Ciudad de México.- Senadores y diputados federales se preparan para definir los temas que se procesarán en uno o varios periodos extraordinarios que están dispuestos a abrir a partir de la segunda quincena de julio.
El universo de análisis abarca 11 paquetes de reformas, así como los mecanismos para la elección del consejero electoral pendiente y los primeros integrantes del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los paquetes de reforma son la político-electoral, financiera, IMSS, minas, fuero constitucional, anticorrupción, energética, educativa, código único penal y procesal y carreteras.
En casos como la educativa, la secundaria de la reforma política del año pasado y los nombramientos, los legisladores federales tienen plazos perentorios que vencen en agosto.
De acuerdo con las agendas que preparan los grupos parlamentarios, tanto en diputados como en el Senado, tienen que resolver un periodo extraordinario para concluir el proceso de nombramiento del consejero electoral que sustituya a Sergio García Ramírez.
Desde el punto de vista de los priistas en San Lázaro, este periodo extraordinario debe abrirse a la brevedad. Según el PAN y el PRD, la petición hecha por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no es vinculante, o en todo caso pide concluir el proceso abierto hace unos meses, mas no necesariamente nombrar al consejero; ambos partidos insisten en que el tema debe irse hasta septiembre.
Para ese caso, la Cámara de Diputados tiene la exclusividad para procesarlo; de ahí que la recomendación del Tribunal es que Ernesto Cordero, presidente de la Comisión Permanente, convoque a la brevedad a la Cámara de Diputados a la apertura de un periodo extraordinario; aunque el miércoles, la Mesa Directiva de la Permanente decidió turnar a comisiones la petición de los magistrados electorales.
Otro proceso de nombramiento tiene que ver con la reciente reforma constitucional en materia de competencia económica y telecomunicaciones.
Según el artículo sexto transitorio de esta reforma, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual se espera para la primera quincena de este mes, se tienen 80 días para nombrar a los primeros integrantes del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El artículo establece que una vez publicada la reforma, el Comité de Evaluación debe enviar al Ejecutivo federal las listas de aspirantes, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor; el Ejecutivo tiene 10 días naturales para remitir las propuestas al Senado, y éste cuenta con 10 días naturales para resolver sobre la propuesta.
Si la reforma constitucional se publica en la primera quincena de este mes, los tiempos ubican a la última semana de agosto para que el Senado realice este proceso; es decir, antes del arranque formal del periodo ordinario de septiembre.
Para el caso de la reforma secundaria en materia educativa, que implicará la creación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa; la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente y las adecuaciones a la Ley General de Educación, desde hace tres semanas están en funcionamiento tres mesas de trabajo.
En las tres existen integrantes del Poder Legislativo, la SEP y el Consejo Rector del Pacto por México. Una funciona en el Senado, para atender la urgencia de la Ley del INEE, que es la única que tiene fecha en agosto para ser aprobada y entrar en vigor; la segunda mesa funciona en la Cámara de Diputados y estudia la ley de los maestros, mientras que la llamada mesa principal, que opera en las oficinas del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, procesa los cambios a la Ley General de Educación.
En este caso, el propósito es que los tres instrumentos estén listos a más tardar en la segunda quincena de julio, para convocar al extraordinario que permitirá a las dos Cámaras aprobarlos; en todo caso, se dará prioridad a la Ley del INEE.
Del paquete de la reforma político-electoral, la próxima semana comenzarán las mesas de trabajo, pero una de ellas, denominada Legislación Secundaria de la Reforma Constitucional 2012, es la única que tiene una fecha perentoria, pues los cambios constitucionales que entraron en vigor el 10 de agosto del año pasado fijan un año para la entrada en vigor de las leyes secundarias referentes a temas como la consulta popular, iniciativa preferente, iniciativa ciudadana y candidaturas independientes.
Otro paquete que ya comenzó a tener la atención de los legisladores federales, principalmente de la Cámara de Diputados, es el referente a la reforma financiera, que fue presentada en la primera semana de trabajo de la Comisión Permanente.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo, ya organizó una reunión con integrantes de la Secretaría de Hacienda y los miembros de la Comisión para empezar a despejar dudas; los diputados tienen en estudio los 12 decretos que propone el presidente Enrique Peña Nieto.
Otra mesa que ya comenzó a trabajar con legisladores, integrantes del gobierno federal y del Pacto por México, es la referente a la reforma energética. El propósito es que esta mesa pueda generar la propuesta consensuada para revitalizar a las industrias del sector, entre ellas Petróleos Mexicanos, a más tardar en julio, para que el tema sea discutido todo agosto y se pueda convocar a un extraordinario.
El Senado tiene en comisiones cuatro reformas que también son de interés para un extraordinario. La referente a la creación del órgano nacional autónomo de combate a la corrupción, que está en manos de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual también tiene los cambios sobre la inmunidad procesal de servidores públicos o fuero constitucional.
El universo de análisis abarca 11 paquetes de reformas, así como los mecanismos para la elección del consejero electoral pendiente y los primeros integrantes del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los paquetes de reforma son la político-electoral, financiera, IMSS, minas, fuero constitucional, anticorrupción, energética, educativa, código único penal y procesal y carreteras.
En casos como la educativa, la secundaria de la reforma política del año pasado y los nombramientos, los legisladores federales tienen plazos perentorios que vencen en agosto.
De acuerdo con las agendas que preparan los grupos parlamentarios, tanto en diputados como en el Senado, tienen que resolver un periodo extraordinario para concluir el proceso de nombramiento del consejero electoral que sustituya a Sergio García Ramírez.
Desde el punto de vista de los priistas en San Lázaro, este periodo extraordinario debe abrirse a la brevedad. Según el PAN y el PRD, la petición hecha por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no es vinculante, o en todo caso pide concluir el proceso abierto hace unos meses, mas no necesariamente nombrar al consejero; ambos partidos insisten en que el tema debe irse hasta septiembre.
Para ese caso, la Cámara de Diputados tiene la exclusividad para procesarlo; de ahí que la recomendación del Tribunal es que Ernesto Cordero, presidente de la Comisión Permanente, convoque a la brevedad a la Cámara de Diputados a la apertura de un periodo extraordinario; aunque el miércoles, la Mesa Directiva de la Permanente decidió turnar a comisiones la petición de los magistrados electorales.
Otro proceso de nombramiento tiene que ver con la reciente reforma constitucional en materia de competencia económica y telecomunicaciones.
Según el artículo sexto transitorio de esta reforma, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual se espera para la primera quincena de este mes, se tienen 80 días para nombrar a los primeros integrantes del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El artículo establece que una vez publicada la reforma, el Comité de Evaluación debe enviar al Ejecutivo federal las listas de aspirantes, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor; el Ejecutivo tiene 10 días naturales para remitir las propuestas al Senado, y éste cuenta con 10 días naturales para resolver sobre la propuesta.
Si la reforma constitucional se publica en la primera quincena de este mes, los tiempos ubican a la última semana de agosto para que el Senado realice este proceso; es decir, antes del arranque formal del periodo ordinario de septiembre.
Para el caso de la reforma secundaria en materia educativa, que implicará la creación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa; la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente y las adecuaciones a la Ley General de Educación, desde hace tres semanas están en funcionamiento tres mesas de trabajo.
En las tres existen integrantes del Poder Legislativo, la SEP y el Consejo Rector del Pacto por México. Una funciona en el Senado, para atender la urgencia de la Ley del INEE, que es la única que tiene fecha en agosto para ser aprobada y entrar en vigor; la segunda mesa funciona en la Cámara de Diputados y estudia la ley de los maestros, mientras que la llamada mesa principal, que opera en las oficinas del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, procesa los cambios a la Ley General de Educación.
En este caso, el propósito es que los tres instrumentos estén listos a más tardar en la segunda quincena de julio, para convocar al extraordinario que permitirá a las dos Cámaras aprobarlos; en todo caso, se dará prioridad a la Ley del INEE.
Del paquete de la reforma político-electoral, la próxima semana comenzarán las mesas de trabajo, pero una de ellas, denominada Legislación Secundaria de la Reforma Constitucional 2012, es la única que tiene una fecha perentoria, pues los cambios constitucionales que entraron en vigor el 10 de agosto del año pasado fijan un año para la entrada en vigor de las leyes secundarias referentes a temas como la consulta popular, iniciativa preferente, iniciativa ciudadana y candidaturas independientes.
Otro paquete que ya comenzó a tener la atención de los legisladores federales, principalmente de la Cámara de Diputados, es el referente a la reforma financiera, que fue presentada en la primera semana de trabajo de la Comisión Permanente.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo, ya organizó una reunión con integrantes de la Secretaría de Hacienda y los miembros de la Comisión para empezar a despejar dudas; los diputados tienen en estudio los 12 decretos que propone el presidente Enrique Peña Nieto.
Otra mesa que ya comenzó a trabajar con legisladores, integrantes del gobierno federal y del Pacto por México, es la referente a la reforma energética. El propósito es que esta mesa pueda generar la propuesta consensuada para revitalizar a las industrias del sector, entre ellas Petróleos Mexicanos, a más tardar en julio, para que el tema sea discutido todo agosto y se pueda convocar a un extraordinario.
El Senado tiene en comisiones cuatro reformas que también son de interés para un extraordinario. La referente a la creación del órgano nacional autónomo de combate a la corrupción, que está en manos de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual también tiene los cambios sobre la inmunidad procesal de servidores públicos o fuero constitucional.
Excelsior
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