Ciudad de México.- La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, informó que se convocará a una reunión nacional con organizaciones sociales para consolidar una agenda legislativa que responda a los requerimientos de las mujeres mexicanas y fortalezca el respeto de sus derechos humanos.
Durante la segunda jornada de las mesas de trabajo “Legislación, Derechos Humanos y Género: avances, obstáculos y propuestas para una agenda legislativa”, apuntó que “hay una gran deuda con las mujeres mexicanas, y las que tenemos participación política debemos avanzar y no dar ningún paso atrás en sus derechos”.
Sostuvo que estas mesas de trabajo están enfocadas a lograr una agenda clara y definida de lo que urge avanzar a las mujeres en el país, pero consensuada y avalada con todas las fuerzas políticas.
“Hoy más que nunca se necesita una visión crítica, objetiva y realista. Aunque es un avance la paridad en el Congreso de la Unión, no se resuelve el problema. Lo que trascendería sería la historia que hagamos para transformar la vida de las mujeres afuera”, destacó.
La secretaria de esta Comisión, diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI), consideró que estos ejercicios forman parte del trabajo de la Cámara de Diputados. “Sin protagonismos, pero sí con responsabilidad y escuchando las voces de las dependencias que trazan la ruta crítica de lo que debe hacerse”, para que de forma coordinada se haga lo que necesitan las mexicanas, precisó.
La diputada Fabiola Guerrero Aguilar (PRI) dijo que lo que se busca es el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, “ni más ni menos”.
Al participar en la Mesa “Procuración y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia”, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, indicó que el Estado mexicano debe garantizar que en cada caso de violencia contra las mujeres operen los mejores estándares protectores de derechos humanos.
En su ponencia, “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia para las Mujeres”, sostuvo que las autoridades están obligadas a respetar y no violar los derechos humanos de las víctimas de violencia, y no revictimizar a la mujer que acuda a esos funcionarios, sin importar su extracción social, económica o cultural.
Planteó eliminar estereotipos de género, para realizar una justicia efectiva, y tener recursos judiciales adecuados como un medio de defensa accesible y oportuna. Asimismo, que toda la Federación, los estados y la Ciudad de México elaboren y apliquen protocolos especializados, y legislen e impulsen políticas públicas con perspectiva de género.
“Tenemos una gran complicación en los recursos judiciales por formalismos innecesarios; utilizamos términos imposibles de entender, rebuscados, ininteligibles”, explicó.
Subrayó que prevenir la violación de los derechos humanos de las mujeres, su investigación, sanción, reparación y adecuado acceso a la justicia, es obligación del Estado mexicano. La no atención adecuada de esos deberes específicos implica violencia institucional, “lo cual es aún más grave”.
A su vez, la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimntra), Ángela Quiroga Quiroga, destacó la necesidad de contar con tipos penales homologados en materia de feminicidios.
Señaló que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debe contener una estructura mínima de atención ministerial y especificar cómo deben ser las fiscalías especializadas para garantizar la operatividad de la ley.
Durante la segunda jornada de las mesas de trabajo “Legislación, Derechos Humanos y Género: avances, obstáculos y propuestas para una agenda legislativa”, apuntó que “hay una gran deuda con las mujeres mexicanas, y las que tenemos participación política debemos avanzar y no dar ningún paso atrás en sus derechos”.
Sostuvo que estas mesas de trabajo están enfocadas a lograr una agenda clara y definida de lo que urge avanzar a las mujeres en el país, pero consensuada y avalada con todas las fuerzas políticas.
“Hoy más que nunca se necesita una visión crítica, objetiva y realista. Aunque es un avance la paridad en el Congreso de la Unión, no se resuelve el problema. Lo que trascendería sería la historia que hagamos para transformar la vida de las mujeres afuera”, destacó.
La secretaria de esta Comisión, diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI), consideró que estos ejercicios forman parte del trabajo de la Cámara de Diputados. “Sin protagonismos, pero sí con responsabilidad y escuchando las voces de las dependencias que trazan la ruta crítica de lo que debe hacerse”, para que de forma coordinada se haga lo que necesitan las mexicanas, precisó.
La diputada Fabiola Guerrero Aguilar (PRI) dijo que lo que se busca es el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, “ni más ni menos”.
Al participar en la Mesa “Procuración y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia”, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, indicó que el Estado mexicano debe garantizar que en cada caso de violencia contra las mujeres operen los mejores estándares protectores de derechos humanos.
En su ponencia, “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia para las Mujeres”, sostuvo que las autoridades están obligadas a respetar y no violar los derechos humanos de las víctimas de violencia, y no revictimizar a la mujer que acuda a esos funcionarios, sin importar su extracción social, económica o cultural.
Planteó eliminar estereotipos de género, para realizar una justicia efectiva, y tener recursos judiciales adecuados como un medio de defensa accesible y oportuna. Asimismo, que toda la Federación, los estados y la Ciudad de México elaboren y apliquen protocolos especializados, y legislen e impulsen políticas públicas con perspectiva de género.
“Tenemos una gran complicación en los recursos judiciales por formalismos innecesarios; utilizamos términos imposibles de entender, rebuscados, ininteligibles”, explicó.
Subrayó que prevenir la violación de los derechos humanos de las mujeres, su investigación, sanción, reparación y adecuado acceso a la justicia, es obligación del Estado mexicano. La no atención adecuada de esos deberes específicos implica violencia institucional, “lo cual es aún más grave”.
A su vez, la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimntra), Ángela Quiroga Quiroga, destacó la necesidad de contar con tipos penales homologados en materia de feminicidios.
Señaló que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debe contener una estructura mínima de atención ministerial y especificar cómo deben ser las fiscalías especializadas para garantizar la operatividad de la ley.
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