Toluca, Méx.- Familiares de personas que perdieron la vida y quienes resultaron severamente lesionados en el accidente ocurrido el 4 de octubre en la carretera federal Toluca-Naucalpan desmintieron haber recibido cualquier tipo de ayuda del Gobierno del Estado de México o de los ayuntamientos de Naucalpan y Lerma; mientras que por otro lado son amenazados por la empresa para desistir en su exigencia de la indemnización.
Pese al anuncio público del gobernador Eruviel Ávila Villegas y los alcaldes David Sánchez Guevara y Erick Sevilla Montes de Oca, de Naucalpan y Lerma, respectivamente, de apoyar a las víctimas y deudos, muchos no han recibido un solo centavo y tienen que hacer frente por si mismos a los gastos de rehabilitación o funerarios.
Sandra Eloísa Chávez Novillar, viuda de Alejandro Martínez López, y Gloria Maya Díaz viuda de Joel Ortiz García, y madre de Joel Alejandro Ortiz Maya, quien está en riesgo de perder un brazo por la fractura expuesta que sufrió, denunciaron que todos los gastos médicos y funerarios han sido cubiertos de forma personal, porque no han recibido ninguno de los muchos apoyos que el día de la tragedia anunciaron autoridades estatales y municipales.
Pese al anuncio público del gobernador Eruviel Ávila Villegas y los alcaldes David Sánchez Guevara y Erick Sevilla Montes de Oca, de Naucalpan y Lerma, respectivamente, de apoyar a las víctimas y deudos, muchos no han recibido un solo centavo y tienen que hacer frente por si mismos a los gastos de rehabilitación o funerarios.
Sandra Eloísa Chávez Novillar, viuda de Alejandro Martínez López, y Gloria Maya Díaz viuda de Joel Ortiz García, y madre de Joel Alejandro Ortiz Maya, quien está en riesgo de perder un brazo por la fractura expuesta que sufrió, denunciaron que todos los gastos médicos y funerarios han sido cubiertos de forma personal, porque no han recibido ninguno de los muchos apoyos que el día de la tragedia anunciaron autoridades estatales y municipales.
Sandra Eloísa Chávez Novillar presentó las facturas que tuvo que cubrir por más de 40 mil pesos para el traslado del cuerpo de quien fuera su esposo, el velorio y sepultura del mismo, además presentó un escrito que le hizo firmar el delegado municipal de Zacamulpa Huitzizilapan, municipio de Lerma, donde se comprometió a pagar 5 mil pesos para que le permitieran sepultar a su esposo en el panteón de la localidad.
"Pedimos la comprensión de nuestras autoridades auxiliares de Zacamulpa Huitzizilapan, pero lo único que hicieron fue aceptar que les entregáramos ese día 3 mil pesos que conseguimos prestados y que les firmáramos un escrito donde aceptamos que les debemos todavía 2 mil pesos, y ahora nos están presionando para que les paguemos, pero no tenemos dinero", acusó.
Al mismo tiempo el primer regidor del municipio de Lerma, Saúl González García, el día del accidente, por quedar bien, les ofreció todo el apoyo del ayuntamiento para los gastos de traslado y funerarios, y les dijo que el gobernador Eruviel Ávila Villegas ya había ordenado que se les respaldara en todo lo que necesitaran, pero cuando se requirió enfrentar los gastos, simplemente desapareció.
Las viudas que dejó el accidente de la carretera federal Toluca-Naucalpan expusieron que lejos de recibir apoyo de cualquier tipo de autoridad, las han traído de un lado a otro sin resolver el problema.
En tanto que la empresa concesionaria propietaria de la unidad que volcó y cayó al fondo de un barranco no asumió su responsabilidad y la aseguradora Qualitas, que tenía la titularidad del seguro, no les ha pagado la indemnización a la que legalmente tienen derecho.
Sobre este particular, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 500, 501 y 502, quienes perdieron a algún familiar en el incidente tienen derecho a una indemnización de aproximadamente 900 mil pesos, y la empresa y su aseguradora pretende darles menos de 100 mil pesos por cada persona fallecida.
En el caso de los lesionados, la empresa está obligada a cubrir el 100 por ciento de los gastos generados por la atención médica, cirugías, medicamentos y rehabilitación de los heridos; sin embargo, hasta el momento cada familia implicada ha tenido que hacer frente a esos gastos, porque la compañía no garantizó esa atención médica.
Para colmo, el día del accidente, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia y de Transporte del Estado de México le indicaron al representante legal de la línea de transporte público que tenía que depositar 250 mil pesos para garantizar la atención médica de los 23 lesionados, y solo llevaron varias bolsas con monedas de cincuenta centavos, un peso, dos pesos y cinco pesos, que sumaban 50 mil pesos; el resto lo tuvieron que pagar los familiares de los lesionados.
"Pedimos la comprensión de nuestras autoridades auxiliares de Zacamulpa Huitzizilapan, pero lo único que hicieron fue aceptar que les entregáramos ese día 3 mil pesos que conseguimos prestados y que les firmáramos un escrito donde aceptamos que les debemos todavía 2 mil pesos, y ahora nos están presionando para que les paguemos, pero no tenemos dinero", acusó.
Al mismo tiempo el primer regidor del municipio de Lerma, Saúl González García, el día del accidente, por quedar bien, les ofreció todo el apoyo del ayuntamiento para los gastos de traslado y funerarios, y les dijo que el gobernador Eruviel Ávila Villegas ya había ordenado que se les respaldara en todo lo que necesitaran, pero cuando se requirió enfrentar los gastos, simplemente desapareció.
Las viudas que dejó el accidente de la carretera federal Toluca-Naucalpan expusieron que lejos de recibir apoyo de cualquier tipo de autoridad, las han traído de un lado a otro sin resolver el problema.
En tanto que la empresa concesionaria propietaria de la unidad que volcó y cayó al fondo de un barranco no asumió su responsabilidad y la aseguradora Qualitas, que tenía la titularidad del seguro, no les ha pagado la indemnización a la que legalmente tienen derecho.
Sobre este particular, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 500, 501 y 502, quienes perdieron a algún familiar en el incidente tienen derecho a una indemnización de aproximadamente 900 mil pesos, y la empresa y su aseguradora pretende darles menos de 100 mil pesos por cada persona fallecida.
En el caso de los lesionados, la empresa está obligada a cubrir el 100 por ciento de los gastos generados por la atención médica, cirugías, medicamentos y rehabilitación de los heridos; sin embargo, hasta el momento cada familia implicada ha tenido que hacer frente a esos gastos, porque la compañía no garantizó esa atención médica.
Para colmo, el día del accidente, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia y de Transporte del Estado de México le indicaron al representante legal de la línea de transporte público que tenía que depositar 250 mil pesos para garantizar la atención médica de los 23 lesionados, y solo llevaron varias bolsas con monedas de cincuenta centavos, un peso, dos pesos y cinco pesos, que sumaban 50 mil pesos; el resto lo tuvieron que pagar los familiares de los lesionados.
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