Ciudad de México.- Por considerar que se basan en leyes inconstitucionales, el presidente Enrique Peña Nieto interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Dicha controversia es contra acciones del Congreso de la Unión por haber expedido la ley que obliga al IFT a emitir dichos lineamientos, así lo precisaron en conferencia de prensa el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez.
Los artículos impugnados por la Presidencia, de los que se desprenden los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, son: 15, 216, 256, 257, 258, 259, 260 y 261. Tales lineamientos entrarían en vigor el 16 de febrero próximo, por lo que en breve solicitarán la suspensión del articulado.
Castillejos detalló que los argumentos de la controversia se centran en que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgó al IFT la facultad de regular los derechos de las audiencias.
La Constitución, en su artículo 28, establece que corresponde al IFT emitir disposiciones de carácter general, siempre y cuando sean exclusivamente para referirse a la función regulatoria del instituto en los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Es decir, la Constitución no le otorga al IFT atribución para regular los derechos de las audiencias. Los derechos de las audiencias, en términos del artículo 6 de la Constitución, son parte del derecho humano a la información”, expuso.
Agregó que, por ende, cualquier regulación en la materia debe estar prevista en la ley, y en caso de requerirse ser detallada, precisada o proveer algo en la esfera administrativa, sería una competencia del Presidente mediante el reglamento respectivo.
El consejero jurídico recalcó que el presidente Peña Nieto “expresa su respeto y reconocimiento al trabajo, tanto del Congreso de la Unión como del Instituto Federal de Telecomunicaciones”, pero que ello no impide que acuda a la Corte para reclamar la nulidad de dichos lineamientos.
En tanto, por su parte el Senado también promovió ante la Corte una controversia constitucional contra dichos lineamientos, por rebasar las atribuciones de ese organismo y pretender ejercer “censura previa”, dijo el presidente de la Cámara Alta, Pablo Escudero.
Dicha controversia es contra acciones del Congreso de la Unión por haber expedido la ley que obliga al IFT a emitir dichos lineamientos, así lo precisaron en conferencia de prensa el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez.
Los artículos impugnados por la Presidencia, de los que se desprenden los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, son: 15, 216, 256, 257, 258, 259, 260 y 261. Tales lineamientos entrarían en vigor el 16 de febrero próximo, por lo que en breve solicitarán la suspensión del articulado.
Castillejos detalló que los argumentos de la controversia se centran en que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgó al IFT la facultad de regular los derechos de las audiencias.
La Constitución, en su artículo 28, establece que corresponde al IFT emitir disposiciones de carácter general, siempre y cuando sean exclusivamente para referirse a la función regulatoria del instituto en los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Es decir, la Constitución no le otorga al IFT atribución para regular los derechos de las audiencias. Los derechos de las audiencias, en términos del artículo 6 de la Constitución, son parte del derecho humano a la información”, expuso.
Agregó que, por ende, cualquier regulación en la materia debe estar prevista en la ley, y en caso de requerirse ser detallada, precisada o proveer algo en la esfera administrativa, sería una competencia del Presidente mediante el reglamento respectivo.
El consejero jurídico recalcó que el presidente Peña Nieto “expresa su respeto y reconocimiento al trabajo, tanto del Congreso de la Unión como del Instituto Federal de Telecomunicaciones”, pero que ello no impide que acuda a la Corte para reclamar la nulidad de dichos lineamientos.
En tanto, por su parte el Senado también promovió ante la Corte una controversia constitucional contra dichos lineamientos, por rebasar las atribuciones de ese organismo y pretender ejercer “censura previa”, dijo el presidente de la Cámara Alta, Pablo Escudero.
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