Toluca, Edomex.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas reconoció que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) incurrió en negligencia, tortura y fabricación de delitos en contra de tres mujeres testigos presenciales de la ejecución masiva de 22 personas por parte de elementos del ejército mexicano el 30 de junio en un local del municipio de Tlatlaya, por ello serán indemnizadas.
Esto tras señalar, Ávila Villegas que acatará la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) número 51/2014 al gobierno del Estado de México por los hechos sangrientos sucedidos en el municipio de Tlatlaya.
La CNDH aseguró que el mismo día de la ejecución de 22 civiles la escena del crimen fue reconstruida y se difundió la versión de un enfrentamiento entre militares, pero en realidad esto sólo duró de 5 a 10 minutos.
Sin embargo, la Procuraduría mexiquense confirmó el enfrentamiento con miembros de una célula del crimen organizado y trató de inculpar a tres mujeres aseguradas en el sitio de delitos que no cometieron.
En la recomendación la CNDH argumenta que la PGJEM utilizó métodos coercitivos y tratos inhumanos. Además, funcionarios no dieron crédito a la versión de las testigos sobre la actuación de los elementos de la Sedena al asesinar a las víctimas cuando ya se habían rendido.
El organismo nacional en defensa de los derechos aseguró que en las investigaciones acreditó que personal de la PGJEM incurrió en acciones y omisiones en agravió de dos sobrevivientes, a quienes tenían la intención de auto incriminar.
Asimismo, la CNDH señaló que la PGJEM omitió detalles en el homicidio masivo del 30 de junio en el municipio de Tlatlaya y detectó graves irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.
Por su parte, el diputado local Octavio Martínez Vargas señaló el procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez debe renunciar a su cargo, luego de las recomendaciones que emitió la CNDH al gobierno estatal.
Esto tras señalar, Ávila Villegas que acatará la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) número 51/2014 al gobierno del Estado de México por los hechos sangrientos sucedidos en el municipio de Tlatlaya.
La CNDH aseguró que el mismo día de la ejecución de 22 civiles la escena del crimen fue reconstruida y se difundió la versión de un enfrentamiento entre militares, pero en realidad esto sólo duró de 5 a 10 minutos.
Sin embargo, la Procuraduría mexiquense confirmó el enfrentamiento con miembros de una célula del crimen organizado y trató de inculpar a tres mujeres aseguradas en el sitio de delitos que no cometieron.
En la recomendación la CNDH argumenta que la PGJEM utilizó métodos coercitivos y tratos inhumanos. Además, funcionarios no dieron crédito a la versión de las testigos sobre la actuación de los elementos de la Sedena al asesinar a las víctimas cuando ya se habían rendido.
El organismo nacional en defensa de los derechos aseguró que en las investigaciones acreditó que personal de la PGJEM incurrió en acciones y omisiones en agravió de dos sobrevivientes, a quienes tenían la intención de auto incriminar.
Asimismo, la CNDH señaló que la PGJEM omitió detalles en el homicidio masivo del 30 de junio en el municipio de Tlatlaya y detectó graves irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.
Por su parte, el diputado local Octavio Martínez Vargas señaló el procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez debe renunciar a su cargo, luego de las recomendaciones que emitió la CNDH al gobierno estatal.
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