martes, 9 de junio de 2015

Justifica gobernador de Guerrero ejecución extrajudicial en Tlapa

Guerrero.- El gobernador Rogelio Ortega Martínez y el delegado de Gobernación en la entidad, Erick Castro Ibarra, justificaron la ejecución extrajudicial del estudiante y líder del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), Antonio Vivar Díaz, registrada  durante un operativo de la PF y el Ejército, al argumentar que tenían información en el sentido de que los pobladores “tenían intenciones de linchar” a los 35 agentes retenidos en la iglesia de la colonia Tepeyac.
Lo anterior fue revelado por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien fungió como mediador en este conflicto que tuvo un desenlace trágico y que se originó cuando policías federales allanaron la sede del magisterio disidente y detuvieron sin orden de aprehensión a siete profesores y un menor de edad.
Luego, los federales pretendieron llevarse con grúas algunos vehículos de los profesores, por lo que los vecinos reaccionaron cercando a 35 uniformados y se los llevaron retenidos a la iglesia para exigir la liberación de los integrantes del MPG.
La acción policial se registró después de que sujetos encapuchados incendiaron una camioneta del INE sobre el puente que cruza el río Jale, y las autoridades dieron por hecho que los autores de este hecho habían sido los miembros del movimiento que impulsó el boicot electoral para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, dijo Barrera Hernández.
Al respecto, comentó que durante el desalojo violento para rescatar a los federales retenidos, que dejó un muerto y cuatro heridos graves, intentó comunicarse vía telefónica con el gobernador Ortega y el delegado de Gobernación, pero ambos simplemente no respondieron, indicó.
En entrevista, el antropólogo señaló que previamente Ortega y Castro advirtieron que la acción policiaco militar era inminente porque no tenían opción, ya que “de ninguna manera” iban a permitir que los manifestantes atentaran contra la integridad de los uniformados.
Barrera criticó el hecho de que el gobernador Ortega pretenda ocultar este hecho trágico que refleja el exceso y la brutalidad policiaca en contra de ciudadanos.
Por ello, exhortó a las autoridades a investigar la acción para fincar responsabilidad contra los policías que accionaron sus armas contra el estudiante Antonio Vivar y una decena de manifestantes que exigieron la cancelación de las elecciones, al considerar que sin justicia no puede existir democracia.
El cuerpo de Antonio Vivar, un profesionista de origen mixteco de 28 años, era velado en una humilde vivienda ubicada en una empinada calle de la colonia San Antonio, entre imágenes del guerrillero Ernesto Che Guevara y la virgen de Guadalupe.
El ambiente es de rabia e indignación, y al llanto de amigos y familiares se suman las consignas en contra del gobernador Ortega, quien es calificado como “asesino represor”.
Ello debido a que la semana pasada, Ortega alentó a los miembros de un grupo de choque –conformado por simpatizantes del PRI y PT que actuaron en contubernio con policías estatales– para desalojar el plantón que mantenían miembros del MPG en el zócalo de esta ciudad, considerada como el corazón de la Montaña.
Al respecto, la esposa y familiares del joven de origen mixteco exigieron justicia y castigo contra los policías federales que mataron al estudiante de la UPN, quien se caracterizó por impulsar marchas y protestas en este lugar tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al velorio acudieron padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes, quienes se solidarizaron con la familia de Antonio Vivar, a la par que anunciaron acciones de protesta para que las autoridades procedan contra los federales que utilizaron sus armas de fuego contra manifestantes desarmados.

Proceso

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