Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó con 408 votos a favor reformas al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de establecer que las autoridades responsables de la operación de los equipos, y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, entreguen un informe semestral sobre su uso a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, con el objetivo de inhibir las extorsiones.
La reforma plantea que este informe esté en concordancia con lo establecido en el artículo 190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual establece la cancelación o anulación de manera permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social y establecimientos de internamiento para menores.
El bloqueo de señales a que se refiere son todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación, y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos, a fin de garantizar a los usuarios externos la continuidad y seguridad de los servicios.
Por su parte, los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. El dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.
La reforma plantea que este informe esté en concordancia con lo establecido en el artículo 190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual establece la cancelación o anulación de manera permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social y establecimientos de internamiento para menores.
El bloqueo de señales a que se refiere son todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación, y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos, a fin de garantizar a los usuarios externos la continuidad y seguridad de los servicios.
Por su parte, los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. El dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.
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