México, D.F.- La legisladora panista Leonor Romero Sevilla promueve reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos para frenar la urbanización en zonas con vestigio arqueológico como Cholula, Teotihuacán, El Tajín, Monte Albán y Chichen Itzá.
La integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados planteó que los gobiernos locales continúan autorizando planes de desarrollo en esas áreas de manera irresponsable, con lo que se generan pérdidas irreparables al patrimonio cultural del país.
Indicó que en la iniciativa que impulsa se plantea la necesidad de que los tres niveles de gobierno se coordinen en el diseño y puesta en marcha de estrategias de protección, rehabilitación y conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
Puntualizó que gran parte de la responsabilidad del cuidado de esas zonas recae indirectamente en los municipios, por las facultades que les otorga la Constitución, como elaborar planes de desarrollo urbano, otorgar licencias para construcción, autorizar el uso de suelo y aprobar zonificaciones.
Aseveró, sin embargo, que los programas de desarrollo que corresponden a los municipios o centros de población “son débiles en esa materia, ya sea por falta de presupuesto o por razones técnicas significativas”, lo que demanda más coordinación entre éstos y los gobiernos federal y estatal.
Romero Sevilla expuso que en la Carta Magna se establece que las facultades no concedidas expresamente a la Federación están implícitamente reservadas a los estados, por lo que el patrimonio regional está a cargo de las autoridades locales, en contraposición a las cuestiones de interés nacional.
Subrayó que el deterioro natural y la contaminación ambiental afectan a los monumentos, pero “también el olvido y la falta de un marco jurídico específico que regule su protección y preservación a través de una coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno”.
Ante ello se propone una reforma al Artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos para que sumen esfuerzos la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y las entidades y municipios, con el propósito de mejorar la gestión del patrimonio histórico de la nación.
También se plantea modificar el Artículo 9 de esa ley general, para fijar que corresponde a los municipios “elaborar planes especiales con la finalidad de proteger las zonas y monumentos para su conservación y mejora, cuando los planes o programas de desarrollo urbano no contuviesen previsiones detalladas en esa materia”.
Además, prevé añadir cinco artículos Bis al ordenamiento a fin de precisar las bases en que deben ser redactados los planes de desarrollo urbano en los municipios, con énfasis en la obligación de estos de trazar planes especiales de protección a zonas de monumentos.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) argumentó que aun cuando México tiene una protección legal eficiente (la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos) persiste la necesidad de analizar la legislación complementaria.
“Ciertamente el marco jurídico relativo al patrimonio cultural es amplio; empero, hace falta precisar o adicionar lo pertinente al desarrollo y asentamiento urbano para destacar la importancia de contar con mecanismos de protección del patrimonio cultural”, remarcó.
La integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados planteó que los gobiernos locales continúan autorizando planes de desarrollo en esas áreas de manera irresponsable, con lo que se generan pérdidas irreparables al patrimonio cultural del país.
Indicó que en la iniciativa que impulsa se plantea la necesidad de que los tres niveles de gobierno se coordinen en el diseño y puesta en marcha de estrategias de protección, rehabilitación y conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
Puntualizó que gran parte de la responsabilidad del cuidado de esas zonas recae indirectamente en los municipios, por las facultades que les otorga la Constitución, como elaborar planes de desarrollo urbano, otorgar licencias para construcción, autorizar el uso de suelo y aprobar zonificaciones.
Aseveró, sin embargo, que los programas de desarrollo que corresponden a los municipios o centros de población “son débiles en esa materia, ya sea por falta de presupuesto o por razones técnicas significativas”, lo que demanda más coordinación entre éstos y los gobiernos federal y estatal.
Romero Sevilla expuso que en la Carta Magna se establece que las facultades no concedidas expresamente a la Federación están implícitamente reservadas a los estados, por lo que el patrimonio regional está a cargo de las autoridades locales, en contraposición a las cuestiones de interés nacional.
Subrayó que el deterioro natural y la contaminación ambiental afectan a los monumentos, pero “también el olvido y la falta de un marco jurídico específico que regule su protección y preservación a través de una coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno”.
Ante ello se propone una reforma al Artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos para que sumen esfuerzos la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y las entidades y municipios, con el propósito de mejorar la gestión del patrimonio histórico de la nación.
También se plantea modificar el Artículo 9 de esa ley general, para fijar que corresponde a los municipios “elaborar planes especiales con la finalidad de proteger las zonas y monumentos para su conservación y mejora, cuando los planes o programas de desarrollo urbano no contuviesen previsiones detalladas en esa materia”.
Además, prevé añadir cinco artículos Bis al ordenamiento a fin de precisar las bases en que deben ser redactados los planes de desarrollo urbano en los municipios, con énfasis en la obligación de estos de trazar planes especiales de protección a zonas de monumentos.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) argumentó que aun cuando México tiene una protección legal eficiente (la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos) persiste la necesidad de analizar la legislación complementaria.
“Ciertamente el marco jurídico relativo al patrimonio cultural es amplio; empero, hace falta precisar o adicionar lo pertinente al desarrollo y asentamiento urbano para destacar la importancia de contar con mecanismos de protección del patrimonio cultural”, remarcó.
Notimex
No hay comentarios.:
Publicar un comentario