Ciudad de México.- Todos los días la ciudad recibe a una de ellas cada cinco horas con 50 minutos. Son sombras en la capital que muy pocos notan, que viajan horas en avión o en camión desde sus estados para llegar a la ciudad de México, recostarse en una camilla, perder un embarazo y volver a casa.
Es la otra migración que tiene como destino el DF, la única entidad del país donde la interrupción voluntaria de un embarazo no lleva a la cárcel, si se hace en las primeras 12 semanas.
Según la base de datos de todos los egresos médicos en hospitales públicos capitalinos, entre enero de 2010 y diciembre de 2012 se han interrumpido 29 mil 396 embarazos voluntaria o involuntariamente.
Y de este total de abortos realizados en tres años, cerca de 15% correspondió a mujeres que viven en el Estado de México.
Nueve de cada 10 son de ahí —donde el Código Penal local establece que si un expediente médico acusa a la mujer de abortar voluntariamente ella merecerá hasta tres años de cárcel— y el resto de los estados aportan las demás migrantes embarazadas.
Los registros, proporcionados por la Secretaría de Salud, son un mapa de este tipo de migración que se pierde en una ciudad de 8.8 millones de habitantes.
AYUDA A PAISANAS
Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tiene los datos a la mano: entre 2007 y 2012, 151 mujeres en el país han enfrentado un proceso penal por abortar y 127 han sido sentenciadas y enviadas a prisión.
Para ayudar a estas embarazadas migrantes, dos activistas mexicanas y una estadounidense se inspiraron en organizaciones civiles del otro lado del Río Bravo y crearon en 2009 el Fondo MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), que paga los gastos de quienes viajan a la capital para abortar.
El Fondo MARIA, dice su coordinadora Oriana López, es probable que ya haya salvado alguna vida en provincia, porque las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo no descansan hasta lograrlo, aunque sea en condiciones ilegales e insalubres.
Pero el fondo podría acabarse el próximo año, por una iniciativa de ley presentada en la Asamblea Legislativa que impediría a cualquier embarazada de provincia usar el servicio médico de aborto en el DF.
REFORMA ANTIABORTO
El pasado 10 de octubre, el asambleísta del PAN Orlando Anaya presentó una iniciativa que cimbró a varias feministas: pedir una reforma al artículo 58 de la Ley de Salud del DF para prohibir que se practique un aborto a cualquier embarazada que no viva en la capital.
Su iniciativa, apoyada por su compañero diputado Federico Döring, introduciría este requisito a la ley: “Tener una residencia efectiva de tres años al día de presentar su solicitud si es originaria del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para las nacidas en otra entidad, mismos que serán acreditados mediante la presentación de una constancia de residencia expedida por la autoridad competente”.
“Si el aborto no es legal en Baja California, Oaxaca, Chiapas o en cualquier otro estado tiene su razón de ser; tienen un Congreso que para eso debe legislar, y el que aquí en el Distrito Federal sea legal yo creo que no es un argumento suficiente para que el número de mujeres que sea se practiquen un aborto”, dice.
Oriana opina: “La iniciativa está mal porque el costo de un aborto en una clínica de gobierno es menor a lo que el diputado asegura. El cálculo está mal hecho y, aunque estuviera correcto, es una injusticia decirle a alguien: "como tú no eres de aquí, no te brindo un servicio de salud".
Es la otra migración que tiene como destino el DF, la única entidad del país donde la interrupción voluntaria de un embarazo no lleva a la cárcel, si se hace en las primeras 12 semanas.
Según la base de datos de todos los egresos médicos en hospitales públicos capitalinos, entre enero de 2010 y diciembre de 2012 se han interrumpido 29 mil 396 embarazos voluntaria o involuntariamente.
Y de este total de abortos realizados en tres años, cerca de 15% correspondió a mujeres que viven en el Estado de México.
Nueve de cada 10 son de ahí —donde el Código Penal local establece que si un expediente médico acusa a la mujer de abortar voluntariamente ella merecerá hasta tres años de cárcel— y el resto de los estados aportan las demás migrantes embarazadas.
Los registros, proporcionados por la Secretaría de Salud, son un mapa de este tipo de migración que se pierde en una ciudad de 8.8 millones de habitantes.
AYUDA A PAISANAS
Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tiene los datos a la mano: entre 2007 y 2012, 151 mujeres en el país han enfrentado un proceso penal por abortar y 127 han sido sentenciadas y enviadas a prisión.
Para ayudar a estas embarazadas migrantes, dos activistas mexicanas y una estadounidense se inspiraron en organizaciones civiles del otro lado del Río Bravo y crearon en 2009 el Fondo MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), que paga los gastos de quienes viajan a la capital para abortar.
El Fondo MARIA, dice su coordinadora Oriana López, es probable que ya haya salvado alguna vida en provincia, porque las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo no descansan hasta lograrlo, aunque sea en condiciones ilegales e insalubres.
Pero el fondo podría acabarse el próximo año, por una iniciativa de ley presentada en la Asamblea Legislativa que impediría a cualquier embarazada de provincia usar el servicio médico de aborto en el DF.
REFORMA ANTIABORTO
El pasado 10 de octubre, el asambleísta del PAN Orlando Anaya presentó una iniciativa que cimbró a varias feministas: pedir una reforma al artículo 58 de la Ley de Salud del DF para prohibir que se practique un aborto a cualquier embarazada que no viva en la capital.
Su iniciativa, apoyada por su compañero diputado Federico Döring, introduciría este requisito a la ley: “Tener una residencia efectiva de tres años al día de presentar su solicitud si es originaria del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para las nacidas en otra entidad, mismos que serán acreditados mediante la presentación de una constancia de residencia expedida por la autoridad competente”.
“Si el aborto no es legal en Baja California, Oaxaca, Chiapas o en cualquier otro estado tiene su razón de ser; tienen un Congreso que para eso debe legislar, y el que aquí en el Distrito Federal sea legal yo creo que no es un argumento suficiente para que el número de mujeres que sea se practiquen un aborto”, dice.
Oriana opina: “La iniciativa está mal porque el costo de un aborto en una clínica de gobierno es menor a lo que el diputado asegura. El cálculo está mal hecho y, aunque estuviera correcto, es una injusticia decirle a alguien: "como tú no eres de aquí, no te brindo un servicio de salud".
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