El fenómeno está ligado a la trata de personas y no al narcotráfico dicen en el Estado de México, con la mayor alza de casos de niñas y jóvenes desaparecidos.
Las cifras que rodean a este fenómeno no son alegres. Según Transparencia Internacional, en su ranking de corrupción, México ocupa el lugar 54 de 183 naciones. La impunidad engorda la cifra anual de más de 8 mil personas por la mañana que salen de su casa y que jamás vuelven. El último reporte de Impunidad Cero, sólo siete de cada 100 homicidios fueron esclarecidos durante los últimos seis años.
Voces expertas en la materia y activistas, cuentan a MILENIO que, a través de sus investigaciones y localización de fosas clandestinas, exhumaciones, registros y recolección de testimonios que nunca presentaron una denuncia, el número de mexicanos y mexicanas que han sido borrados de los registros presentes suman, por lo menos, 500 mil. Un dato que rebasa estratosféricamente las cifras oficiales.
Pero incluso la cantidad de desapariciones que sí son reconocidas son escalofriantes. Por ejemplo, durante 2022 en Veracruz fueron descubiertas 60 fosas clandestinas. En Jalisco, durante ese año, fueron localizados 41 sitios con restos humanos no identificados, y 23 de esos lugares eran fosas con varios cuerpos. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2022, descubrió 128 puntos de enterramientos clandestinos en suelo jalisciense, muchos más que los 23 de 2021 o los 27 en 2020.
La situación parece descontrolada y los datos se quedan cortos. En 2019 una declaración del subsecretario de Derechos Humanos, Alejando Encinas, fue motivo de titulares en la prensa internacional: “México se ha convertido en una enorme fosa clandestina”. Entonces se barajaba el número de solo 40 mil personas desaparecidas. Tres años más tarde, la cifra oficial llegó a 107 mil y Encinas estimaba que el número de cadáveres encontrados sin identificación era de 37 mil.
La ONU, sin embargo, reveló un dato dramático: cada hora, una persona desaparece en México. Es decir, cada año hay más de 8 mil 700 desaparecidos.
Así pues la cifra oficial de fosas clandestinas que se manejaba en 2021, que era de casi 5 mil, deberá revisarse en virtud de que en este año, cada mes, aparecen más entierros clandestinos principalmente en el Estado de México, Veracruz o Guerrero.
Desapariciones también son cuestión de género
Al teléfono está Patricia Olamendi, abogada experta en derechos humanos y ex representante de ONU Mujeres en Centroamérica. Señala que las desapariciones no existirían sin la complicidad del Estado y que son indisociables de la violencia de género.
Su postura se basa en hechos como el ocurrido en la fosa común de Arroyo El Navajo, considerada como el cementerio clandestino más grande de Ciudad Juárez. Ahí se encontraron los cuerpos de 27 mujeres que fueron torturadas y asesinadas después de dos años de haber sido secuestradas y explotadas sexualmente. Esa ciudad chihuahuense se convirtió desde hace décadas en sinónimo de feminicidio, desapariciones e impunidad.
También consultada por este diario, Arussi Unda, activista del colectivo Brujas del mar y considerada por la revista Time y la BBC como una de las personas más influyentes del 2020, supone que el número de feminicidios diarios es muchísimo mayor a los 11 que declara el actual gobierno. Para ellas, el número de mujeres desaparecidas y asesinadas todos los días se acerca a 20.
Tanto Arussi Unda como Olamendi coinciden en que no son 3 mil 500 mujeres las que mueren o desaparecen cada año, sino, por lo menos, 5 mil.
Sin embargo, para el gobierno de Andrés Manuel López Obradorlas desapariciones forzosas no parecen ser un tema prioritario, señala Olamendi, tampoco la relación que guardan con la violencia de género. No existe voluntad de investigar a fondo cuáles son las causas del fenómeno.
Se ha intentado “sacarse de encima este asunto simplemente con la creación de un registro de personas desaparecidas”, explica la experta. Pero esta estadística sólo suma los desaparecidos reportados mediante una denuncia, y después de eso no hay ningún mecanismo de seguimiento judicial a cada caso.
El problema adicional es que muchos familiares no denuncian por miedo al presunto contubernio que existe entre las autoridades y los criminales, con lo cual la cifra negra aumenta a niveles inciertos.
Hay lugares en los que el problema se recrudece a niveles fuera de proporción. Por ejemplo, el Estado de México es donde más ha crecido la desaparición de niñas y jovencitas en el país. “Las personas desaparecidas no son producto de la guerra entre narcotraficantes”, dice Olamendi, “ya es momento de entender que muchas de las mujeres que desaparecen son víctimas de explotación sexual”, denuncia.
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