México, D.F.- Debido a que las personas que deben dar una pensión alimenticia incumplen su obligación, el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó una propuesta para reformar el Código Penal del DF y establecer la figura del “fraude familiar”.
Hace unas semanas el diputado perredista Alberto Martínez Urincho presentó una iniciativa que buscar la protección de la familia y su patrimonio, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los deudores y sancionar con cárcel a quienes no cumplan con esta pensión.
La propuesta prevé una sanción de uno a cinco años de prisión y multa de hasta 300 días de salario mínimo a quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes a fin de incumplir sus obligaciones alimentarias con la familia.
El legislador señaló que pese a las leyes vigentes aún persiste la insuficiencia normativa que hagan válidas, efectivas y eficientes las disposiciones para evitar que los responsables alimentarios eviten cumplir con sus obligaciones.
De acuerdo con el perredista, las personas –en su mayoría mujeres– que tienen el derecho de recibir la pensión enfrentan el grave problema de hacerla efectiva, y se ha demostrado que la más afectada por este problema es la población femenina.
Según datos del Inegi, en 2010 tres de cada 10 mujeres jefas de familia son viudas y una proporción similar están separadas o divorciadas, y sólo en 28.7 por ciento de los casos la cabeza de hogar está unida, es decir casada o en concubinato.
En este sentido, Alberto Martínez consideró que se debe continuar con los avances de 2011 cuando la ALDF aprobó reformas para crear el Registro de Deudores Alimentarios como un medio para obligar al cumplimiento de la pensión.
Hace unas semanas el diputado perredista Alberto Martínez Urincho presentó una iniciativa que buscar la protección de la familia y su patrimonio, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los deudores y sancionar con cárcel a quienes no cumplan con esta pensión.
La propuesta prevé una sanción de uno a cinco años de prisión y multa de hasta 300 días de salario mínimo a quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes a fin de incumplir sus obligaciones alimentarias con la familia.
El legislador señaló que pese a las leyes vigentes aún persiste la insuficiencia normativa que hagan válidas, efectivas y eficientes las disposiciones para evitar que los responsables alimentarios eviten cumplir con sus obligaciones.
De acuerdo con el perredista, las personas –en su mayoría mujeres– que tienen el derecho de recibir la pensión enfrentan el grave problema de hacerla efectiva, y se ha demostrado que la más afectada por este problema es la población femenina.
Según datos del Inegi, en 2010 tres de cada 10 mujeres jefas de familia son viudas y una proporción similar están separadas o divorciadas, y sólo en 28.7 por ciento de los casos la cabeza de hogar está unida, es decir casada o en concubinato.
En este sentido, Alberto Martínez consideró que se debe continuar con los avances de 2011 cuando la ALDF aprobó reformas para crear el Registro de Deudores Alimentarios como un medio para obligar al cumplimiento de la pensión.
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