Despierta optimismo en mercado accionario la reforma energética
México, D.F.- La discusión de la reforma energética es importante para los mercados financieros y en particular para el accionario, además de que su aprobación podría contribuir a una mejora en la calificación de riesgo al país, consideró el Grupo Financiero Ve por Más (Bx+).
Carlos Ponce Bustos, director de Análisis y Estrategia Bursátil de la institución financiera, argumenta que su aprobación de dicha reforma es importante “porque hace algunas semanas muchos participantes considerábamos realmente muy difícil poder concluir el año con la reforma energética”.
Además, refiere, las modificaciones propuestas, a diferencia de otras como la hacendaria, son en sentido positivo mucho más “agresivas” de lo previsto, lo que generaría mayor interés de inversión privada local e internacional y con ello mayor beneficio económico.
A decir del especialista, otro factor positivo es que el documento fue constituido por el aval de tres partidos políticos (PAN, PRI y PVEM), ello aún cuando la legislación secundaria podría tomar más tiempo.
Expone que en la reforma propuesta destaca el planteamiento de que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda asignar a particulares superficies de terreno para la exploración y extracción de hidrocarburos a través de contratos de riesgo, ya sea de utilidad compartida o de producción compartida, además de licencias.
Las licencias contienen los elementos de una concesión, entre éstas que se cede parte de la riqueza para que las petroleras la exploten; se establece además que el pago a las transnacionales será en efectivo, con un porcentaje de las ganancias e incluso con barriles de petróleo.
Según dijo, propone una reforma al artículo 28 constitucional, de modo que la refinación de petróleo, la petroquímica básica y la generación de electricidad dejen de ser actividades estratégicas, a fin de que queden totalmente en manos de empresas privadas.
Además de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estarían obligadas a competir con las transnacionales; ambos organismos, que estarían descentralizados, tienen previsto un régimen transitorio que contendrá las formas y plazos para convertirlas en empresas productivas del Estado.
Notimex
Carlos Ponce Bustos, director de Análisis y Estrategia Bursátil de la institución financiera, argumenta que su aprobación de dicha reforma es importante “porque hace algunas semanas muchos participantes considerábamos realmente muy difícil poder concluir el año con la reforma energética”.
Además, refiere, las modificaciones propuestas, a diferencia de otras como la hacendaria, son en sentido positivo mucho más “agresivas” de lo previsto, lo que generaría mayor interés de inversión privada local e internacional y con ello mayor beneficio económico.
A decir del especialista, otro factor positivo es que el documento fue constituido por el aval de tres partidos políticos (PAN, PRI y PVEM), ello aún cuando la legislación secundaria podría tomar más tiempo.
Expone que en la reforma propuesta destaca el planteamiento de que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda asignar a particulares superficies de terreno para la exploración y extracción de hidrocarburos a través de contratos de riesgo, ya sea de utilidad compartida o de producción compartida, además de licencias.
Las licencias contienen los elementos de una concesión, entre éstas que se cede parte de la riqueza para que las petroleras la exploten; se establece además que el pago a las transnacionales será en efectivo, con un porcentaje de las ganancias e incluso con barriles de petróleo.
Según dijo, propone una reforma al artículo 28 constitucional, de modo que la refinación de petróleo, la petroquímica básica y la generación de electricidad dejen de ser actividades estratégicas, a fin de que queden totalmente en manos de empresas privadas.
Además de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estarían obligadas a competir con las transnacionales; ambos organismos, que estarían descentralizados, tienen previsto un régimen transitorio que contendrá las formas y plazos para convertirlas en empresas productivas del Estado.


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