Estado de México.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) denunció que autoridades de la Secretaría de Finanzas del Estado de México proceden con dolo e ilegalidad en contra de empresas que están trabajando dentro de aquella entidad.
En un comunicado, el Ombudsman del Contribuyente informó que servidores públicos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México acuden con órdenes legalmente expedidas a domicilios de empresas (contribuyentes) que producen o maquilan diversos productos; ya ingresados en el lugar se dedican a revisar en forma exhaustiva los documentos con que las empresas acreditan que la maquinaria con la que están trabajando fue internada legalmente al país.
Así, ante la menor discrepancia en algún número o código de serie que se presente entre la factura que ampara la maquinaria con que trabajan las empresas y los pedimentos de importación respectivos, determinan, previa resolución, que dicha maquinaria pasa a ser propiedad del fisco federal.
Posteriormente, alertó la Prodecon, no aceptan la propia maquinaria como medio para que el contribuyente garantice los adeudos que así determinan; en cambio, dijo, ponen sellos de embargo en la misma, con lo que paralizan la operación de la empresa pese a que el asunto aún está siendo combatido por el contribuyente en juicio ante los tribunales.
Además, las autoridades coordinadas suelen también embargar la mercancía que tienen las empresas lista para su comercialización e inmovilizan sus depósitos bancarios, "con lo cual el negocio se paraliza antes de que haya una sentencia definitiva sobre si la actuación de las susodichas autoridades fue legal".
En otras palabras, aseveró, la empresa queda comercialmente asfixiada antes de haber sido oída y vencida en juicio, produciéndose una grave violación de sus derechos fundamentales.
En este sentido, la Procuraduría reconoció que si bien es de interés público que las autoridades garanticen adeudos fiscales a través de embargos, "resulta totalmente indebido que en dichas acciones de cobro se elijan selectivamente ciertos bienes o activos indispensables para la empresa que son esenciales para su funcionamiento, provocando así la paralización de sus actividades productivas".
El organismo que defiende los derechos de los contribuyentes, espera que las autoridades fiscales del Estado de México procedan en forma tal que sus actuaciones no sean las más onerosas y perjudiciales para las unidades económicas.
Además abogará para que se les permita seguir operando su negocio por lo menos mientras no se resuelva en definitiva su situación jurídica; ello para no afectar de manera grave la importante planta productiva de aquella entidad.
En un comunicado, el Ombudsman del Contribuyente informó que servidores públicos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México acuden con órdenes legalmente expedidas a domicilios de empresas (contribuyentes) que producen o maquilan diversos productos; ya ingresados en el lugar se dedican a revisar en forma exhaustiva los documentos con que las empresas acreditan que la maquinaria con la que están trabajando fue internada legalmente al país.
Así, ante la menor discrepancia en algún número o código de serie que se presente entre la factura que ampara la maquinaria con que trabajan las empresas y los pedimentos de importación respectivos, determinan, previa resolución, que dicha maquinaria pasa a ser propiedad del fisco federal.
Posteriormente, alertó la Prodecon, no aceptan la propia maquinaria como medio para que el contribuyente garantice los adeudos que así determinan; en cambio, dijo, ponen sellos de embargo en la misma, con lo que paralizan la operación de la empresa pese a que el asunto aún está siendo combatido por el contribuyente en juicio ante los tribunales.
Además, las autoridades coordinadas suelen también embargar la mercancía que tienen las empresas lista para su comercialización e inmovilizan sus depósitos bancarios, "con lo cual el negocio se paraliza antes de que haya una sentencia definitiva sobre si la actuación de las susodichas autoridades fue legal".
En otras palabras, aseveró, la empresa queda comercialmente asfixiada antes de haber sido oída y vencida en juicio, produciéndose una grave violación de sus derechos fundamentales.
En este sentido, la Procuraduría reconoció que si bien es de interés público que las autoridades garanticen adeudos fiscales a través de embargos, "resulta totalmente indebido que en dichas acciones de cobro se elijan selectivamente ciertos bienes o activos indispensables para la empresa que son esenciales para su funcionamiento, provocando así la paralización de sus actividades productivas".
El organismo que defiende los derechos de los contribuyentes, espera que las autoridades fiscales del Estado de México procedan en forma tal que sus actuaciones no sean las más onerosas y perjudiciales para las unidades económicas.
Además abogará para que se les permita seguir operando su negocio por lo menos mientras no se resuelva en definitiva su situación jurídica; ello para no afectar de manera grave la importante planta productiva de aquella entidad.
El economista
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