Tarek: el desafuero de los cómplices
Por: Mussio Cárdenas Arellano
Por política de estado —o por bandido—, Tarek desvió recursos destinados a la salud, al enfermo en fase terminal, al tratamiento que alivia, que mitiga el dolor, que prolonga la vida, a una cirugía o una rehabilitación. Algo así como 23 mil millones de pesos.
Decía él, interrogado por la Auditoría Superior de la Federación, que habían sido “sólo” 315 millones de pesos, pecata minuta comparado con los 60 mil millones que se le imputan como robo a Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz hoy a salto de mata, prófugo de la justicia.
Minucia, los 315 millones que en alarde de caradura el tesorero del duartismo justificó porque había otras “prioridades” y el desvío era “política de gasto”.
¿Otras prioridades? Seguro atestar las tuberías financieras de Javier Duarte, los caños por donde se fugaron los miles y miles de millones de pesos extraídos del erario hasta que reventó como diría Alfonso Ortega, uno de los operadores del mega saqueo que llevó a la quiebra a Veracruz.
Cómplice del hurto, dice Antonio Tarek Abdalá Saad, El Iraquí, que el desvío no es tal, que no se piense mal, que sólo fue “política de gasto” que lo etiquetado, así proviniera del gobierno federal, dejar sin medicamentos a los hospitales, sin tratamiento a los enfermos y sin esperanza a los que habrían de morir. Fue “política de gasto” matar robando.
Dice hoy el fiscal Jorge Winckler Ortiz que el atraco alcanzó los 23 mil 156 millones de pesos y que en la maquinaria del robo una de las piezas lleva por nombre Antonio Tarek Abdalá Saad, actual diputado federal.
Va en marcha ya su desafuero, la pérdida de inmunidad, para enfrentar a la justicia. Y más que eso, para desentrañar la red de corrupción que inició con Fidel Herrera Beltrán y continuó con Javier Duarte.
Tarek es sólo un eslabón. Toca la cadena a otros diputados federales y locales, a los Carvallo, a los Silva, a los Mota, a Benítez y a Del Castillo, implicados en el saqueo de recursos públicos, la mayoría de origen federal.
Winckler inició el juicio de desafuero este jueves 26. Ahí planteó la solicitud del juicio de procedencia en contra del diputado priista por Cosamaloapan, acusado de desvío de recursos públicos, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.
Winckler advierte que otros diputados federales correrán la misma suerte. Alude a Jorge Carvallo, implicado en el caso de los medicamentos clonados, ligado al empresario farmacéutico, Andrés Beceiro Delfín; Adolfo Mota Hernández, por el pago de “aviadores” en la Secretaría de Educación estatal, de la que fue titular, y Alberto Silva Ramos, alias El Pato de Tuxpan o El Cisne, por malversar los dineros del área de Comunicación Social, vía empresas fantasma, al igual que su antecesora en el cargo, la periodista María Georgina Domínguez Colío.
Involucra el escándalo de corrupción a los diputados Vicente Benítez González y Juan Manuel Castillo, ambos integrantes del Congreso de Veracruz, uno por San Andrés Tuxtla, el otro por Córdoba, por el desvío de recursos cuando eran tesoreros de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
A ellos se suma Gabriel Deantes Ramos, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, operador electoral de Javier Duarte, el que untaba la mano de la oposición, el que compraba elecciones, el que trabajó al Partido de la Revolución Democrática para impedir su alianza con el PAN, en 2013, lo que habría permitido arrebatarle el control del Congreso a Javier Duarte y frenado el saqueo al impedir más endeudamiento bancario, bajo la lupa, quizá rechazadas, las cuentas públicas del duartismo.
Tarek mismo admitió ante la ASF que 315 millones de pesos de origen federal destinados a la salud se canalizaron para otras “prioridades” de la administración estatal. su argumento fue que “solo cumplía con una política de gasto establecida así por el gobierno veracruzano”.
Eso le valió una inhabilitación por 10 años. La ASF determinó que su actuación fue de extrema “gravedad”.
En el documento emitido por la ASF se advierte que Tarek Abdalá “fue omiso” pues por su cargo de tesorero debió “custodiar la integridad de los recursos públicos para lo que fueron etiquetados”.
Insólita su excusa, dijo:
“Mi actuar atendió a la observancia de las diversas políticas públicas establecidas por el Gobierno del Estado en materia de gasto, derivado de la reducción del flujo de recursos de libre aplicación por la afectación de participaciones federales del Estado”.
Sea como sea, fue desvío de recursos. Dejaron de aplicarse 23 mil millones de pesos destinados al sector salud y de ellos no quedó rastro alguno.
Tarek Abdalá no es un personaje cualquiera. Es el eslabón de una cadena que comienza con Fidel Herrera y culmina con Javier Duarte. Una cadena plagada de complicidad, la de Carvallo, Cisne, Mota, Benítez, Del Castillo, Deantes.
Bueno pa’l billete, supo estar donde había. Fidel Herrera lo arropó. Javier Duarte lo llevó al DIF estatal, a la tesorería de Sefiplan, al diputación federal, inmune hasta que el juicio de procedencia le retire el fuero.
Proviene de la iniciativa privada, inmerso en la construcción en la compañía Sheba Construcciones e Inmobiliaria, detentando contratos en el norte de Veracruz con Petróleos Mexicanos, en Chicontepec, los dominios de Francisco “Pancho” Colorado Cessa, preso y condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por lavarle el dinero a Los Zetas.
Se le liga a por lo menos cinco compañías más, entre ellas “28 Construcciones S.A. de C.V.” y “Siete Caminos, S.A de CV”, con contratos en la Secretaría de Comunicaciones del gobierno fidelista.
En el clan de Fidel Herrera se le cataloga como el cuarto hijo de la pareja Herrera-Borunda, el mayor, el de todas las confianzas de Rosa Borunda.
Pieza clave en la trama del saqueo, Tarek Abdalá es un símil de Javier Duarte. Su enriquecimiento es alarmante, escandaloso, de antología. Presume lo que tiene, los 6 millones de propiedades en su tierra adoptiva, Cosamaloapan, donde el gordobés solía surcar las aguas del Papaloapan en su lujoso yate, el Aquariva Super, de origen italiano, con costo de 790 mil dólares, unos 17 millones de pesos.
Su riqueza proviene de los recursos que debió aplicar a la salud de los desvalidos. Son 23 mil millones de pesos desviados y que hoy lo tienen a un paso del desafuero, rumbo a prisión, a saldar facturas de un saqueo descomunal.
Va Winckler por Tarek. Pronto irá por Carvallo, Mota, Silva, Benítez y Del Castillo, las viudas de Javier Duarte.
Es el desafuero de los cómplices.
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