Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar el “Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense”, aprobado en noviembre de 2012 en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
En un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) señaló que una particular solicitó ese dato y la PGR respondió que dicho documento se encontraba reservado, de conformidad con diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Asimismo, la PGR manifestó que el “Acuerdo A/176/12” emitido por la titular de la Procuraduría General de la República, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2012, establece que dicho protocolo se encuentra bajo resguardo del personal sustantivo.
Por ende, agrega, éste no debe difundirse ni utilizarse para un fin distinto para el que fue creado.
En el análisis del caso, el IFAI advirtió que dicho protocolo contiene un procedimiento genérico para la identificación de cadáveres, formularios a implementarse en la identificación forense y esquemas ilustrativos que sirven de apoyo para su ejecución.
Determinó que la clasificación invocada por la PGR es improcedente, por que el “Acuerdo A/176/12” fue un acto emitido por la entonces titular de la Procuraduría General de la República y no por el Poder Legislativo, conforme al procedimiento previsto en la Constitución mexicana.
Y porque si bien el Código Federal de Procedimientos Penales puede considerarse una ley en sentido formal y material, lo cierto es que no guarda relación con el “Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense”.
Ello, añadió, porque se trata de un instrumento que sirve para la identificación de restos humanos y no una constancia de una investigación ministerial.
Agregó que el protocolo no es parte de un expediente judicial o administrativo y tampoco se trata de alguna actuación o diligencia, generada a partir de un juicio o procedimiento, por lo que no se advierte de qué manera su difusión vulneraría la objetividad de la autoridad.
Por tanto, el IFAI revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a proporcionar a la recurrente el “Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense”.
En un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) señaló que una particular solicitó ese dato y la PGR respondió que dicho documento se encontraba reservado, de conformidad con diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Asimismo, la PGR manifestó que el “Acuerdo A/176/12” emitido por la titular de la Procuraduría General de la República, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2012, establece que dicho protocolo se encuentra bajo resguardo del personal sustantivo.
Por ende, agrega, éste no debe difundirse ni utilizarse para un fin distinto para el que fue creado.
En el análisis del caso, el IFAI advirtió que dicho protocolo contiene un procedimiento genérico para la identificación de cadáveres, formularios a implementarse en la identificación forense y esquemas ilustrativos que sirven de apoyo para su ejecución.
Determinó que la clasificación invocada por la PGR es improcedente, por que el “Acuerdo A/176/12” fue un acto emitido por la entonces titular de la Procuraduría General de la República y no por el Poder Legislativo, conforme al procedimiento previsto en la Constitución mexicana.
Y porque si bien el Código Federal de Procedimientos Penales puede considerarse una ley en sentido formal y material, lo cierto es que no guarda relación con el “Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense”.
Ello, añadió, porque se trata de un instrumento que sirve para la identificación de restos humanos y no una constancia de una investigación ministerial.
Agregó que el protocolo no es parte de un expediente judicial o administrativo y tampoco se trata de alguna actuación o diligencia, generada a partir de un juicio o procedimiento, por lo que no se advierte de qué manera su difusión vulneraría la objetividad de la autoridad.
Por tanto, el IFAI revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a proporcionar a la recurrente el “Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense”.
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