México, D.F.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que "debemos estar preparados todos para cualquiera de los escenarios posibles", aunque para el gobierno lo deseable es que los normalistas de Ayotzinapa estén vivos.
Aseguró que la acción permanente de la autoridad federal es motivada para encontrar a los jóvenes, "pero sin duda, todos los escenarios son posibles".
Entrevistado por Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, respecto a la posibilidad de que los estudiantes no regresen vivos, Osorio dijo que por ello debe conocerse la verdad y transparentar las investigaciones, de manera que sus familiares conozcan día a día el avance en las pesquisas, y dio la bienvenida a la participación de las peritos argentinos que dan certeza a los familiares de los estudiantes.
Señaló que los normalistas no son buscados en fosas, sino en "puntos estratégicos".
También reveló que en agosto de este mismo año; es decir, un mes antes de los hechos en Iguala, la Procuraduría General de la República inició una investigación contra el ex alcalde José Luis Abarca por enriquecimiento ilícito, para "actuar conforme a la ley, que es lo que se tiene que pensar en este país".
Agregó que la autoridad federal tenía información sobre los supuestos vínculos ilícitos de Abarca, "y por supuesto que la tenía el entonces gobernador Ángel Aguirre, y lo que pedíamos era mayor información para poder actuar desde lo federal y por supuesto que se tenía información desde lo estatal para poder actuar".
El funcionario federal respondió a quienes preguntan dónde estaba el Cisen mientras había vínculos del exalcalde de Iguala con el crimen organizado y reveló que en el sexenio pasado —en 2010, 2011 y 2012— se le abrieron tres averiguaciones previas por delincuencia organizada, que finalmente no prosperaron porque no se encontraron elementos suficientes.
Aclaró que el Cisen, dependiente de la Secretaría de Gobernación, entregaba a los gobernadores "toda la información respectiva a las posibilidades en la investigación, de que algunos pudieran estar involucrados con el crimen organizado", que debía corroborarse "para evitar michoacanazos" porque —expresó— si el gobierno actuara con toda la información que le llega al órgano de inteligencia del gobierno federal o a la Procuraduría General de la República, se abriría al tema político.
Osorio aceptó que este es el peor momento que ha enfrentado la actual administración y que preocupa que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aborde el tema en su sesión ordinaria, pero afirmó tajante que los hechos ocurridos en la Tierra Caliente de Guerrero "tienen que solucionarse, esto quiere decir encontrar la verdad, encontrar culpables, encontrar a los jóvenes y tomar las medidas para que se evite que vuelva a suceder".
Interrogado respecto a que si se trata de un tema del Estado o de Guerrero e Iguala, con gobernantes electos por el PRD, el secretario afirmó que "cada quien debe hacerse responsable de sus acciones, de lo que corresponde en el ámbito de lo que la ley nos faculta a cada quien", y que el gobierno de la República ha apoyado para fortalecer a sus instituciones de seguridad, "pero les he dicho que de ninguna a manera va a cubrir lo que les corresponde a ellos", y les corresponde tener una policía estatal confiable y apoyar a las municipales.
"No nos hacemos de lado", afirmó, pero también apuntó que la Federación los ha respaldado y es facultad de los gobiernos estatales tomar decisiones para que los policías protejan a los ciudadanos. "No tenemos los elementos, ojalá los tuviéramos, pero no los tenemos, para cubrir cada municipio", dijo.
Aseguró que la acción permanente de la autoridad federal es motivada para encontrar a los jóvenes, "pero sin duda, todos los escenarios son posibles".
Entrevistado por Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, respecto a la posibilidad de que los estudiantes no regresen vivos, Osorio dijo que por ello debe conocerse la verdad y transparentar las investigaciones, de manera que sus familiares conozcan día a día el avance en las pesquisas, y dio la bienvenida a la participación de las peritos argentinos que dan certeza a los familiares de los estudiantes.
Señaló que los normalistas no son buscados en fosas, sino en "puntos estratégicos".
También reveló que en agosto de este mismo año; es decir, un mes antes de los hechos en Iguala, la Procuraduría General de la República inició una investigación contra el ex alcalde José Luis Abarca por enriquecimiento ilícito, para "actuar conforme a la ley, que es lo que se tiene que pensar en este país".
Agregó que la autoridad federal tenía información sobre los supuestos vínculos ilícitos de Abarca, "y por supuesto que la tenía el entonces gobernador Ángel Aguirre, y lo que pedíamos era mayor información para poder actuar desde lo federal y por supuesto que se tenía información desde lo estatal para poder actuar".
El funcionario federal respondió a quienes preguntan dónde estaba el Cisen mientras había vínculos del exalcalde de Iguala con el crimen organizado y reveló que en el sexenio pasado —en 2010, 2011 y 2012— se le abrieron tres averiguaciones previas por delincuencia organizada, que finalmente no prosperaron porque no se encontraron elementos suficientes.
Aclaró que el Cisen, dependiente de la Secretaría de Gobernación, entregaba a los gobernadores "toda la información respectiva a las posibilidades en la investigación, de que algunos pudieran estar involucrados con el crimen organizado", que debía corroborarse "para evitar michoacanazos" porque —expresó— si el gobierno actuara con toda la información que le llega al órgano de inteligencia del gobierno federal o a la Procuraduría General de la República, se abriría al tema político.
Osorio aceptó que este es el peor momento que ha enfrentado la actual administración y que preocupa que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aborde el tema en su sesión ordinaria, pero afirmó tajante que los hechos ocurridos en la Tierra Caliente de Guerrero "tienen que solucionarse, esto quiere decir encontrar la verdad, encontrar culpables, encontrar a los jóvenes y tomar las medidas para que se evite que vuelva a suceder".
Interrogado respecto a que si se trata de un tema del Estado o de Guerrero e Iguala, con gobernantes electos por el PRD, el secretario afirmó que "cada quien debe hacerse responsable de sus acciones, de lo que corresponde en el ámbito de lo que la ley nos faculta a cada quien", y que el gobierno de la República ha apoyado para fortalecer a sus instituciones de seguridad, "pero les he dicho que de ninguna a manera va a cubrir lo que les corresponde a ellos", y les corresponde tener una policía estatal confiable y apoyar a las municipales.
"No nos hacemos de lado", afirmó, pero también apuntó que la Federación los ha respaldado y es facultad de los gobiernos estatales tomar decisiones para que los policías protejan a los ciudadanos. "No tenemos los elementos, ojalá los tuviéramos, pero no los tenemos, para cubrir cada municipio", dijo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario