México, D.F.- El gobierno de México admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se cometieron “excesos” durante los operativos realizados en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, por lo que ofreció disculpas.
En Washington, durante la audiencia, los subsecretarios Lía Limón y Juan Manuel Gómez Robledo propusieron llegar a un “acuerdo amistoso” y reparar los daños a las mujeres que denunciaron haber sido violentadas por policías estatales y federales.
“Reconocer la violación a sus derechos humanos, amerita una reparación integral, así como ofrecer una disculpa pública con motivo del exceso de las funciones por parte de miembros de la fuerza del orden, por lo hechos que tuvieron lugar los días 3 y 4 de mayo de 2006”, dijo la encargada de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En tanto, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que las violaciones a los derechos humanos no fueron resultado de “ninguna orden gubernamental ni de los mandos superiores”.
“Pedimos la mediación de la CIDH para lograr una solución amistosa, que incluya una compensación, tratamientos psicológicos a las víctimas e incluso una disculpa pública del gobierno por violaciones a los derechos humanos”, dijo Gómez Robledo.
Recordó que se identificaron y tomaron medidas contra 29 policías estatales que participaron en el traslado de detenidos, durante el cual ocurrieron los ataques.
Ante la presencia de defensores de derechos humanos, Italia Méndez relató que fue “brutalmente” violada por policías, junto con otras mujeres: “Cuando llegamos al penal, me dejaron volver a bajar la blusa y subir los pantalones. Pensaba que nos iban a matar. Tenía la certeza de que nos iban a matar. Jugaban con nuestra mente, de modo que nos ponían en fila, nos contaban varias veces, y cada vez salía un número menor”.
En representación de 11 mujeres violentadas, rechazó la propuesta. “No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años no solo incapacidad para responder a nuestras demandas, sino que también sigue difundiendo una información falsa sobre lo ocurrido en Atenco”, reprochó.
Posteriormente, en un comunicado, el gobierno federal confirmó su “plena disposición a acordar soluciones amistosas” como una forma idónea de reconocer sus obligaciones frente a las víctimas y reparar las violaciones a los derechos humanos en que hubiere incurrido el Estado. Destacó que las procuradurías General de la República y del Distrito Federal anunciaron que en la próxima Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el tema de la exhibición en medios de comunicación de personas detenidas “será ampliamente abordado”.
El Economista
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