Michoacán.- El comisionado nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’shea Faltan, afirmó que no se han comprobado mil millones de pesos de 2011 y 340 millones del 2012 destinados al Seguro Popular en el estado y que presuntamente habrían sido desviados.
Añadió que también faltan por comprobarse poco más de 30 millones de pesos de 2013, por lo que la Comisión Nacional del Seguro Popular ya hizo la denuncia correspondiente ante la Auditoría Superior de la Federación misma que se encargará del proceso de seguimiento de la investigación y de deslindar responsabilidades contra quienes se encontraban en ese momento al frente del seguro popular.
Gabriel O’shea, declaró que la cuenta esta en ceros en los años de 2014, 2015 y 2016, ya que se ha comprobado cada peso que se ha enviado al estado de Michoacán, por lo que no se tienen desvíos de recursos. Lo que se envía para salud se está utilizando en esta gestión, dijo.
De igual forma, indicó que tras los candados y reglamentación que se pusieron para el manejo de recursos del seguro popular en los últimos años, será muy difícil desviar un peso del recurso destinado a ese fin.
Gabriel O’shea refirió que los estados de Michoacán, Oaxaca Tabasco, Guerrero y Veracruz son los que aún cuentan con observaciones de desvíos de recursos de años anteriores a 2014; asimismo, informó que en Veracruz se detectó un desvío de 650 millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró daño al erario público de Michoacán por el orden de los seis mil 436 millones 445 mil pesos. El desfalco se descubrió tras auditar la cuenta pública del 2014, ejercida entre los gobernadores Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara.
Los fondos serían aplicados en su mayoría a programas de educación, salud y combate a la pobreza, como parte de las acciones que el gobierno federal intentó aplicar como primera medida para revertir los efectos sociales de la administración del priista Fausto Vallejo.
El desvío de fondos acusado por el órgano fiscalizador del Gobierno federal se cometió durante el periodo que Michoacán fue también administrado por el comisionado para la seguridad del estado, Alfredo Castillo Cervantes, quien llegó a la entidad para “vigilar la adecuada aplicación” de fondos federales.
Inicialmente los diputados del PRD y Movimiento Ciudadano habían señalado la falta de claridad en la información sobre el destino de diversas partidas de fondos federales que se entregaron a Michoacán, principalmente las recibidas durante los años 2013 y 2014.
Añadió que también faltan por comprobarse poco más de 30 millones de pesos de 2013, por lo que la Comisión Nacional del Seguro Popular ya hizo la denuncia correspondiente ante la Auditoría Superior de la Federación misma que se encargará del proceso de seguimiento de la investigación y de deslindar responsabilidades contra quienes se encontraban en ese momento al frente del seguro popular.
Gabriel O’shea, declaró que la cuenta esta en ceros en los años de 2014, 2015 y 2016, ya que se ha comprobado cada peso que se ha enviado al estado de Michoacán, por lo que no se tienen desvíos de recursos. Lo que se envía para salud se está utilizando en esta gestión, dijo.
De igual forma, indicó que tras los candados y reglamentación que se pusieron para el manejo de recursos del seguro popular en los últimos años, será muy difícil desviar un peso del recurso destinado a ese fin.
Gabriel O’shea refirió que los estados de Michoacán, Oaxaca Tabasco, Guerrero y Veracruz son los que aún cuentan con observaciones de desvíos de recursos de años anteriores a 2014; asimismo, informó que en Veracruz se detectó un desvío de 650 millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró daño al erario público de Michoacán por el orden de los seis mil 436 millones 445 mil pesos. El desfalco se descubrió tras auditar la cuenta pública del 2014, ejercida entre los gobernadores Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara.
Los fondos serían aplicados en su mayoría a programas de educación, salud y combate a la pobreza, como parte de las acciones que el gobierno federal intentó aplicar como primera medida para revertir los efectos sociales de la administración del priista Fausto Vallejo.
El desvío de fondos acusado por el órgano fiscalizador del Gobierno federal se cometió durante el periodo que Michoacán fue también administrado por el comisionado para la seguridad del estado, Alfredo Castillo Cervantes, quien llegó a la entidad para “vigilar la adecuada aplicación” de fondos federales.
Inicialmente los diputados del PRD y Movimiento Ciudadano habían señalado la falta de claridad en la información sobre el destino de diversas partidas de fondos federales que se entregaron a Michoacán, principalmente las recibidas durante los años 2013 y 2014.
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