Estado de México.- La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser) llamó a la Legislatura del Estado de México y a los diputados locales que resultaron electos en la jornada del pasado 07 de junio a aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en virtud de que 25 por ciento de las mujeres que recurren a él en el Distrito Federal (DF) son mexiquenses.
Adriana Jiménez, presidenta nacional de este organismo, advirtió que, mientras no ocurra, no sólo se seguirá negando a las mujeres el derecho esencial de decidir sobre el número de hijos que desean tener, sino se les seguirá criminalizando por pretender ejercerlo.
De 2008 a la fecha, recordó, 153 mil mujeres han recurrido al ILE en el DF; 25 por ciento son oriundas del Estado de México, y está plenamente confirmado que no existen muertes derivadas de su práctica, como sí las hay mientras se siga orillando a las mujeres a practicarse abortos clandestinos.
En el fondo, advirtió, esta reforma pretende “criminalizar a las mujeres, impedir el acceso a los métodos anticonceptivos, y no podemos permitirlo, es una postura antiderecho, lo que hay que hacer es darle vida digna a las mujeres y a los niños y niñas”.
Las estadísticas que se desprenden del ejercicio del ILE, precisó, revelan que quienes recurren a él principalmente no son las adolescentes irresponsables que erróneamente se creía, pues son mujeres con educación media superior, que han estudiado, que ya tienen hijos, que son madres de familia, pero en este momento su proyecto de vida es otra.
Adriana Jiménez, presidenta nacional de este organismo, advirtió que, mientras no ocurra, no sólo se seguirá negando a las mujeres el derecho esencial de decidir sobre el número de hijos que desean tener, sino se les seguirá criminalizando por pretender ejercerlo.
De 2008 a la fecha, recordó, 153 mil mujeres han recurrido al ILE en el DF; 25 por ciento son oriundas del Estado de México, y está plenamente confirmado que no existen muertes derivadas de su práctica, como sí las hay mientras se siga orillando a las mujeres a practicarse abortos clandestinos.
En el fondo, advirtió, esta reforma pretende “criminalizar a las mujeres, impedir el acceso a los métodos anticonceptivos, y no podemos permitirlo, es una postura antiderecho, lo que hay que hacer es darle vida digna a las mujeres y a los niños y niñas”.
Las estadísticas que se desprenden del ejercicio del ILE, precisó, revelan que quienes recurren a él principalmente no son las adolescentes irresponsables que erróneamente se creía, pues son mujeres con educación media superior, que han estudiado, que ya tienen hijos, que son madres de familia, pero en este momento su proyecto de vida es otra.
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