viernes, 18 de marzo de 2016

Exige Poder del Consumidor penas severas contra verificentros

Ciudad de México.- La Zona Metropolitana del Valle de México ha entrado en emergencia ambiental y de salud a consecuencia de la profunda corrupción en los centros de verificación vehicular que han permitido la entrada en circulación de más de 600 mil vehículos y, principalmente, a causa de un modelo de transporte que ha dado prioridad al automóvil privado.
Las ventas de engomado cero y doble cero por los centros de verificación entre 500 y mil 500 pesos ha sido un factor fundamental, por lo que El Poder del Consumidor exigió que de manera inmediata se establezcan penas severas contra los centros que incurren en esas prácticas, como es el retiro de las licencias de operación, multas y cárcel.
Su director Alejandro Calvillo explicó que las modificaciones recientes al programa Hoy No Circula, derivada de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sumada a la corrupción en los centros de verificación dispararon la circulación de vehículos altamente contaminantes, aumentó el tráfico y disminuyó la velocidad de circulación.
Con ello, aumentaron las emisiones por kilómetro recorrido y se llegó a la contingencia, afirmó a su vez Daniel Zamudio, coordinador de transporte eficiente de la organización.
Stephan Brodziak, coordinador de la campaña aire limpio de EPC, señaló que además están los influyentes grupos de interés conformados por la gran industria automotriz, que han obstaculizado la actualización de las regulaciones que más beneficios podrían traer a la población, al medio ambiente y a la competitividad del país.
Mencionaron que, no basta con aplicar la ley, sino que habría que modificar las penas, establecer una agravante cuando haya daños a la salud, desalentar el uso del automóvil privado y dar preferencia al transporte público, ampliar el Metro, ordenar y transformar el actual transporte público y establecer carriles exclusivos.
Así como cerrar áreas de la ciudad a la circulación de automóviles privados, establecer el Fondo Metropolitano para la Promoción y el Desarrollo del Transporte Público transparente (FMPDT) y bajo la supervisión de la ciudadanía e impuestos a estacionamientos, parquímetros, combustible y autopistas urbanas de paga, entre otras.

La Jornada

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