Toluca, Méx.- Con el objetivo de exponer su caso ante el gobernador, una treintena de vecinos de lo que fue la colonia Brisas del Lago, ubicada en Cuautitlán Izcalli, se apostaron este martes frente a Palacio de Gobierno.
Con pancartas en mano y algunos documentos (copias simples de un transacción de compra-venta de predio), los quejosos (en su mayoría mujeres y madres de familia) ratificaron que su caso debe ser considerado como un despojo.
Lo anterior, sostuvieron, ya que desde el pasado 22 de diciembre del 2014 un grupo de personas se hizo presente en la colonia y, con el respaldo de la fuerza pública (policías estatales), procedieron a desalojarlos de sus viviendas que habitaban desde hace más de una década.
“El 22 de diciembre nos desalojaron; hace unos días destruyeron las casas y el día de ayer (lunes) trajeron maquinaria para intentar sacar el escombro de lo que quedo de nuestras viviendas”.
Cabe recordar que dicho grupo de vecinos también se hizo presente en la explanada de la Procuraduría estatal, para exigir la liberación de sus familiares detenidos cuando se realizó la demolición de sus hogares. “Ese día (20 de marzo) nos manifestamos en la Procuraduría para exigir que se liberara a nuestros familiares; lo logramos porque no había argumento alguno para poder detenerlos”, dijo una de las vecinas.
De acuerdo con los inconformes, detrás del asunto de la demolición está una gestora o funcionaria que se ha identificado como Bárbara “C”, supuesta representante del grupo financiero Banorte que sostiene que el predio donde se edificaron las casas es de su propiedad, pues lo adquirió hace cuatro años. “Esa versión no puede ser posible por el simple hecho de que nosotros estamos viviendo aquí desde hace más de 10 años”, agregó otra inconforme.
Al cuestionarles sobre si tienen alguna forma de comprobar la propiedad de los predios que habitaban, aseguraron estar realizando los trámites; “tenemos algunos documentos que logramos rescatar tras la demolición de nuestras casas y algunos otros se quedaron en el interior, se perdieron”.
Con pancartas en mano y algunos documentos (copias simples de un transacción de compra-venta de predio), los quejosos (en su mayoría mujeres y madres de familia) ratificaron que su caso debe ser considerado como un despojo.
Lo anterior, sostuvieron, ya que desde el pasado 22 de diciembre del 2014 un grupo de personas se hizo presente en la colonia y, con el respaldo de la fuerza pública (policías estatales), procedieron a desalojarlos de sus viviendas que habitaban desde hace más de una década.
“El 22 de diciembre nos desalojaron; hace unos días destruyeron las casas y el día de ayer (lunes) trajeron maquinaria para intentar sacar el escombro de lo que quedo de nuestras viviendas”.
Cabe recordar que dicho grupo de vecinos también se hizo presente en la explanada de la Procuraduría estatal, para exigir la liberación de sus familiares detenidos cuando se realizó la demolición de sus hogares. “Ese día (20 de marzo) nos manifestamos en la Procuraduría para exigir que se liberara a nuestros familiares; lo logramos porque no había argumento alguno para poder detenerlos”, dijo una de las vecinas.
De acuerdo con los inconformes, detrás del asunto de la demolición está una gestora o funcionaria que se ha identificado como Bárbara “C”, supuesta representante del grupo financiero Banorte que sostiene que el predio donde se edificaron las casas es de su propiedad, pues lo adquirió hace cuatro años. “Esa versión no puede ser posible por el simple hecho de que nosotros estamos viviendo aquí desde hace más de 10 años”, agregó otra inconforme.
Al cuestionarles sobre si tienen alguna forma de comprobar la propiedad de los predios que habitaban, aseguraron estar realizando los trámites; “tenemos algunos documentos que logramos rescatar tras la demolición de nuestras casas y algunos otros se quedaron en el interior, se perdieron”.
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