Ciudad de México.- Si bien es cierto que se ha avanzado mucho en la salvaguarda, defensa y protección de los derechos humanos en México a lo largo de este gobierno, lo cierto es que aun predominan severos desafíos que debemos afrontar y resolver entre todos, autoridades y sociedad civil, reconoció el presidente Enrique Peña Nieto este medio día en Los Pinos.
Al entregar el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2014, el ejecutivo federal también estuvo de acuerdo con el ombudsman Luis Raúl González Pérez en el sentido de que hay que hacer realidad el andamiaje legal que se ha construido en los últimos años con la fuerte participación del congreso y también se requiere, dijo, Peña, unir los esfuerzos que en esta materia han realizado los responsables de los Derechos Humanos a nivel estatal.
Al respecto, González Pérez, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mostró preocupado e indignado por los casos de Iguala y Tlatlaya que “han sacudido nuestra consciencia y evidenciado un malestar de la sociedad civil que ya se venía gestando de tiempo atrás”.
En ese sentido González Pérez resaltó ante Peña Nieto que “la violencia e inseguridad, corrupción e impunidad han provocado, además de dolor e indignación un sentimiento de desconfianza hacia nuestras instituciones, de malestar, de fractura en nuestro estado de derecho, así como una perfección de lejanía e indiferencia de las autoridades ante los reclamos de la sociedad”.
El ombudsman nacional, eso sí, dijo que para entender la complejidad del enojo colectivo es obligado en el gobierno “un cambio de actitud, estrategia y discurso”. Dar todo el apoyo al ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta pacífica en el marco de la ley, “y la aplicación estricta de la misma a quien ejerza violencia, afectando derechos e intereses de terceros”, remató.
Al entregar el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2014, el ejecutivo federal también estuvo de acuerdo con el ombudsman Luis Raúl González Pérez en el sentido de que hay que hacer realidad el andamiaje legal que se ha construido en los últimos años con la fuerte participación del congreso y también se requiere, dijo, Peña, unir los esfuerzos que en esta materia han realizado los responsables de los Derechos Humanos a nivel estatal.
Al respecto, González Pérez, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mostró preocupado e indignado por los casos de Iguala y Tlatlaya que “han sacudido nuestra consciencia y evidenciado un malestar de la sociedad civil que ya se venía gestando de tiempo atrás”.
En ese sentido González Pérez resaltó ante Peña Nieto que “la violencia e inseguridad, corrupción e impunidad han provocado, además de dolor e indignación un sentimiento de desconfianza hacia nuestras instituciones, de malestar, de fractura en nuestro estado de derecho, así como una perfección de lejanía e indiferencia de las autoridades ante los reclamos de la sociedad”.
El ombudsman nacional, eso sí, dijo que para entender la complejidad del enojo colectivo es obligado en el gobierno “un cambio de actitud, estrategia y discurso”. Dar todo el apoyo al ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta pacífica en el marco de la ley, “y la aplicación estricta de la misma a quien ejerza violencia, afectando derechos e intereses de terceros”, remató.
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