Ciudad de México.- El Comité de Información, Gestoría y Quejas realizó el “Taller Informativo sobre reglas operativas 2015”, donde representantes de diferentes secretarías gubernamentales expusieron la normatividad que los ciudadanos deben seguir para acceder a diversos programas sociales.
La diputada Josefina Salinas Pérez (PRD), presidenta del comité, expresó que desde la integración de esa instancia se ha mantenido el interés por informar a la ciudadanía sobre los mecanismos de acceso a los programas que fomentan la generación de empleos y autoempleos.
Al inaugurar el taller, precisó que al día de hoy 53 millones de mexicanos viven en situación de pobreza y 11 millones de esa población en condiciones de pobreza extrema.
En ese contexto, indicó que para combatir esa problemática, la Cámara de Diputados asigna recursos con el fin de instrumentar políticas sociales que hagan efectivos los derechos de la población, y superar así el asistencialismo.
El objetivo de esos programas, destacó, es generar enfoques productivos para que las familias mexicanas se conviertan en protagonistas de su propio progreso; ello, a través de los medios de desarrollo a los que tienen derecho, comentó.
En su ponencia, el asesor de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), de la Sagarpa, Jonathan Lira Beltrán, detalló las reglas y procesos que deben cumplir los aspirantes a los beneficios otorgados por esos proyectos.
Explicó que éstos son evaluados para su dictamen y aprobación por un comité. A continuación, los titulares por medio de un secretario técnico deben presentar documentación sobre los alcances que tendrá el proyecto; posteriormente, se capacita y dan a conocer derechos y obligaciones al respecto. Por último, la Sagarpa realiza la supervisión de la puesta en marcha, verificación de seguimiento y, en su caso, una supervisión especial, precisó.
Comentó que ambos programas están orientados principalmente a la población rural más vulnerable, y su fin es impulsar la integración productiva de los pobladores para generar empleos que contribuyan a mejorar sus ingresos.
Por su parte, el subdirector de Supervisión a Delegaciones, de la Secretaría de Economía (SE), Gil Escutia Artiaga, habló respecto al Programa de Fomento a la Economía Social del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y su propósito.
Resaltó que su principal meta es construir, desarrollar, consolidar y expandir proyectos productivos, así como fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de los organismos del sector social de la economía.
Comentó que la población objetivo de ese programa es aquel sector que realiza producción, distribución y consumo de bienes o servicios como ejidos, comunidades y sociedades cooperativas, y se les impulsa mediante líneas de acción, promoción y cooperación.
Apuntó que para acceder al Programa de Fomento a la Economía Social se evalúa la solicitud por un comité del INAES, se realiza la validación documental y de campo y, finalmente, se ejecuta una evaluación técnica; al cumplir los requisitos, los beneficiados se hacen acreedores a apoyos en efectivo, denominados Integra y Crece, para ejecutar proyectos nuevos y empresariales.
La diputada Josefina Salinas Pérez (PRD), presidenta del comité, expresó que desde la integración de esa instancia se ha mantenido el interés por informar a la ciudadanía sobre los mecanismos de acceso a los programas que fomentan la generación de empleos y autoempleos.
Al inaugurar el taller, precisó que al día de hoy 53 millones de mexicanos viven en situación de pobreza y 11 millones de esa población en condiciones de pobreza extrema.
En ese contexto, indicó que para combatir esa problemática, la Cámara de Diputados asigna recursos con el fin de instrumentar políticas sociales que hagan efectivos los derechos de la población, y superar así el asistencialismo.
El objetivo de esos programas, destacó, es generar enfoques productivos para que las familias mexicanas se conviertan en protagonistas de su propio progreso; ello, a través de los medios de desarrollo a los que tienen derecho, comentó.
En su ponencia, el asesor de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), de la Sagarpa, Jonathan Lira Beltrán, detalló las reglas y procesos que deben cumplir los aspirantes a los beneficios otorgados por esos proyectos.
Explicó que éstos son evaluados para su dictamen y aprobación por un comité. A continuación, los titulares por medio de un secretario técnico deben presentar documentación sobre los alcances que tendrá el proyecto; posteriormente, se capacita y dan a conocer derechos y obligaciones al respecto. Por último, la Sagarpa realiza la supervisión de la puesta en marcha, verificación de seguimiento y, en su caso, una supervisión especial, precisó.
Comentó que ambos programas están orientados principalmente a la población rural más vulnerable, y su fin es impulsar la integración productiva de los pobladores para generar empleos que contribuyan a mejorar sus ingresos.
Por su parte, el subdirector de Supervisión a Delegaciones, de la Secretaría de Economía (SE), Gil Escutia Artiaga, habló respecto al Programa de Fomento a la Economía Social del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y su propósito.
Resaltó que su principal meta es construir, desarrollar, consolidar y expandir proyectos productivos, así como fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de los organismos del sector social de la economía.
Comentó que la población objetivo de ese programa es aquel sector que realiza producción, distribución y consumo de bienes o servicios como ejidos, comunidades y sociedades cooperativas, y se les impulsa mediante líneas de acción, promoción y cooperación.
Apuntó que para acceder al Programa de Fomento a la Economía Social se evalúa la solicitud por un comité del INAES, se realiza la validación documental y de campo y, finalmente, se ejecuta una evaluación técnica; al cumplir los requisitos, los beneficiados se hacen acreedores a apoyos en efectivo, denominados Integra y Crece, para ejecutar proyectos nuevos y empresariales.
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