México, DF. Una vez aprobada la reforma energética, se requerirá de un periodo de dos años para que haya beneficios concretos hacia la población debido a que es necesario desarrollar infraestructura para sustituir el combustóleo por gas natural en la generación de energía eléctrica y de ese modo reducir los costos, sostuvo el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza.
Previo a su participación en un foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el funcionario dijo que uno de los objetivos claros de la reforma energética es reducir los costos de generación eléctrica, para lo cual es necesario también hacer inversiones que reduzcan las pérdidas técnicas y no técnicas tanto en las redes de distribución como transmisión del país.
"La CFE tiene grandes retos hacia adelante, el primero de ellos es cambiar el combustóleo que es un combustible cuatro veces más caro que el gas natural y 68 por ciento más contaminante y en lugar del combustóleo generar energía eléctrica con gas natural. Para ello necesitamos infraestructura de gasoductos y necesitamos nuevas centrales de ciclo combinado", indicó.
Recordó que la licitación para el desarrollo de dicha infraestructura ya fue anunciada por el secretario de Energía, Pedro Joaquin Coldwell, e inició hace tres semanas.
Agregó que la organización Transparencia Mexicana supervisará el proceso como testigo social o en calidad de acompañamiento.
El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, dijo que el sector empresarial quedó satisfecho por lo aprobado en el Congreso pero consideró que hay asuntos de mejora y temas pendientes como la emisión de los criterios con los cuales se van a hacer las licitaciones y el establecimiento de medidas de control para que las inversiones empiecen a darse.
Recordó que en septiembre la Secretaría de Energía (SE) dará respuesta a Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre los pozos que seleccionó como ronda cero y consideró que será un momento importante porque los inversionistas tendrán oportunidad de seleccionar los pozos que queden libres.
Resaltó que también esta pendiente el trabajo que las empresas productivas del Estado harán con sus propios sindicatos para establecer las nuevas condiciones laborales y se defina el pasivo laboral que tendrá que absorber el erario público.
Previo a su participación en un foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el funcionario dijo que uno de los objetivos claros de la reforma energética es reducir los costos de generación eléctrica, para lo cual es necesario también hacer inversiones que reduzcan las pérdidas técnicas y no técnicas tanto en las redes de distribución como transmisión del país.
"La CFE tiene grandes retos hacia adelante, el primero de ellos es cambiar el combustóleo que es un combustible cuatro veces más caro que el gas natural y 68 por ciento más contaminante y en lugar del combustóleo generar energía eléctrica con gas natural. Para ello necesitamos infraestructura de gasoductos y necesitamos nuevas centrales de ciclo combinado", indicó.
Recordó que la licitación para el desarrollo de dicha infraestructura ya fue anunciada por el secretario de Energía, Pedro Joaquin Coldwell, e inició hace tres semanas.
Agregó que la organización Transparencia Mexicana supervisará el proceso como testigo social o en calidad de acompañamiento.
El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, dijo que el sector empresarial quedó satisfecho por lo aprobado en el Congreso pero consideró que hay asuntos de mejora y temas pendientes como la emisión de los criterios con los cuales se van a hacer las licitaciones y el establecimiento de medidas de control para que las inversiones empiecen a darse.
Recordó que en septiembre la Secretaría de Energía (SE) dará respuesta a Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre los pozos que seleccionó como ronda cero y consideró que será un momento importante porque los inversionistas tendrán oportunidad de seleccionar los pozos que queden libres.
Resaltó que también esta pendiente el trabajo que las empresas productivas del Estado harán con sus propios sindicatos para establecer las nuevas condiciones laborales y se defina el pasivo laboral que tendrá que absorber el erario público.
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