Estado de México.- Octavio Martínez, presidente de la comisión de Seguridad Pública del congreso mexiquense exigió la renuncia del procurador, Alejandro Jaime Gómez, debido a que la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) sobre el caso Tlatlaya acreditó que la institución incurrió en tortura y fábrica de pruebas para justificar el fusilamiento de por lo menos 16 personas que realizaron elementos del ejército.
El legislador, que en semanas pasadas denunció que el procurador mentía al afirmar que recibe a los padres de mujeres desaparecidas cada semana, y reveló que en el canal de Ecatepec se encontraron restos humanos, afirmó que el gobierno estatal está obligado a aceptar y acatar la recomendación de la CNDH.
“¡Ahora entiendo por qué confundió restos óseos de animales con los de seres humanos!”, expresó, pues como se advierte en este documento la institución emplea la tortura, fábrica y altera pruebas, además no emplea métodos de investigación científica.
Martínez Vargas advirtió que el procurador del estado de México debe renunciar inmediatamente para que se le inicien los procesos judiciales por ocultar y manipular información de los crímenes en Tlatlaya, en general del estado de México, ahora ya existe una duda en la forma de actuar del personal en otros casos, uno de ellos los restos óseos encontrados en canal de Ecatepec.
La CNDH ya comprobó que la institución alteró pruebas para justificar el fusilamiento de 16 de las 22 personas el 30 de junio pasado en San Pedro Limón, pero que el propio gobernador, Eruviel Ávila Villegas, salió a decir horas después, que se trató de un enfrentamiento, a pesar de que el procurador ya tenía indicios de estas personas habían sido asesinadas.
La recomendación detalla que la PGJEM actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, no tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, ni tomar detalles individuales, violando los protocolos de investigación científica, las necropsias practicadas omitieron datos para dar certeza de la forma en que ocurrieron los hechos aquella fecha, advirtió.
También, se acreditó tortura y “agresiones sexuales” hacia las testigos, cometidas por personal de la PGJEM y tratos inhumanos en contra de una más, a quienes se obligó a firmar una declaración que no habían leído en la que se reconocen como integrantes de una banda de secuestradores, de tal manera que dos de las mujeres fueron enviadas a penal de Tepic, Nayarit, procesadas por delitos graves.
En conclusión la CNDH afirma que la Procuraduría mexiquense no respeta los derechos humanos, ni tiene personal capacitado para realizar investigaciones a partir de métodos y técnicas científicas.
El legislador, que en semanas pasadas denunció que el procurador mentía al afirmar que recibe a los padres de mujeres desaparecidas cada semana, y reveló que en el canal de Ecatepec se encontraron restos humanos, afirmó que el gobierno estatal está obligado a aceptar y acatar la recomendación de la CNDH.
“¡Ahora entiendo por qué confundió restos óseos de animales con los de seres humanos!”, expresó, pues como se advierte en este documento la institución emplea la tortura, fábrica y altera pruebas, además no emplea métodos de investigación científica.
Martínez Vargas advirtió que el procurador del estado de México debe renunciar inmediatamente para que se le inicien los procesos judiciales por ocultar y manipular información de los crímenes en Tlatlaya, en general del estado de México, ahora ya existe una duda en la forma de actuar del personal en otros casos, uno de ellos los restos óseos encontrados en canal de Ecatepec.
La CNDH ya comprobó que la institución alteró pruebas para justificar el fusilamiento de 16 de las 22 personas el 30 de junio pasado en San Pedro Limón, pero que el propio gobernador, Eruviel Ávila Villegas, salió a decir horas después, que se trató de un enfrentamiento, a pesar de que el procurador ya tenía indicios de estas personas habían sido asesinadas.
La recomendación detalla que la PGJEM actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, no tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, ni tomar detalles individuales, violando los protocolos de investigación científica, las necropsias practicadas omitieron datos para dar certeza de la forma en que ocurrieron los hechos aquella fecha, advirtió.
También, se acreditó tortura y “agresiones sexuales” hacia las testigos, cometidas por personal de la PGJEM y tratos inhumanos en contra de una más, a quienes se obligó a firmar una declaración que no habían leído en la que se reconocen como integrantes de una banda de secuestradores, de tal manera que dos de las mujeres fueron enviadas a penal de Tepic, Nayarit, procesadas por delitos graves.
En conclusión la CNDH afirma que la Procuraduría mexiquense no respeta los derechos humanos, ni tiene personal capacitado para realizar investigaciones a partir de métodos y técnicas científicas.
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