Gobierno de Cuitláhuac García desvió recursos como Duarte y utilizó a beneficiarios de programas para crear empresas fantasma.
A tales empresas se les otorgaron contratos millonarios en obras públicas sin que fueran realizadas; en la mayoría de los casos, los supuestos empresarios son jóvenes o adultos mayores que desconocían que las compañías que ayudaron a constituir recibían millones de pesos.
El gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz copió el mismo mecanismo que, hace seis años, empleaba el priista Javier Duarte para desviar recursos públicos y que lo llevó a la cárcel: contactan a personas de escasos recursos y los engañan para que firmen los papeles necesarios que les permitan crear empresas fantasma; luego les dan contratos millonarios para obras de educación, salud e infraestructura y los recursos desaparecen, porque las obras no se hacen.
Igual que Duarte, la administración de Morena enlistó como empresarios a personas que viven en zonas marginales del estado. Esta vez no eran promotores del voto, como hacía el PRI y que fue revelado por Animal Político hace seis años, sino eligieron a beneficiarios de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo al Empleo, Becas y Microcréditos para el Bienestar.
En todos los casos se pudo comprobar que los supuestos dueños de las empresas contratadas eran beneficiarios de estos programas sociales, que fueron engañados para firmar los papeles necesarios.
Nuevamente, las instituciones que debían atender a los más pobres son las que entregaron los contratos que consistían en mejorar la infraestructura sanitaria en las escuelas, construir “aulas didácticas” o pavimentar calles en algunas de las localidades más marginadas del estado, donde ni siquiera tienen servicio de drenaje y todo es terracería, como se pudo comprobar en la visita a los lugares.
Entre 2020 y 2023, en la administración de Cuitláhuac García, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal, la Secretaría de Salud y hasta la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz entregaron al menos 439 millones de pesos a cuatro empresas creadas poco antes de recibir los contratos y cuyos propietarios son, en realidad, beneficiarios de programas sociales y también a siete jóvenes que supuestamente contrataron, aun cuando tienen entre 20 y 28 años de edad y también son beneficiarios, y no empresarios.
Todos los recursos entregados en estos contratos provienen de los recursos federales que entregan a los estados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas.
También del programa Escuelas al Cien, creado por la administración de López Obrador, mediante el cual se entrega dinero supuestamente a los padres de familia para mejorar la infraestructura de las escuelas. A nivel federal, la misma Secretaría de Educación Pública ha reconocido que no tiene ninguna prueba de cómo se gastaron los 23 mil millones de pesos destinados a ese programa en todo el país, como reveló Animal Político.
Usan empresas fantasma para desviar recursos públicos en Veracruz
Otra vez, como en el gobierno de Duarte, hicieron una red de empresas que comparten integrantes y simulan competencia en licitaciones públicas para aprovecharse de los recursos públicos de estas dependencias y programas; y en ningún caso los “empresarios” sabían que las compañías que ayudaron a constituir recibían millonarios contratos de dependencias estatales, ni de las supuestas obras que debían realizar.
Animal Político entregó los hallazgos de esta investigación a la vocería de Cuitláhuac García desde la semana pasada para solicitar una entrevista o postura al respecto, pero no hubo respuesta.
Para esta investigación, Animal Político revisó los contratos entregados a empresas de nueva creación y a personas físicas, de 2018 a 2023. Luego, los integrantes de esas empresas fueron buscados en los padrones de beneficiarios de programas sociales y las coincidencias fueron confirmadas por su RFC, la edad que se registraba al momento de recibir el programa social y el municipio. Después se buscaron en las direcciones fiscales registradas y por teléfonos. Se entrevistó a los supuestos dueños y se confirmó que las obras nunca se realizaron.
Beneficiarios utilizados en esquema de desvío de dinero en gobierno de Cuitláhuac García
Una de las empresas utilizadas es Grupo Especializado Ruta Boca, S. A. de C. V., que recibió 122 millones de pesos a través de 18 contratos firmados entre 2020 y 2023 con el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dirigido por Ricardo García Jiménez, y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, encabezada por Elio Hernández Gutiérrez.
Entre los servicios supuestamente contratados está la construcción de baños en escuelas y poner piso firme en Medellín de Bravo, reconstruir la carpeta asfáltica en Coyutla, o instalar alumbrado público en Poza Rica.
Uno de los contratos más onerosos –el número SIOP-OP-PF-027/2023-DGCOP– firmado por el subsecretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jesús Enrique Trujeque Rivera, en junio de 2023, consistió en el pago de 24 millones 978 mil pesos para la “modernización con concreto hidráulico” en la localidad de Las Amapolas, en el municipio de Veracruz.
Se trata de una localidad donde sus habitantes llevan más de 30 años sin los servicios básicos de drenaje y pavimentación, y aunque tienen electricidad, la distribución es deficiente. Ahí según el contrato, por fin, tendrían pavimento hidráulico, pero en realidad solo pusieron asfalto en cuatro calles y el resto del pueblo sigue en terracería. Además, dicen los habitantes entrevistados, los tramos asfaltados no mejoran la circulación e incluso, si es que un día les instalan drenaje para dejar de usar fosas sépticas, tendría que ser removido.
Entre los “empresarios” de este Grupo Especializado Ruta Boca está Juan, de 69 años, (a quien se le cambió el nombre para evitar represalias). A pesar de ser “dueño” de una empresa constructora vive de la pensión para Adultos Mayores y su casa no ha tenido mantenimiento en décadas, igual que el resto de esa colonia popular en Boca del Río.
Reconoce ser el “dueño” porque dos familiares de su nuera le pidieron el “favor” de crearla. En 2019 lo llevaron al SAT para que entregara su documentación oficial y firmara papeles. Después, dice,“tengo que ir periódicamente para renovar esa información. Me imagino que porque yo ya estoy grande para contratar”.
La red de empresas fantasma en Veracruz con gobierno de Morena
Juan explicó que mantiene comunicación con la “contadora de la empresa”, y cada vez que se requiere firmar un documento pasa por él “un muchacho que se llama Gabriel Arana”. Este Arana efectivamente aparece como representante legal del grupo gracias a un poder que Juan, sin saberlo, firmó en septiembre de 2019, como se registró en un acta de la empresa consultada en el Registro Público de Comercio.
Pero no es la única. El 22 de julio de 2020, el mismo Arana recibió un poder para ser el representante legal de la empresa Grupo Freunde, S. A. de C. V., que ganó 104 millones de pesos en 9 contratos con las mismas instituciones entre 2021 y 2023: el Instituto de Espacios Educativos del Estado y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno de Veracruz.
El 4 de mayo de 2023, Grupo Freunde participó en la licitación número LO-89-Y24-930007995-N-24-2023 para la obra en Las Amapolas, ofertando 21.4 millones de pesos, mientras que Concretos El Rosario, S. A. de C. V. ofreció 21.5 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Obras la declaró desierta el 26 de mayo debido a que “ninguna de las convocadas reúne los requisitos solicitados”.
Esa decisión abre la posibilidad, según la Ley de Adquisiciones, a que la dependencia elija directamente a su proveedor. Y así sucedió. El 13 de junio de 2023, la Secretaría de Obras hizo la asignación directa número ADF/014/2023 a Grupo Especializado Ruta Boca por 24.9 millones de pesos, como consta en el contrato firmado por Gabriel Arana. Se trató de recursos del Fondo para las entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas 2023.
Entre las accionistas de Grupo Freunde está Viridiana N., cuyo domicilio registrado está en la colonia “sector popular” del municipio de Veracruz, una zona marginada que apenas tiene servicios básicos. En la dirección sólo hay un lote baldío con una barda a medio levantar, con maleza crecida y montones de basura, mientras que la casa de al lado está deshabitada desde hace más de un año. Además, la jefa de manzana dijo que en la colonia no hay nadie con ese nombre.
Mientras que otro de los accionistas, Mario N., de 29 años, aparece como beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo desde 2020, pero no registró domicilio ni ningún otro dato para su localización.
El 10 de agosto de 2021, según consta en el acta número 6679, Viridiana N. otorgó un poder a Sonia Rosalba Rivera para ser la representante legal de Grupo Freunde, además, aparece como la persona que realiza trámites ante el SAT a nombre de la empresa.
Rivera también aparece como representante legal de Constructora y Comercializadora Conscom, que pese a haber sido constituida en 2014, solo ganó contratos con el gobierno a partir de 2018. En total logró 16 contratos que sumaron 91 millones de pesos hasta 2022 con las mismas instituciones que las otras empresas.
Animal Político también acudió al domicilio que Grupo Freunde registró oficialmente en los padrones de proveedores, en la avenida Juan Pablo II número 2503, en Boca del Río. El lugar es una pequeña y austera plaza comercial, y en el número interior donde supuestamente estaría la multimillonaria empresa, hay una estrecha puerta blanca con cámara de seguridad en la parte superior, sin nadie que atendiera.
En tanto, la empresa Medicamentos y Equipos Médicos Xallitic S. de R. L., creada el 14 de abril de 2019, recibió 6 contratos que suman 11 millones de pesos para adquisiciones relacionadas con la salud, como “471 caretas para minimizar el riesgo de contraer y propagar el virus SARS-CoV2”; también para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de mastografía y microscopios de los Servicios de Salud de Veracruz; e incluso, compra de equipo médico y de laboratorio para el Aquarium del Puerto de Veracruz.
Entre las representantes legales de la empresa aparecen dos personas de entre 19 y 22 años que también están en el padrón de beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Animal Político pudo comunicarse con una de ellas, de quien no se publica su nombre para evitar represalias, y confirmó haber sido beneficiaria del programa, pero cortó la comunicación cuando se le preguntó por la empresa.
Mientras que una de las “dueñas”, Yazmín N., respondió en el teléfono registrado en el padrón de proveedores, pero solo dijo que “esa empresa ya está dada de baja”. Al preguntarle por qué, respondió que “pues la disolvimos”, y después colgó.
Los “empresarios” beneficiarios de programas sociales
La institución que más contratos con personas que resultaron ser beneficiarios de programas sociales fue el Instituto de Espacios Educativos, todos por adjudicación directa. En 2019, el Instituto hizo 80 adjudicaciones directas a empresas y personas físicas, de acuerdo con los documentos registrados en su página. Pero para 2023 hubo 177 adjudicaciones directas, lo que representa un aumento de 121%. Ese año entregó 89 contratos a empresas y 88 a personas físicas.
Casi todos los contratos tienen exactamente el mismo concepto: “rehabilitación de edificios, construcciones de servicios sanitarios y obra exterior”, cuyas asignaciones van de los 788 mil pesos a los 2 millones de pesos, todos por asignaciones directas previstas en la ley, al tratarse de montos pequeños. Y los recursos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples y de Escuelas al Cien, ambos del presupuesto Federal, según consta en los contratos revisados.
Entre las personas físicas con contratos está Gerardo N., quien con apenas 20 años ganó 21 millones de pesos en adjudicaciones directas con Espacios Educativos, pero aún con esas ‘ganancias’, registra una dirección en la localidad de Papantla de Olarte, en uno de los municipios de Veracruz donde seis de cada 10 vive en pobreza.
Al verificar el RFC registrado en el portal de proveedores de Espacios Educativos, y el registro de edad y municipio de origen del padrón de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ambos datos coinciden. Aunque se intentó localizarlo en el número de teléfono que registró en el padrón durante una semana, nunca respondieron. Sin embargo, sí se pudo verificar que las supuestas obras que debió hacer no se cumplieron.
Una de ellas es la construcción del techado de la plaza cívica de la comunidad de El Porvenir, en el municipio de Tantoyuca en 2021. Aunque habitantes consultados reconocieron que la obra sí se hizo, aseguraron que “la construcción fue por parte del ayuntamiento de nuestro municipio de Tantoyuca. Eso nos dijeron y toda la gente de mi comunidad sabe de esto”.
Se pudo confirmar esto al contactar con las autoridades quienes mostraron que la obra fue pagada con recursos municipales, y no con presupuesto estatal o federal.
Incluso, el caso de Gerardo N. fue señalado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) por irregularidades en su contratación durante dos años seguidos, en 2021 y 2022. En este último, el organismo lo incluyó en la lista de 12 personas físicas y 12 empresas que recibieron 230 contratos “sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia”.
Daniel N., de 20 años, beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, ganó 15 contratos por 58 millones 109 mil pesos con los ayuntamientos de Tlacotepec, Teocelo, Comapa; el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz y el DIF estatal.
Daniel registró dos domicilios fiscales en el padrón de proveedores del estado y en los contratos. Al buscarlo en la dirección en el circuito del Rosal, en Xalapa, se localizó una casa que según los vecinos lleva años deshabitada. La fachada es color ladrillo con rosa y en el zaguán de fierro está colocada una manta de propaganda de la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum.
Mientras que el otro domicilio en la colonia Constituyentes, también en Xalapa, se encontró a una joven quien negó que ahí viviera Daniel. Desde hace un año, dijo, su padre compró esa casa y ahí habita solamente ella desde entonces.
Los contratos más onerosos fueron con el DIF estatal durante dos años. En 2022, la presidenta del Subcomité de Adquisiciones, Nayeli Martínez Calderón, firmó el contrato de la licitación pública número LPE103C80801/010/2022 para la adquisición de “230 talleres de carpintería del programa ‘Proyectos Productivos’” con Eduardo N. por 14 millones 947 mil pesos el 7 de diciembre de 2022.
En 2024, en la licitación LPE-103C8081/003/2024, el DIF nuevamente adquirió “220 talleres de carpintería” para el mismo programa, esta vez por 13 millones 411 mil pesos, y nuevamente lo ganó Eduardo N.
Animal Político contactó al área de prensa del DIF para preguntarle cómo es que contrataron a Eduardo N. quien no es localizable en los domicilios fiscales que registró oficialmente, que además es beneficiario de un programa social y solo tiene 20 años. También se le pidió las pruebas de que el joven haya cumplido con dichos contratos, pero no hubo respuesta. El funcionario aseguró que se encargaría de responder el vocero de Cuitláhuac García, pero tampoco respondió.
Durante dos años consecutivos, 2021 y 2022, el Organismo de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), alertó irregularidades en las contrataciones del Instituto de Espacios Educativos.
En 2021 se reportan 37 obras y servicios adjudicados mediante contrato por un monto total de 54 millones de pesos, de los cuales 35 se adjudicaron a sólo 6 personas físicas contratistas, “sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia”.
Al año siguiente, en 2022, aumentó a 230 obras adjudicadas por mil 75 millones de pesos, de los cuales, 92 contratos se entregaron a sólo 12 empresas y 12 personas físicas contratistas en opacidad.
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