México, D.F.- Hace dos décadas y luego de cuatro años de negociaciones, el 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá.
Con ello, terminaban varios decenios de proteccionismo y México entraba de lleno a la apertura comercial y a la competencia internacional abierta, de la mano con un enfoque económico distinto que ya no tendría regreso, impulsado por el gobierno federal que encabezaba Carlos Salinas de Gortari.
Sobre todo en México y Estados Unidos (más que en Canadá), se desataron intensos debates entre quienes defendían la competencia directa y quienes advertían que las disparidades económicas, perjudicarían seriamente a los más débiles.
Los sectores más proteccionistas de Estados Unidos trataron a toda costa de imponer su criterio, si bien el 27 de febrero de 1991, el Congreso autorizó al presidente George Bush (padre), utilizar el mecanismo del “fast track”, es decir, la dispensa de trámites legislativos para negociar con México, lo cual agilizó el proceso.
Las negociaciones generales finalizaron el 12 de agosto de 1992 en Washington, mientras los llamados “Acuerdos Paralelos”, cuya función era detallar las reglas específicas para sectores vulnerables, estuvieron finalmente listos el 14 de septiembre de 1993.
Entre el 17 de noviembre y el 8 de diciembre de 1993, los Congresos de los países involucrados aprobaron el documento y los respectivos poderes ejecutivos anunciaron su entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 1994.
Desde entonces, el Tratado inició su camino, con el propósito de favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación sistemática de la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México.
Además de promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio y proteger los derechos de propiedad intelectual en los tres países miembros.
También establecer procedimientos eficaces para solucionar las controversias, así como promover la cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del acuerdo.
Por otra parte eliminar obstáculos al comercio, facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los tres países firmantes; aumentar las oportunidades de inversión en los tres países miembros.
El Tratado se compone de un preámbulo y 22 capítulos agrupados en 8 secciones.
Entre los capítulos destacan el de servicios, de la propiedad intelectual, de compras gubernamentales, de obra pública, la inversión extranjera, los energéticos, y también por su importancia el ámbito ecológico y laboral.
Los capítulos representan un compromiso firme de las tres naciones para facilitar el movimiento de los bienes y la prestación de los servicios a través de las fronteras.
Además de ofrecer la protección y la vigilancia adecuadas que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos de propiedad intelectual; adoptar los procedimientos internos que permitan la aplicación e implementación del Tratado.
En sus 20 años de aplicación, el comercio bilateral de México con Estados Unidos ha crecido 50 por ciento, mientras que con Canadá creció 70 por ciento.
En general, los sectores económicos han considerado positivo el documento, si bien algunos temas como la agricultura, la fabricación de textiles y ropa confeccionada, han sufrido gravemente las consecuencias de la competencia.
Sigue pendiente, además, la entrada de camiones de carga mexicanos a Estados Unidos, tema que ha sido tema de numerosas controversias y negociaciones sucesivas, que no han tenido éxito.
Además, el Tratado sigue enfocado sólo al movimiento de bienes, capitales y materias primas, pero no a la movilidad de las personas, lo cual implica complicaciones en materia migratoria.
Con ello, terminaban varios decenios de proteccionismo y México entraba de lleno a la apertura comercial y a la competencia internacional abierta, de la mano con un enfoque económico distinto que ya no tendría regreso, impulsado por el gobierno federal que encabezaba Carlos Salinas de Gortari.
Sobre todo en México y Estados Unidos (más que en Canadá), se desataron intensos debates entre quienes defendían la competencia directa y quienes advertían que las disparidades económicas, perjudicarían seriamente a los más débiles.
Los sectores más proteccionistas de Estados Unidos trataron a toda costa de imponer su criterio, si bien el 27 de febrero de 1991, el Congreso autorizó al presidente George Bush (padre), utilizar el mecanismo del “fast track”, es decir, la dispensa de trámites legislativos para negociar con México, lo cual agilizó el proceso.
Las negociaciones generales finalizaron el 12 de agosto de 1992 en Washington, mientras los llamados “Acuerdos Paralelos”, cuya función era detallar las reglas específicas para sectores vulnerables, estuvieron finalmente listos el 14 de septiembre de 1993.
Entre el 17 de noviembre y el 8 de diciembre de 1993, los Congresos de los países involucrados aprobaron el documento y los respectivos poderes ejecutivos anunciaron su entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 1994.
Desde entonces, el Tratado inició su camino, con el propósito de favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación sistemática de la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México.
Además de promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio y proteger los derechos de propiedad intelectual en los tres países miembros.
También establecer procedimientos eficaces para solucionar las controversias, así como promover la cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del acuerdo.
Por otra parte eliminar obstáculos al comercio, facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los tres países firmantes; aumentar las oportunidades de inversión en los tres países miembros.
El Tratado se compone de un preámbulo y 22 capítulos agrupados en 8 secciones.
Entre los capítulos destacan el de servicios, de la propiedad intelectual, de compras gubernamentales, de obra pública, la inversión extranjera, los energéticos, y también por su importancia el ámbito ecológico y laboral.
Los capítulos representan un compromiso firme de las tres naciones para facilitar el movimiento de los bienes y la prestación de los servicios a través de las fronteras.
Además de ofrecer la protección y la vigilancia adecuadas que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos de propiedad intelectual; adoptar los procedimientos internos que permitan la aplicación e implementación del Tratado.
En sus 20 años de aplicación, el comercio bilateral de México con Estados Unidos ha crecido 50 por ciento, mientras que con Canadá creció 70 por ciento.
En general, los sectores económicos han considerado positivo el documento, si bien algunos temas como la agricultura, la fabricación de textiles y ropa confeccionada, han sufrido gravemente las consecuencias de la competencia.
Sigue pendiente, además, la entrada de camiones de carga mexicanos a Estados Unidos, tema que ha sido tema de numerosas controversias y negociaciones sucesivas, que no han tenido éxito.
Además, el Tratado sigue enfocado sólo al movimiento de bienes, capitales y materias primas, pero no a la movilidad de las personas, lo cual implica complicaciones en materia migratoria.
Notimex
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