lunes, 14 de marzo de 2016

Inhabilitan a 10 exfuncionarios de la delegación Cuauhtémoc

Ciudad de México.- Diez exservidores públicos de la delegación Cuauhtémoc fueron inhabilitados de manera temporal por la Contraloría General de la ciudad para desempeñar cargos en los próximos tres años, al incurrir en actos indebidos en el ejercicio público y el abuso de poder, entre otras imputaciones.
Pedro Pablo de Antuñano, director general Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, informó esta tarde la resolución que hizo llegar la Contraloría General al jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila.
Entre las personas a quienes se inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público están José Luis Juárez Martínez, exdirector de Equidad Social; María Elena Lara Zetina, exjefa de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios; Jenny Zuluaga Aguilar, exenlace “A” y Rosa Ema Campos Lara, exsubdirectora Administrativa de la Dirección General Jurídica y de Gobierno”, precisó De Antuñano.
En tanto que a Omar Jaime Rosas Hernández, exlíder coordinador de proyectos “A”, se le atribuye dirigir la red de corrupción en el manejo del reloj checador en coordinación con Gerardo Mendoza Aguilar, exauxiliar operativo de Oficina; José Alberto Torres García, exauxiliar de Servicios de la Oficina Administrativa; y Luis García Peña, excontrolador de Asistencia.
A Alejandro Jiménez Zavala, exsubdirector de Obras Públicas; e Ignacio Ogando Mouriño, exjefe de Unidad Departamental de Supervisión Interna de Obras por Contrato, se les sancionó con una suspensión de 90 días.
Acompañado por la fiscal interna Anticorrupción, Zuleyma Huidobro González y Salvador Loyo Arechandieta, director general de Administración, De Antuñano dijo que tan sólo en el proceso de entrega-recepción se interpusieron 94 denuncias en la Contraloría por recursos derivados de irregularidades, sobre todo en materia de faltantes.
Además se han interpuesto hasta ahora, 15 denuncias en el Ministerio Público en la Fiscalía para Servidores Públicos, de igual manera, se han presentado 11 recursos por corrupción ante la PGJDF y se presentó una denuncia ante la PGR, también, por desvío de recursos federales.
En total son 121 denuncias ante diversas instancias, donde se señalan irregularidades concretadas y fundamentas de exservidores públicos, indicó De Antuñano.
Dijo que no se dará un paso atrás en la cruzada contra la corrupción y las medidas que se tomen estarán apegadas a estricto derecho. Aseguró que las inhabilitaciones no serán bien recibidas entre los grupos de interés, los que intentarán acciones de desestabilización. Asimismo adelantó que se darán a conocer más nombres de exfuncionarios sancionados y vinculados con actos de corrupción.
Sobre las amenazas de paro laboral por parte de un grupo de trabajadores sindicalizados, inconformes con la migración del pago a través del banco, el director General Jurídico y de Gobierno responsabilizó al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) por cualquier acto fuera de la ley e informó que se levantarán actas administrativas a quienes no estén en sus lugares de trabajo durante la jornada laboral. 

Proceso/Gobernantes

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