Estado de México.- Comuneros de Santa María Tepezoyucan bloquearon dos carriles de la autopista México-Toluca en protesta porque el Gobierno federal ha incumplido la suspensión otorgada a su favor por un juez sobre las obras del Tren Interurbano; además de que exigieron una “indemnización seria” por las tierras que le fueron expropiadas para este fin.
Los habitantes, quienes se dijeron orgullosos de su origen indígena –pues pertenecen a la etnia Náhuatl–, decidieron bloquear dos carriles de la circulación con dirección a la capital del país, en demanda de que las autoridades federales aclaren por qué entregaron alrededor de 300 millones de pesos de la indemnización a vecinos del barrio de San Jerónimo Acazulco que no son los poseedores legales del predio conocido como El Portezuelo.
Acompañados por dirigentes de la Central Campesina Cardenista, quienes les han patrocinado el proceso legal que tienen en curso, los vecinos estimaron que la restitución económica debe superar los 700 millones de pesos, pues los poseedores originales y legales son más de 410 habitantes de Santa María Tepezoyucan.
Los afectados dijeron no estar en contra de la construcción del Tren Interurbano sino de la actuación de autoridades del Registro Nacional Agrario y de la Procuraduría Agraria, en contra de quienes ya interpusieron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, pues ignorando documentos legales que datan de 1700, 1800 y los de 1945 que les conceden la titularidad de los bienes comunales, están haciendo tratos con otros vecinos a quienes no les asiste la razón ni el derecho.
Agregaron que, por otra parte, los pagos que pretenden otorgar por sus tierras son ridículos, en comparación con las millonarias ganancias que tendrán por la prestación del servicio de transporte con ese sistema, por lo cual –dijeron- no cesarán de pedir la intervención de los juzgados federales en materia de amparo, los cuales ya les concedieron una primera suspensión de plano y oficio.
Acusaron de forma directa al gobierno federal, estatal y autoridades agrarias de hacer caso omiso a sus peticiones, y aunque se manifestaron de manera pacífica, señalaron que seguirán con estas acciones de resistencia pacífica para evitar la arbitrariedad del gobierno federal, por lo cual pidieron a la sociedad comprender que si bien causan una molestia al alentar el tránsito vehicular, lo hacen porque están defendiendo sus derechos ancestrales.
Los inconformes bloquearon dos de los tres carriles de circulación en sentido Toluca-México, a la altura del kilómetro 37.5, en el paraje conocido como El Portezuelo, lo cual ocasionó una grave afectación a miles de conductores que quedaron varados por las más de dos horas que duró la manifestación.
De igual manera, solicitaron la intervención inmediata de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se revisen los montos de indemnización que se pretende pagar por sus tierras, y que éstas se entreguen de inmediato pero a los verdaderos y legales poseedores de los bienes comunales, toda vez que ya pasó más de un año de que sus terrenos fueron afectados.
Los habitantes, quienes se dijeron orgullosos de su origen indígena –pues pertenecen a la etnia Náhuatl–, decidieron bloquear dos carriles de la circulación con dirección a la capital del país, en demanda de que las autoridades federales aclaren por qué entregaron alrededor de 300 millones de pesos de la indemnización a vecinos del barrio de San Jerónimo Acazulco que no son los poseedores legales del predio conocido como El Portezuelo.
Acompañados por dirigentes de la Central Campesina Cardenista, quienes les han patrocinado el proceso legal que tienen en curso, los vecinos estimaron que la restitución económica debe superar los 700 millones de pesos, pues los poseedores originales y legales son más de 410 habitantes de Santa María Tepezoyucan.
Los afectados dijeron no estar en contra de la construcción del Tren Interurbano sino de la actuación de autoridades del Registro Nacional Agrario y de la Procuraduría Agraria, en contra de quienes ya interpusieron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, pues ignorando documentos legales que datan de 1700, 1800 y los de 1945 que les conceden la titularidad de los bienes comunales, están haciendo tratos con otros vecinos a quienes no les asiste la razón ni el derecho.
Agregaron que, por otra parte, los pagos que pretenden otorgar por sus tierras son ridículos, en comparación con las millonarias ganancias que tendrán por la prestación del servicio de transporte con ese sistema, por lo cual –dijeron- no cesarán de pedir la intervención de los juzgados federales en materia de amparo, los cuales ya les concedieron una primera suspensión de plano y oficio.
Acusaron de forma directa al gobierno federal, estatal y autoridades agrarias de hacer caso omiso a sus peticiones, y aunque se manifestaron de manera pacífica, señalaron que seguirán con estas acciones de resistencia pacífica para evitar la arbitrariedad del gobierno federal, por lo cual pidieron a la sociedad comprender que si bien causan una molestia al alentar el tránsito vehicular, lo hacen porque están defendiendo sus derechos ancestrales.
Los inconformes bloquearon dos de los tres carriles de circulación en sentido Toluca-México, a la altura del kilómetro 37.5, en el paraje conocido como El Portezuelo, lo cual ocasionó una grave afectación a miles de conductores que quedaron varados por las más de dos horas que duró la manifestación.
De igual manera, solicitaron la intervención inmediata de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se revisen los montos de indemnización que se pretende pagar por sus tierras, y que éstas se entreguen de inmediato pero a los verdaderos y legales poseedores de los bienes comunales, toda vez que ya pasó más de un año de que sus terrenos fueron afectados.
El Sol de Toluca
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