viernes, 13 de julio de 2018

Alerta Juan José Llanes que intentona de Yunes por designar magistrados es para proteger al fiscal Winckler

Xalapa, Ver.- De acuerdo con el abogado penal y laborista, Juan José Llanes Gil del Ángel, el objetivo de fondo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de pretender imponer magistrados a modo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, es para encubrir a su amigo “y empleado”, el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz. Y es que, revela el jurista, en Veracruz, el proceso de remoción del titular de la Fiscalía, vía juicio político, concluye en el Tribunal Superior de Justicia, mismo que el Gobernador Yunes pretende colonizar. 
“Por tanto, afirma, lo que el actual gobernador está buscando es elegir y dejar instalado al jurado que, eventualmente, decidiría si Jorge Winckler se va o se queda”. En ese sentido, el integrante del Despacho Viades-Llanes y Asociados recordó que para que proceda el Juicio Político contra el Fiscal General, como lo ha anunciado Morena, será necesaria la opinión y aprobación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. De ahí que – alerta - “el intento del yuneslinarismo de copar el Tribunal Superior de Justicia del Estado no solamente está destinado a continuar ejerciendo el poder que implica, por sí mismo, controlar a quienes deciden el Derecho; tiene un propósito más avieso: evitar la salida del Fiscal General del Estado para continuar detentando la procuración de justicia”. 
Llanes Gil recordó que a diferencia de lo que acontece con el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que puede ser removido por el Poder Legislativo por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, esta previsión no se hizo en relación con el Fiscal General del Estado. Por tanto, agregó, la ostensible mayoría parlamentaria que tendrán en la LXV Legislatura las fuerzas político-partidistas que no son afines al actual régimen, será suficiente, apenas, para someter a juicio político al titular de la FGE (de acuerdo con lo previsto en el Artículo 77 de la Constitución local). Para ello, dijo, es imprescindible que el Congreso del Estado “proceda a la acusación respectiva ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso, después de haber substanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado”. 
Llanes Gil señala que el tortuoso procedimiento indica que, una vez salvado lo anterior, será el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, previo desahogo del proceso respectivo, y con audiencia del inculpado, la instancia que resolverá lo procedente. Y en caso de resultar culpable, “la sanción correspondiente se impondrá mediante resolución aprobada por las dos terceras partes del número total de sus integrantes”. 
Tales sanciones, concluyó el jurista, pueden consistir en la destitución del servidor público y en su inhabilitación hasta por 10 años. Es decir, que las prisas de Edel Álvarez Peña y del mandatario estatal para designar a los 12 magistrados vacantes al final sí es un asunto de poner un blindaje para proteger al Fiscal “carnal”. 

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