sábado, 4 de julio de 2015

Liberan a los 4 ministeriales detenidos por caso Tlatlaya

Edomex.- A unas horas de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ejercitó acción penal en contra de 7 de sus elementos ministeriales, por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falso testimonio, tras las ejecuciones registradas hace un año en Tlatlaya, los cuatro policías consignados ante juez quedaron libres bajo caución.
Después de comparecer ante un juez de control, el cual determinará su situación jurídica en las próximas horas, cuatro de los siete policías encarcelados lograron salir libres mediante el pago de una fianza que depositaron poco después de su detención.
Los detenidos cuyos nombres no se han dado a conocer, fueron sujetos a medidas cautelares por alrededor  de 60 mil pesos, los cuales fueron depositados a través de una fianza mediante la cual lograron abandonar el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
Los servidores públicos de la PGJEM enfrentan cargos por el delito de tortura, derivado de la Recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la denuncia respectiva, por hechos posteriores a los hechos registrados en el municipio de Tlatlaya el 30 de junio del año pasado, en los que fueron ejecutadas 22 personas.
El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, misma que fue cumplimentada y derivado de ello fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez.
En cuanto a los otros tres policías ministeriales del  PGJEM, involucrados en estos hechos, entre los que se encuentra una mujer acusada de abuso de autoridad,  el juez de control del Poder Judicial mexiquense, negó la orden de aprehensión en su contra, la cual no obstante se encuentra en proceso de ser otorgada por la autoridad judicial.
La denuncia presentada por la CNDH se sumó a la investigación que la Procuraduría mexiquense había iniciado de oficio el 30 de septiembre de 2014, en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

El Heraldo

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