martes, 31 de julio de 2018

Ofrecen $1.5 millones para localizar a dos funcionarios desaparecidos

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos a quien proporcione información para la localización de dos servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desaparecidos en junio de 2016 en el municipio de Tlatlaya, estado de México.
A través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la PGR ofreció la recompensa para la localización de Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa.
Los servidores públicos fueron comisionados para acudir a dicho municipio para entregar una notificación, sin embargo, el 16 de junio ya no se supo de ellos y fueron reportados como desaparecidos.
Por los hechos, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), inició una investigación el 21 de junio de ese mismo año.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades federales, Tlatlaya es un municipio en el que opera la Familia Michoacana, encabezados por Johnny Hurtado Olascoaga El Fish.
En el acuerdo, la PGR indicó que “el monto de la recompensa será de hasta un millón 500 mil pesos por la localización de Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa, y se entregará a quien o quienes aporten la información de acuerdo a los criterios establecidos en el acuerdo”.
Para recibir cualquier información, la dependencia puso a disposición los números telefónicos (55) 53-46-38-67 y (55) 53-46-00-00, extensión 3868, en la Ciudad de México, y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país; el correo denunciapgr@pgr.gob.mx, o bien pueden acudir a Paseo de la Reforma, número 75, primer piso, colonia. Guerrero, delegación Cuauhtémoc.
“El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala el acuerdo no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como de sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles”, agregó.

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