México, DF.- Dirigentes del sector privado salieron a la defensa de Grupo México frente a la petición de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de que se le quite la concesión de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, al tiempo que demandaron una investigación profunda al respecto y que se dimensione qué sucedió realmente.
"Antes de tomar medidas precipitadas se debe hacer un estudio verdadero y profundo sobre las causas del derrame. Desde nuestro punto de vista, Grupo México es una empresa sumamente seria, con un historial importante y no puede estar sujeta a un criterio rápido y fácil. Hay que hacer una investigación, ver las causas del accidente y cómo lo están solucionando, porque es una empresa que ha invertido durante muchísimos años, no sólo en esa mina sino en otras, y es un grupo empresarial importante que se ha comprometido con México. Seguramente han invertido lo suficiente en materia de seguridad para prevenir cualquier tipo de derrame", indicó Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Consideró que quitar la concesión a Grupo México de su principal mina sin que haya justificación de por medio y sólo porque obedece a una "medida política espontánea sin un análisis suficiente, evidentemente que mandaría un mal mensaje a los inversionistas", sobre todo los que ahora están interesados en invertir en el sector energético.
"Grupo México es uno de los grandes grupos empresariales de este país que genera miles y miles de empleos y mucha riqueza. Yo creo que lo hay que hacer es dimensionar realmente (lo que sucedió) y que la empresa, si así lo determina la autoridad, pueda resarcir la parte ambiental y que pague la multa. Es una empresa muy seria, que invierte mucho en México, es muy comprometida y se necesita porque genera miles y miles de empleos, yo creo que hay que componer lo que se tenga que componer y así se determina hay que pagar la multa que sea necesaria y así evitar que vuelva a suceder este tipo de situaciones", dijo a su vez Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Frente a la opinión de legisladores, especialistas y organizaciones ambientales de que se debe sancionar de manera ejemplar a Grupo México por las afectaciones ambientales, a la población y en las actividades productivas que el derrame de tóxicos ha generado en varios municipios de la zona, el dirigente del organismo cúpula del sector privado puntualizó que las sanciones las determina la ley y la autoridad competente, "así de fácil y yo estoy seguro que la empresa respetará, generará y hará los cambios que sean necesarios para que nunca vuelva a suceder".
Asimismo descartó que las sanciones que se impongan a Grupo México inhiban o afecten la llegada de inversionistas al sector energético ahora que se permite su participación pues dijo que están obligados a cumplir las leyes, como ocurre en todos los países. "Nosotros abogamos porque haya un Estado de derecho pleno y todos los mexicanos, empresas o agentes cumplan con la ley", puntualizó Gutiérrez Candiani.
Al respecto, Juan Pablo Castañón dijo que lo que es importante es que los órganos reguladores del sector energético sean "lo suficientemente fuerte para controlar cualquier exceso que pudiera existir en las inversiones, pero de eso a prohibir la llegada de inversiones nos parece que son medidas extremas". Dichos órganos, dijo, deben regular que las inversiones que lleguen al sector sean sanas y respeten el medio ambiente, pero no negar la industrialización porque sería una posición muy arriesgada.
"Antes de tomar medidas precipitadas se debe hacer un estudio verdadero y profundo sobre las causas del derrame. Desde nuestro punto de vista, Grupo México es una empresa sumamente seria, con un historial importante y no puede estar sujeta a un criterio rápido y fácil. Hay que hacer una investigación, ver las causas del accidente y cómo lo están solucionando, porque es una empresa que ha invertido durante muchísimos años, no sólo en esa mina sino en otras, y es un grupo empresarial importante que se ha comprometido con México. Seguramente han invertido lo suficiente en materia de seguridad para prevenir cualquier tipo de derrame", indicó Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Consideró que quitar la concesión a Grupo México de su principal mina sin que haya justificación de por medio y sólo porque obedece a una "medida política espontánea sin un análisis suficiente, evidentemente que mandaría un mal mensaje a los inversionistas", sobre todo los que ahora están interesados en invertir en el sector energético.
"Grupo México es uno de los grandes grupos empresariales de este país que genera miles y miles de empleos y mucha riqueza. Yo creo que lo hay que hacer es dimensionar realmente (lo que sucedió) y que la empresa, si así lo determina la autoridad, pueda resarcir la parte ambiental y que pague la multa. Es una empresa muy seria, que invierte mucho en México, es muy comprometida y se necesita porque genera miles y miles de empleos, yo creo que hay que componer lo que se tenga que componer y así se determina hay que pagar la multa que sea necesaria y así evitar que vuelva a suceder este tipo de situaciones", dijo a su vez Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Frente a la opinión de legisladores, especialistas y organizaciones ambientales de que se debe sancionar de manera ejemplar a Grupo México por las afectaciones ambientales, a la población y en las actividades productivas que el derrame de tóxicos ha generado en varios municipios de la zona, el dirigente del organismo cúpula del sector privado puntualizó que las sanciones las determina la ley y la autoridad competente, "así de fácil y yo estoy seguro que la empresa respetará, generará y hará los cambios que sean necesarios para que nunca vuelva a suceder".
Asimismo descartó que las sanciones que se impongan a Grupo México inhiban o afecten la llegada de inversionistas al sector energético ahora que se permite su participación pues dijo que están obligados a cumplir las leyes, como ocurre en todos los países. "Nosotros abogamos porque haya un Estado de derecho pleno y todos los mexicanos, empresas o agentes cumplan con la ley", puntualizó Gutiérrez Candiani.
Al respecto, Juan Pablo Castañón dijo que lo que es importante es que los órganos reguladores del sector energético sean "lo suficientemente fuerte para controlar cualquier exceso que pudiera existir en las inversiones, pero de eso a prohibir la llegada de inversiones nos parece que son medidas extremas". Dichos órganos, dijo, deben regular que las inversiones que lleguen al sector sean sanas y respeten el medio ambiente, pero no negar la industrialización porque sería una posición muy arriesgada.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario