria a cuatro servidores públicos de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.
Esas personas tenían los cargos de director general Adjunto, subdirector de Área, enlace y operativo, todos subordinados a Eduardo Sánchez Hernández, el entonces vocero de la Presidencia, sin que se ordenara investigar por qué recibieron esos recursos de manera sospechosa.
Y eso que la ASF sólo revisó la mitad del presupuesto ejercido por la Presidencia.
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