México, D.F.- El último día de su mandato, Felipe Calderón aplicó el dicho “más vale prevenir que lamentar”. Modificó el reglamento del Estado Mayor para ampliar las medidas de seguridad especial a las familias de los ex presidentes, según el riesgo de cada caso en particular, pero sin establecer el grado de parentesco.
El panista sabe que la guerra que emprendió contra el narco a lo largo de su sexenio lo convierte en blanco de ataques. Los muertos se cifran en decenas de miles. Hay rencores, deseos de venganza, facturas derivadas de la violencia sin control que vivimos en los últimos años.
A Felipe se la pueden cobrar con un sobrino, un tío, un cuñado, un primo. Ya no digamos en su núcleo familiar. El crimen organizado no conoce límites. No tiene códigos. Lo ha demostrado.
Lo peor es que los resultados de esa sangrienta batalla no son perceptibles. Los cárteles se atomizaron con la captura de los capos. La violencia se multiplicó. Esa es la herencia de una lucha necesaria, pero pésimamente planeada, a juzgar por los resultados.
La modificación al reglamento del Estado Mayor fue tema candente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, pidió en tribuna que se derogue la modificación a la fracción IX del artículo 11 del reglamento del Estado Mayor que faculta al general Roberto Miranda, nuevo jefe de ese cuerpo militar, a brindar seguridad especial a los familiares de los ex.
El mensaje del zacatecano fue duro, implacable: “Con esa medida, el ex Presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida. Poco le importa que hayan sido sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país. Lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de las consecuencias que sus actos propiciaron”.
Monreal recordó que los ex presidentes le cuestan anualmente al país 280 millones de pesos. Esto equivale, dijo, a cuatro millones 600 mil salarios mínimos. ¿Cómo podemos darnos el lujo de otorgar esas pensiones cuando, según datos del Coneval, en el país existen 52 millones de pobres?, preguntó el legislador del MC. Fue más lejos: si se repartiera ese dinero entre los 90 mil “daños colaterales” —muertos— de la guerra al narco, se podrían otorgar, en el sexenio, 18 mil 666.67 pesos por persona.
A los panistas no les quedó más remedio que defender al ex Presidente. Varios le salieron respondones a Monreal. El que mejor lo hizo fue el joven diputado Fernando Rodríguez Doval. Después de recordarle al zacatecano su tránsito por el PRI, el PRD, el PT y ahora el Movimiento Ciudadano, pero también de echarle en cara su apoyo a Carlos Salinas en el 88; y su papel en la crisis del 97 por la abortada negativa del PRI a instalar la LVII Legislatura, le espetó al ex gobernador de Zacatecas: “Si usted tiene una estrategia distinta en materia de seguridad preséntela, porque Zacatecas no lo dejó a usted bien parado cuando fue gobernador. Nosotros estamos a favor de que Felipe Calderón y su familia, al igual que cualquier ex Presidente, pueda recibir la seguridad.
“Usted lo sabe, porque fue gobernador, que muchas veces el crimen organizado no solamente ataca al titular del Ejecutivo federal o local, sino también a sus familiares. Es una cuestión de justicia protegerlos”, concluyó.
El panista sabe que la guerra que emprendió contra el narco a lo largo de su sexenio lo convierte en blanco de ataques. Los muertos se cifran en decenas de miles. Hay rencores, deseos de venganza, facturas derivadas de la violencia sin control que vivimos en los últimos años.
A Felipe se la pueden cobrar con un sobrino, un tío, un cuñado, un primo. Ya no digamos en su núcleo familiar. El crimen organizado no conoce límites. No tiene códigos. Lo ha demostrado.
Lo peor es que los resultados de esa sangrienta batalla no son perceptibles. Los cárteles se atomizaron con la captura de los capos. La violencia se multiplicó. Esa es la herencia de una lucha necesaria, pero pésimamente planeada, a juzgar por los resultados.
La modificación al reglamento del Estado Mayor fue tema candente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, pidió en tribuna que se derogue la modificación a la fracción IX del artículo 11 del reglamento del Estado Mayor que faculta al general Roberto Miranda, nuevo jefe de ese cuerpo militar, a brindar seguridad especial a los familiares de los ex.
El mensaje del zacatecano fue duro, implacable: “Con esa medida, el ex Presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida. Poco le importa que hayan sido sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país. Lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de las consecuencias que sus actos propiciaron”.
Monreal recordó que los ex presidentes le cuestan anualmente al país 280 millones de pesos. Esto equivale, dijo, a cuatro millones 600 mil salarios mínimos. ¿Cómo podemos darnos el lujo de otorgar esas pensiones cuando, según datos del Coneval, en el país existen 52 millones de pobres?, preguntó el legislador del MC. Fue más lejos: si se repartiera ese dinero entre los 90 mil “daños colaterales” —muertos— de la guerra al narco, se podrían otorgar, en el sexenio, 18 mil 666.67 pesos por persona.
A los panistas no les quedó más remedio que defender al ex Presidente. Varios le salieron respondones a Monreal. El que mejor lo hizo fue el joven diputado Fernando Rodríguez Doval. Después de recordarle al zacatecano su tránsito por el PRI, el PRD, el PT y ahora el Movimiento Ciudadano, pero también de echarle en cara su apoyo a Carlos Salinas en el 88; y su papel en la crisis del 97 por la abortada negativa del PRI a instalar la LVII Legislatura, le espetó al ex gobernador de Zacatecas: “Si usted tiene una estrategia distinta en materia de seguridad preséntela, porque Zacatecas no lo dejó a usted bien parado cuando fue gobernador. Nosotros estamos a favor de que Felipe Calderón y su familia, al igual que cualquier ex Presidente, pueda recibir la seguridad.
“Usted lo sabe, porque fue gobernador, que muchas veces el crimen organizado no solamente ataca al titular del Ejecutivo federal o local, sino también a sus familiares. Es una cuestión de justicia protegerlos”, concluyó.
Excelsior
No hay comentarios.:
Publicar un comentario