Ciudad de México.- En México el 67 por ciento de la vivienda es informal, por lo que el principal reto para enfrentar este fenómeno no sólo empieza en la dimensión laboral, sino en el hábitat. Este desafío requiere cambios institucionales inmediatos, para frenar su crecimiento.
La situación anterior está planteada en el Índice de Competitividad Urbana 2014 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), durante una reunión presidida por la diputada María del Rocío Corona Nakamura y la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, ambas del PRI, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Juan Pardinas, director general del Imco, y encargado de la presentación del estudio, afirmó que “preocupa mucho la informalidad en la economía nacional, ya que cerca del 59 por ciento de los mexicanos trabajan en ella y el 67 por ciento de la vivienda es informal”.
Ante legisladores federales y locales, precisó que se hace muy poco por frenar los asentamientos irregulares en el país, ya que tres de cada cuatro hectáreas que se incorporan a la mancha urbana lo hacen sin respetar la normatividad que los prohíbe.
Dijo que el único instrumento para tratar de revertir la tendencia de informalidad en la vivienda, es el Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (Pasprah), con resultados y recursos muy limitados, que este año sumaron 237 millones de pesos.
El Pasprah atiende, explicó, a menos del 10 por ciento de la población potencial y está 50 por ciento por debajo de su meta.
Propuso crear una visión estratégica de las ciudades desde el gobierno federal, en coordinación con los estados y municipios, a fin de que el Fondo Metropolitano se utilice en obras prioritarias en cada zona urbana, para que hospitales, centros de estudio y oficinas gubernamentales se edifiquen en zonas céntricas, con lo que se evitarán más gastos en transporte y problemas en la movilidad de las personas.
Asimismo, establecer incentivos para cumplir la normatividad por los tres niveles de gobierno. “Cero tolerancia en nuevas violaciones, porque si no hacemos algo ahora, el índice de vivienda informal se va a disparar en 2 o 3 años al 70 u 80 por ciento”, estimó.
Subrayó que los fondos metropolitanos se proyectan más por criterios financieros que de planeación para resolver problemas urbanos y sociales de los ciudadanos, en obras disociadas entre los estados y municipios.
La situación anterior está planteada en el Índice de Competitividad Urbana 2014 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), durante una reunión presidida por la diputada María del Rocío Corona Nakamura y la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, ambas del PRI, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Juan Pardinas, director general del Imco, y encargado de la presentación del estudio, afirmó que “preocupa mucho la informalidad en la economía nacional, ya que cerca del 59 por ciento de los mexicanos trabajan en ella y el 67 por ciento de la vivienda es informal”.
Ante legisladores federales y locales, precisó que se hace muy poco por frenar los asentamientos irregulares en el país, ya que tres de cada cuatro hectáreas que se incorporan a la mancha urbana lo hacen sin respetar la normatividad que los prohíbe.
Dijo que el único instrumento para tratar de revertir la tendencia de informalidad en la vivienda, es el Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (Pasprah), con resultados y recursos muy limitados, que este año sumaron 237 millones de pesos.
El Pasprah atiende, explicó, a menos del 10 por ciento de la población potencial y está 50 por ciento por debajo de su meta.
Propuso crear una visión estratégica de las ciudades desde el gobierno federal, en coordinación con los estados y municipios, a fin de que el Fondo Metropolitano se utilice en obras prioritarias en cada zona urbana, para que hospitales, centros de estudio y oficinas gubernamentales se edifiquen en zonas céntricas, con lo que se evitarán más gastos en transporte y problemas en la movilidad de las personas.
Asimismo, establecer incentivos para cumplir la normatividad por los tres niveles de gobierno. “Cero tolerancia en nuevas violaciones, porque si no hacemos algo ahora, el índice de vivienda informal se va a disparar en 2 o 3 años al 70 u 80 por ciento”, estimó.
Subrayó que los fondos metropolitanos se proyectan más por criterios financieros que de planeación para resolver problemas urbanos y sociales de los ciudadanos, en obras disociadas entre los estados y municipios.
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