Ciudad de México.- Las elecciones de este año traerán consigo la transición de nueve gubernaturas: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Querétaro. Sin embargo, ninguna administración de esas entidades se va limpia. Nueve de nueve Gobernadores que se van, están señalados por corrupción.
En mayor o menor medida, los escándalos por tráfico de influencias, uso de bienes del estado para uso personal, desvío de recursos, presuntos vínculos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, entre otros, han sido situaciones que imperaron durante seis años. Pero a la fecha ningún mandatario estatal ha sido encarcelado.
El denominador común en estos casos es que han salido a la luz por medios de comunicación o filtraciones, y no por investigaciones por parte del Estado mexicano, a pesar que el Presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete han mantenido un discurso de combatir estas actividades ilícitas y de que, incluso, el mes de mayo se promulgó el tan esperado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
De acuerdo con el índice Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México es el país con la puntuación más baja en materia de combate a esta práctica de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ya que en una década no ha rebasado la puntuación de 35, de un máximo de 100. México se ubicó en el lugar número 103 de un total de 175 países analizados en todo el mundo en el Índice de Percepción de la Corrupción debido a la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década.
Los casos más graves son los de Rodrigo Medina (PRI) y Guillermo Padrés (PAN), de Nuevo León y Sonora. Pero el resto no se queda atrás.
Hay dos gobernadores de transición: los de Michoacán y Guerrero; asumieron el poder hace apenas unos meses. Los que pidieron licencia, sin embargo, son acusados hasta de nexos con el crimen organizado.
En mayor o menor medida, los escándalos por tráfico de influencias, uso de bienes del estado para uso personal, desvío de recursos, presuntos vínculos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, entre otros, han sido situaciones que imperaron durante seis años. Pero a la fecha ningún mandatario estatal ha sido encarcelado.
El denominador común en estos casos es que han salido a la luz por medios de comunicación o filtraciones, y no por investigaciones por parte del Estado mexicano, a pesar que el Presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete han mantenido un discurso de combatir estas actividades ilícitas y de que, incluso, el mes de mayo se promulgó el tan esperado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
De acuerdo con el índice Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México es el país con la puntuación más baja en materia de combate a esta práctica de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ya que en una década no ha rebasado la puntuación de 35, de un máximo de 100. México se ubicó en el lugar número 103 de un total de 175 países analizados en todo el mundo en el Índice de Percepción de la Corrupción debido a la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década.
Los casos más graves son los de Rodrigo Medina (PRI) y Guillermo Padrés (PAN), de Nuevo León y Sonora. Pero el resto no se queda atrás.
Hay dos gobernadores de transición: los de Michoacán y Guerrero; asumieron el poder hace apenas unos meses. Los que pidieron licencia, sin embargo, son acusados hasta de nexos con el crimen organizado.
Sin Embargo
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