Amenazan a Claudia con megaparo judicial; la 4T pretende ir por todas las plazas judiciales, hasta las de los empleados de más bajo nivel.

Aunque el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), Gilberto González Pimentel, hizo un llamado a no participar en el paro nacional, tanto en Chihuahua como en Juárez hay chispazos que pueden motivar a los empleados a suspender labores.

Hasta ayer por la mañana no había una definición clara de si participarían o no los trabajadores de los tribunales federales instalados aquí. Mantenían la moneda en el aire también en cuanto a las medidas que pudieran tomar, como cerrar las instalaciones a la fuerza o manifestarse únicamente de brazos caídos.
Una eventual protesta de los más de mil empleados de los juzgados federales en la frontera y la capital haría recordar lo ocurrido en octubre de 2023, cuando la Cámara de Diputados determinó extinguir los fideicomisos millonarios de la justicia, administrados por la Suprema Corte de Justicia y otras instancias del Poder Judicial.
En aquella ocasión, los procesos jurídicos federales tuvieron afectaciones de meses por unos cuantos días de paro, ese sí convocado, avalado y promovido desde las alturas, tanto por el sindicato como por algunos de los togados del máximo tribunal del país.
Ahora, al comenzar el pasado jueves los foros para debatir la Reforma Judicial, que en su parte toral propone la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, integrantes de la directiva sindical encabezaron una movilización no muy vistosa en la capital del país, a la vez que enviaron oficios a sus delegaciones en los circuitos judiciales, entre ellos el Decimoséptimo, al que corresponde Chihuahua.
De los juzgados federales instalados en la frontera nos reportan que al parecer hay un doble juego de sus dirigencias sindicales, que en público piden no armar manifestaciones, pero por debajo de la mesa no dejan de agitar las aguas, incluso con mentiras.
En las versiones difundidas para atizar el fuego, les han mandado decir que la reforma de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no sólo impactará a los altos mandos, sino que la 4T pretende ir por todas las plazas judiciales, hasta las de los empleados de más bajo nivel.
Sembrándoles el miedo de que el próximo gobierno va a tomar al Poder Judicial como botín de guerra, para repartir sus más de 50 mil espacios laborales a puros morenistas, tratan de generar un alboroto previo a la discusión formal del dictamen que cambiará profundamente al sistema de justicia federal, aunque sus cimientos laborales no los tocaría, pues la propuesta asienta que respetará los derechos de los empleados.
Así las cosas, sigue y seguirá latente la posibilidad de un megaparo judicial que, desde ahora puede verse, podría ser la amenaza principal que enfrente el dictamen de aquí hasta comienzos de septiembre, cuando sea planteado en San Lázaro.
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Aunque la discusión del llamado Plan C morenista se ha centrado en la oficialmente llamada democratización del Poder Judicial, la serie de reformas contempladas ha generado nerviosismo en los organismos denominados autónomos, que en realidad no tienen esa calidad.
Especialmente, nos aseguran, hay preocupación en el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral, cuyas titulares, la consejera Yanko Durán y la magistrada Roxana García, ni tiempo han tenido de estudiar por dónde les habrá de llegar el hacha entre el fin de la legislatura federal actual y el comienzo de la otra.
El personal especializado de ambas entidades, que son de esas dizque autónomas, está con los nervios de punta porque, si bien el debate central es sobre el máximo tribunal de la nación, el plan de López Obrador que también comparte Sheinbaum deja muy claro los objetivos de las reformas en puerta, nada convenientes para la enorme burocracia político-electoral actual.
Entre la reducción de los gastos destinados a las campañas y los partidos, la disminución de regidores de los ayuntamientos, la eliminación de plurinominales en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, va también la reducción de “estructuras burocráticas electorales”, como aparece en la justificación general de motivos de las modificaciones constitucionales proyectadas.
Esa reducción de la carga electoral va contemplada junto con la elección popular de magistrados y consejeros de los organismos administrativos y jurisdiccionales electorales, lo que también supone un cambio de fondo del sistema electoral mexicano.
Además, va incluida la fusión, integración o eliminación de 16 órganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado, lo que lleva implícito el mandamiento de lo federal a lo nacional, es decir, no aplicaría únicamente al aparato administrativo de la Federación, sino que habría de extenderse a las entidades que forman parte de la nación.
El pasado viernes por la mañana, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) realizó su sexta sesión ordinaria del año, en la que fue evidenciado, otra vez, el estancamiento del destartalado ente compuesto por organismos públicos y un Comité de Participación Ciudadana (CPC) cada vez más lejano y ausente de sus responsabilidades.
Formalmente, el SEA tiene siete integrantes: el CPC, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Información (Ichitaip), la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Fiscalía Anticorrupción (FACH), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Es una mesa que no admite suplentes ni representantes, únicamente titulares de los organismos que la conforman, para tomar acuerdos y discutir, en teoría, los grandes asuntos que competen a las dependencias autónomas encargadas de prevenir y combatir la corrupción.
Pues bien, en su última sesión video transmitida, dos de los siete integrantes no asistieron. Fue una muestra más de cómo está de adorno, igual que el Sistema Nacional Anticorrupción.
En este caso, los ausentes fueron la magistrada Mayra Arróniz, presidenta del TEJA, por haber sido suspendida bajo acusaciones de malversación de recursos y acoso laboral, y el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, quien seguramente tenía cosas más importantes en su agenda. Debió estar al menos una representación de la Función Pública, pero ahorita tiene un encargado del despacho, o algo así.
Así, a medias y con esas contradicciones gravísimas como la que representa el TEJA, se encuentra el destartalado SEA.
Por cierto, en esas ridículas casualidades de la justicia, el máximo tribunal del país validó, justo el mismo día en que fue suspendida la magistrada Mayra Arróniz, la constitucionalidad del TEJA.
El organismo había promovido una controversia constitucional contra una reforma realizada por el Congreso del Estado en agosto de 2021, en materia de plazos de respuesta a su autónomo Órgano Interno de Control (OIC), el mismo que le recetó la dosis de la suspensión a la magistrada Arróniz Ávila.
Pero en el análisis del conflicto, resultó que el TEJA ni siquiera está contemplado en la Constitución del Estado como organismo autónomo -así la calidad del gobierno que lo creó en 2019 y de sus legisladores-, por lo que hasta en duda se puso que pudiera promover recursos de revisión constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, la Corte determinó que, pese a no estar contemplado en la máxima norma estatal, tiene carácter y personalidad jurídica autónoma. Legitimó así la existencia del TEJA el día 25 de junio, justo cuando la magistrada presidenta era notificada de su suspensión por excederse en el manejo presupuestal a su favor y acosar laboralmente a sus colaboradoras.
Inmerecido y pésimo el regalo de la SCJN al tribunal que está cumpliendo cinco años de escándalos en este 2024, con dos de sus tres magistrados -Arróniz y previamente Gregorio Morales- agarrados con los dedos en la puerta mientras fungían como presidentes.