Bamba Política

lunes, 14 de octubre de 2013

El jurista Eduardo Miranda Esquivel candidato a la CDHDF

Por Manuel CARVALLO
Abogado y candidato a ombudsman del D.F., Eduardo Miranda Esquivel se pronunció por una Comisión de Derechos Humanos de la capital con mayor compromiso social para resolver los problemas de fondo de la ciudad, además del combate a la corrupción en la Administración Pública y Órganos de Poder; más efectividad en la promoción y defensa de los derechos humanos; y, por un ejercicio pleno de la autonomía de ese
organismo.
El presidente de la unión de Juristas de México, manifestó que un diagnóstico serie de la situación de los derechos humanos en México y del papel del ombudsman, debe efectuarse en el marco de las difíciles condiciones económicas, de crisis del sistema de justicia y de violencia que vive el país, que ha alimentado un círculo vicioso de incumplimiento de los derechos humanos, desde todos los ámbitos del poder legislativo, ejecutivo y judicial federal y de las entidades.
En conferencia de prensa ante diversos medios el litigante con más de 30 años de experiencia y vinculado siempre a las grandes causas sociales para hacer valer el Estado de Derecho ante tantas injusticias que viven en carne propia miles de ciudadanos, señaló que como respuesta a decenas de organizaciones y personas probas que le propusieron aspirar a presidir la CDHDF, aceptó participar y paralelamente presentó un Proyecto y los Ejes de lo que sería su plan de trabajo en ese cargo, mismo que se registrará el próximo martes al medio día en Avenida Juárez 60, Centro,  donde se encuentra la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa .
Al tiempo de otorgar su reconocimiento a todos y todas las organizaciones y personas “que lo apoyan en este propósito, originada por la iniciativa de mis colegas de la Unión de Juristas de México, además de la Alianza de Tranviarios de México; Ciudadanos por la Justicia; Asociación de Abogados Litigantes de México, UJM Pro Derechos Humanos A.C.; Instituto Nacional de Difusión de la Constitución Mexicana; Consejo de Organizaciones Sociales, etc.”.
Ante ellos se pronunció  por potenciar a la ciudad un nuevo enfoque y una re conceptualización en la promoción  y defensa de los derechos humanos; que se encamine a combatir los problemas estructurales en la violación de estos derechos, así como asumir un mayor compromiso, eficiencia y transparencia de la CDHDF. Lo anterior en aras de una ciudad, un país y un mundo mejor.
Expuso que al proponer su candidatura a la Presidencia de la CDHDF, “es en respuesta de que como dicen, quienes lo apoyan en este propósito, su destacada, consecuente y valiente trayectoria de más de 30 años en el campo y la defensa y promoción de los derechos humanos. Mi solvencia moral, mis conocimientos  experiencia en el tema de los derechos humanos”, son aval para aspirar a ese cargo.
Sobre el incumplimiento e inobservancia de los derechos humanos, señaló que esto también obedece a las inercias culturales de la falta de intereses social en el tema de la corrupción, de la impunidad, por ello, cualquier estudio, además de comprender lo anterior, debe atender a comprender la importancia y el alcance de la Reforma
Constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011.
“Efectivamente necesitamos potenciar y re conceptualizar los derechos humanos de la ciudad de México conforme a esta reforma y las necesidades de nuestra gente, y para ello, se requiere una CDHDF, fuerte, autónoma y comprometida con la solución a los problemas de fondo o estructurales, puede ser un detonador de las innovaciones
sociales que resuelva el grave problema de la corrupción pública, el desempleo, el desarrollo urbano caótico, la crisis del sistema de justicia y la inequidad social, generando contrapesos necesarios ante el quehacer gubernamental y el respeto a los derechos humanos de losgobernados.
Al mismo tiempo puso a consideración de los presentes su diagnóstico previo conforme a seis ejes estratégicos de actuación:
1.-Mayor compromiso de la CDHDF con los problemas de fondo o estructurales de la ciudad, en materia de derechos humanos, como:
a) La corrupción e impunidad de los órganos de poder y en la administración pública;
b) Falta de empleo e incumplimiento de los derechos laborales y de seguridad social;
c) Desarrollo urbano caótico, sin sustentabilidad en el crecimiento, en las vialidades, el transporte y los servicios, con afectación a la biodiversidad;
d) Crisis del Sistema de Justicia, irrespetuoso de los derechos humanos, la dignidad humana, el debido proceso y la equidad social;
e) Pobreza e inequidad social que crecen cada día, afectando especialmente a los niños y jóvenes, indígenas y grupos vulnerables.
2.- Mantener y reforzar la real autonomía de la Comisión en su programación, gestión, investigación, integración de expedientes y casos, toma de decisiones y recomendaciones que se emitan, exigiendo su cumplimiento público, con mecanismo de vinculación más estricta, mixta.
3.-Lograr una relación  estrecha y fluida con la sociedad, que permita romper el divorcio que ha existido entre Comisión y Pueblo, buscar el empoderamiento de este en sus derechos humanos, dado que la fuerza jurídica de la Comisión estriba en su crédito moral y en la calidad y fuerza de su trabajo.
4.-Doas a la Comisión de una visión social de integridad en la promoción y defensa de los derechos humanos, que afiance la difusión y educación, con objetivos y métodos de mayor impacto y mecanismos más dinámicos y vastos de empoderamiento social, que permita en breve tiempo que cada habitante, incluidos niños y niñas, sean su propio
defensor.
5.-Fortalecer la prevención para combatir las causas o hechos previsibles que afecten o puedan afectar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, colectivos, sin descuidad r las acciones reactivas y de defensa  de las personas.
6.- Transformar la naturaleza de la comisión en un ente preponderadamente ciudadano y no gubernamental, con transparencia y rendición de cuentas en su gestión que fácilmente perciba la población, para generar confianza y los equilibrios indispensables en la gobernabilidad democrática.

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