México, D.F.- Mientras que el gobierno federal elabora una base de datos nacional de personas desaparecidas o “no localizadas”, se dio a conocer que durante 2013 se destinará un presupuesto de 233.7 millones de pesos para la “atención integral” a familiares.
La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito publicó en el Diario Oficial de la Federación que 211.7 millones de pesos adicionales serán utilizados para la atención integral a víctimas y ofendidos de delitos de alto impacto, además de 3.5 millones para actividades de apoyo administrativo, lo que hace un total de 448.9 millones de pesos.
En enero, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, se comprometió a realizar un esfuerzo para avanzar en búsqueda de “todos los desaparecidos”.
En un encuentro privado en el que recibió a familiares de víctimas, dijo que a escala federal “vamos a conducir la búsqueda de sus familiares, aunque muchas veces tendremos que hacerlo en lo local”.
MILENIO documentó que al menos 24 mil 102 personas fueron enterradas en fosas comunes, además de que no existen registros completos sobre el tema en los estados más violentos como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
Ante miles de casos de personas desaparecidas, en su mayoría víctimas del crimen organizado, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió dar continuidad a un programa de formación de agentes encargados de localizar fosas clandestinas.
Los agentes se especializan en la inhumación e identificación de cadáveres a través de cursos multidisciplinarios que imparten expertos de la Policía Federal a servidores públicos de la Procuraduría General de la República, informaron a MILENIO autoridades de la dependencia.
Como parte de la instrucción a elementos de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) se analizan inhumaciones clandestinas en diversas condiciones de terreno y climas.
También se trabaja en la creación de un protocolo de actuación en coordinación con otras autoridades, principalmente estatales.
La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito publicó en el Diario Oficial de la Federación que 211.7 millones de pesos adicionales serán utilizados para la atención integral a víctimas y ofendidos de delitos de alto impacto, además de 3.5 millones para actividades de apoyo administrativo, lo que hace un total de 448.9 millones de pesos.
En enero, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, se comprometió a realizar un esfuerzo para avanzar en búsqueda de “todos los desaparecidos”.
En un encuentro privado en el que recibió a familiares de víctimas, dijo que a escala federal “vamos a conducir la búsqueda de sus familiares, aunque muchas veces tendremos que hacerlo en lo local”.
MILENIO documentó que al menos 24 mil 102 personas fueron enterradas en fosas comunes, además de que no existen registros completos sobre el tema en los estados más violentos como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
Ante miles de casos de personas desaparecidas, en su mayoría víctimas del crimen organizado, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió dar continuidad a un programa de formación de agentes encargados de localizar fosas clandestinas.
Los agentes se especializan en la inhumación e identificación de cadáveres a través de cursos multidisciplinarios que imparten expertos de la Policía Federal a servidores públicos de la Procuraduría General de la República, informaron a MILENIO autoridades de la dependencia.
Como parte de la instrucción a elementos de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) se analizan inhumaciones clandestinas en diversas condiciones de terreno y climas.
También se trabaja en la creación de un protocolo de actuación en coordinación con otras autoridades, principalmente estatales.
Milenio
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