Ciudad de México.- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, consideró que para la implementación del nuevo sistema acusatorio, que incluye la aplicación de juicios orales, es necesario tener voluntad política y, sobre todo, viabilidad financiera para ponerlo en marcha.
“Puedes tener toda la voluntad política que quieras, pero si algo no es viable financieramente pues se vuelve muy complicado”, expresó.
Durante el Quinto Foro de Seguridad Nacional sobre Seguridad y Justicia por una Adecuada Implementación de la reforma penal, el mandatario capitalino reiteró que para que el Distrito Federal cumpla con lo establecido en la reforma penal se necesitarán de ocho a 10 mil millones de pesos.
“Sí hace falta un esfuerzo todavía mayor de las dos cosas: De la voluntad política, pero del respaldo financiero también, que habrá que buscarlo, yo no estoy casado nada más con que nos den, sino que haya apertura para que lo busquemos”, planteó.
En su postura, Mancera Espinosa cuestionó si en todos los estados de la república existen los servicios periciales para atender la reforma.
“La ciudad de México recibe todos los días, cualquier cantidad de solicitud de los estados de servicios periciales y yo creo que la PGR recibe otro tanto. Quiere decir entonces, que los estados no están todavía sólidos en este tema, pero si esto está basado en la investigación, en la parte científica, entonces cómo vamos a decir que ya, que todo mundo cumplió”, advirtió.
“CASI NADA SE HA HECHO”. En la mesa de discusión participó también el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls Martínez, quien afirmó que a cinco años de la reforma penal, “casi nada o muy poco se ha hecho” para la aplicación del nuevo sistema acusatorio.
A la fecha, dijo, 23 entidades federativas cuentan con Código de Procedimientos Penales de corte acusatorio; tres de éstas se operan en todo el territorio, 10 más se aplica sólo en regiones, siete se implementa de forma parcial en el 2013, en dos estados comenzará a aplicarse en el 2014 y en siete entidades todavía está en discusión.
“Ese es el panorama al que nos enfrentamos hoy: una gran disparidad estando ya a punto de que se cumpla el quinto año de la reforma del 2008 y, hay que decirlo con todas sus letras, casi nada, muy poco, se ha hecho”, sentenció.
El Universal
“Puedes tener toda la voluntad política que quieras, pero si algo no es viable financieramente pues se vuelve muy complicado”, expresó.
Durante el Quinto Foro de Seguridad Nacional sobre Seguridad y Justicia por una Adecuada Implementación de la reforma penal, el mandatario capitalino reiteró que para que el Distrito Federal cumpla con lo establecido en la reforma penal se necesitarán de ocho a 10 mil millones de pesos.
“Sí hace falta un esfuerzo todavía mayor de las dos cosas: De la voluntad política, pero del respaldo financiero también, que habrá que buscarlo, yo no estoy casado nada más con que nos den, sino que haya apertura para que lo busquemos”, planteó.
En su postura, Mancera Espinosa cuestionó si en todos los estados de la república existen los servicios periciales para atender la reforma.
“La ciudad de México recibe todos los días, cualquier cantidad de solicitud de los estados de servicios periciales y yo creo que la PGR recibe otro tanto. Quiere decir entonces, que los estados no están todavía sólidos en este tema, pero si esto está basado en la investigación, en la parte científica, entonces cómo vamos a decir que ya, que todo mundo cumplió”, advirtió.
“CASI NADA SE HA HECHO”. En la mesa de discusión participó también el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls Martínez, quien afirmó que a cinco años de la reforma penal, “casi nada o muy poco se ha hecho” para la aplicación del nuevo sistema acusatorio.
A la fecha, dijo, 23 entidades federativas cuentan con Código de Procedimientos Penales de corte acusatorio; tres de éstas se operan en todo el territorio, 10 más se aplica sólo en regiones, siete se implementa de forma parcial en el 2013, en dos estados comenzará a aplicarse en el 2014 y en siete entidades todavía está en discusión.
“Ese es el panorama al que nos enfrentamos hoy: una gran disparidad estando ya a punto de que se cumpla el quinto año de la reforma del 2008 y, hay que decirlo con todas sus letras, casi nada, muy poco, se ha hecho”, sentenció.
El Universal
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