viernes, 19 de abril de 2013

La PGR ya investiga al testigo protegido Jennifer por el caso del general Ángeles

México, D.F.- El titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que se inició ya una investigación en contra del testigo protegido Jennifer, quien acusó en el sexenio pasado al ex zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano y al ex general retirado Tomás Ángeles Dauahare de vínculos con el narcotráfico.
El procurador confirmó que la institución está obligada a investigar al testigo protegido, debido a que así lo solicitó un juez en una de las sentencias absolutorias.
Consultado sobre el nivel que alcanzarán las pesquisas, dijo que éstas se harán sin importar nombres de los funcionarios involucrados en los hechos, como quienes integraron la averiguación previa y consignaron los expedientes.
Asimismo, explicó que en el caso del general de División Tomás Ángeles Dauahare, el Ministerio Público planteó sus conclusiones no acusatorias y, en realidad, no había suficientes elementos para considerar una condena contra el militar.
“No había suficientes elementos como para considerar una condena, porque estaba sustentada en el dicho de un testigo protegido bastante desacreditado y en circunstancias muy poco probables”, explicó en conferencia de prensa, luego de un evento en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Cuestionado sobre la posibilidad de que Jennifer salga del programa de testigos protegidos, el funcionario argumentó que primero se hará una investigación a fondo para no tomar una decisión de forma parcial.
Murillo Karam indicó que se le planteó al juez que no existían las pruebas suficientes para condenar al militar, y subrayó que la Procuraduría “está obligada, más que a ninguna cosa, a ver que la ley se aplique con justicia”.
De acuerdo con datos de la PGR, Jennifer también acusó, en el 2012, a los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como al teniente coronel Silvio Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz.
Según la versión del testigo protegido, los militares tenían vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva y pedían dinero a cambio de dar información sobre los operativos antinarcóticos emprendidos por el gobierno federal.
Los cuatro oficiales castrenses continúan en prisión, luego de que fueron procesados por los delitos contra la salud y delincuencia organizada.

La Crónica de Hoy

No hay comentarios.: