Ciudad de México.- En México se consignan a tres de cada 10 presuntos delincuentes por el delito de homicidio doloso, de acuerdo a un censo realizado por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad (ICESI).
El censo indica que a nivel República solo cuatro de cada 10 órdenes de aprehensión se cumplen y del total de averiguaciones previas sólo se detiene al 6 por ciento de los presuntos responsables.
La Encuesta Nacional sobre Inseguridad evidencia, además, que en México se denuncian únicamente uno de cada cinco delitos.
Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que las razones por las cuales las víctimas no denuncian son porque les parece que acudir al Ministerio Público (MP) es una pérdida de tiempo, hay desconfianza en la autoridad y el trámite de la averiguación previa es lento.
El jurista señaló que el estudio que tomó en cuenta la opinión de especialistas, de agentes del MP y la voz de las víctimas determinó que el clima es de impunidad.
“Ninguna procuraduría salió bien calificada, incluso la de Aguascalientes que fue la menos mal calificada no alcanzo altas notas. La insatisfacción y la pésima impresión del público con las procuradurías es algo generalizado en el país”.
Ante ello, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, propone la autonomía de los MP, acompañados por un Consejo en cada entidad, integrado por profesionales que estén al pendiente de vicios de la institución.
Pide que los agentes ministeriales ganen 85 mil pesos mensuales, es decir, la mitad del sueldo que gana un juez de distrito con alrededor de 171 mil pesos; que tengan una jornada laboral que no exceda las 8 horas y se paguen horas extra de trabajo.
Sugiere la instauración de una carrera ministerial de cuatro semestres, con un mínimo de mil 600 horas de capacitación.
Además, plantea que a través de Internet el denunciante presente su denuncia en módulos establecidos en las instituciones, cuenten con una clave NIP para seguimiento del caso y sean apoyados por auxiliares, para que su indagatoria marche correcta y ágilmente.
En materia de transparencia, las procuradurías federal y estatales deberán ofrecer al público la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión.
Por último, propone un área de innovación permanente en todas las procuradurías para que la institución tenga los mejores avances teóricos, científicos, prácticos y tecnológicos.
Milenio
El censo indica que a nivel República solo cuatro de cada 10 órdenes de aprehensión se cumplen y del total de averiguaciones previas sólo se detiene al 6 por ciento de los presuntos responsables.
La Encuesta Nacional sobre Inseguridad evidencia, además, que en México se denuncian únicamente uno de cada cinco delitos.
Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que las razones por las cuales las víctimas no denuncian son porque les parece que acudir al Ministerio Público (MP) es una pérdida de tiempo, hay desconfianza en la autoridad y el trámite de la averiguación previa es lento.
El jurista señaló que el estudio que tomó en cuenta la opinión de especialistas, de agentes del MP y la voz de las víctimas determinó que el clima es de impunidad.
“Ninguna procuraduría salió bien calificada, incluso la de Aguascalientes que fue la menos mal calificada no alcanzo altas notas. La insatisfacción y la pésima impresión del público con las procuradurías es algo generalizado en el país”.
Ante ello, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, propone la autonomía de los MP, acompañados por un Consejo en cada entidad, integrado por profesionales que estén al pendiente de vicios de la institución.
Pide que los agentes ministeriales ganen 85 mil pesos mensuales, es decir, la mitad del sueldo que gana un juez de distrito con alrededor de 171 mil pesos; que tengan una jornada laboral que no exceda las 8 horas y se paguen horas extra de trabajo.
Sugiere la instauración de una carrera ministerial de cuatro semestres, con un mínimo de mil 600 horas de capacitación.
Además, plantea que a través de Internet el denunciante presente su denuncia en módulos establecidos en las instituciones, cuenten con una clave NIP para seguimiento del caso y sean apoyados por auxiliares, para que su indagatoria marche correcta y ágilmente.
En materia de transparencia, las procuradurías federal y estatales deberán ofrecer al público la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión.
Por último, propone un área de innovación permanente en todas las procuradurías para que la institución tenga los mejores avances teóricos, científicos, prácticos y tecnológicos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario