No es ético, no es moral, ni es políticamente aceptable nombrar a un
dirigente del PRI estatal, que además es amigo personal del gobernador.
Estado de México.- Con 13 votos en contra y 5 abstenciones fue designado Jorge Torres, expresidente municipal de Ecatepec y presidente de la Comisión de Honor y Justicia del PRI, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Tricaem) para un periodo de 10 años.
No obstante, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró antiética la designación en este cargo de un dirigente partidista en funciones y padrino político del gobernador en turno, que podría incidir en favor de la administración durante los conflictos que en el Tricaem se promuevan.
“Si queremos avanzar en la rendición de cuentas, si queremos desterrar la corrupción de nuestro estado, tenemos que comenzar por nombrar magistrados imparciales que no actúen por consigna o siguiendo línea ideológica o de partido. Partidizar la justicia rompe con el más elemental equilibrio de poderes y es fuente de mayor abuso”, alertó el diputado Javier Salinas, vicecoordinador del PRD.
Torres Rodríguez, destacó, tiene una larga trayectoria como militante y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, “y se pretende ahora premiarlo con un cargo de magistrado por diez años”.
Aunque admitió que Jorge Torres es abogado, destacó que sólo cumple con ese requisito.
Jorge Torres fue alcalde priísta de Ecatepec de 1997 al 2000; “es público que desde entonces se convirtió en padrino político del ahora gobernador Eruviel Ávila en el municipio”, dijo.
Por tanto, destacó, “no se trata de un personaje imparcial, ni de un abogado neutral, mucho menos para el máximo órgano de justicia administrativa en el Estado, donde se necesita además de la capacidad y la trayectoria, una probidad libre de sospecha, méritos e idoneidad”.
“No es ético, no es moral, ni es políticamente aceptable nombrar a un dirigente del PRI estatal (su cargo actual es presidente de Comisión de Justicia Partidaria), que además es amigo personal del gobernador, para juzgar la legalidad de los actos administrativos del Gobierno del Estado”, destacó.
Desde su punto de vista, en este caso, existe un evidente conflicto de interés, un interés personal.
“¿Nos preguntamos qué puede haber detrás de ese interés personal para nombrar a un incondicional en el cargo de magistrado de lo Contencioso Administrativo?”, cuestionó.
En su calidad de presidente de la Comisión de Honor y Justicia Partidaria del PRI, destacó Salinas Narváez, Jorge Torres Rodríguez no concretó ninguna expulsión de militantes por escándalos como OHL, que “es apenas la punta del iceberg de lo que se sospecha es una enorme red de complicidades entre funcionarios estatales y empresarios para el reparto de contratos y de ganancias por servicios públicos a sobreprecio”.
Tampoco expulsó al expresidente municipal de Naucalpan, David Sánchez Guevara, acusado de peculado.
“Ese tratamiento de complicidad que se vive al interior del PRI mexiquense, es el que ahora se quiere repetir en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, advirtió.
Lo que se busca, consideró, en todo caso “es brindar impunidad para los funcionarios priístas de esta administración, una vez concluido el mandato de Eruviel Ávila, para que se puedan ir tranquilos, sabiendo que hay quien les cuide las espaldas los próximos años”.
No obstante, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró antiética la designación en este cargo de un dirigente partidista en funciones y padrino político del gobernador en turno, que podría incidir en favor de la administración durante los conflictos que en el Tricaem se promuevan.
“Si queremos avanzar en la rendición de cuentas, si queremos desterrar la corrupción de nuestro estado, tenemos que comenzar por nombrar magistrados imparciales que no actúen por consigna o siguiendo línea ideológica o de partido. Partidizar la justicia rompe con el más elemental equilibrio de poderes y es fuente de mayor abuso”, alertó el diputado Javier Salinas, vicecoordinador del PRD.
Torres Rodríguez, destacó, tiene una larga trayectoria como militante y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, “y se pretende ahora premiarlo con un cargo de magistrado por diez años”.
Aunque admitió que Jorge Torres es abogado, destacó que sólo cumple con ese requisito.
Jorge Torres fue alcalde priísta de Ecatepec de 1997 al 2000; “es público que desde entonces se convirtió en padrino político del ahora gobernador Eruviel Ávila en el municipio”, dijo.
Por tanto, destacó, “no se trata de un personaje imparcial, ni de un abogado neutral, mucho menos para el máximo órgano de justicia administrativa en el Estado, donde se necesita además de la capacidad y la trayectoria, una probidad libre de sospecha, méritos e idoneidad”.
“No es ético, no es moral, ni es políticamente aceptable nombrar a un dirigente del PRI estatal (su cargo actual es presidente de Comisión de Justicia Partidaria), que además es amigo personal del gobernador, para juzgar la legalidad de los actos administrativos del Gobierno del Estado”, destacó.
Desde su punto de vista, en este caso, existe un evidente conflicto de interés, un interés personal.
“¿Nos preguntamos qué puede haber detrás de ese interés personal para nombrar a un incondicional en el cargo de magistrado de lo Contencioso Administrativo?”, cuestionó.
En su calidad de presidente de la Comisión de Honor y Justicia Partidaria del PRI, destacó Salinas Narváez, Jorge Torres Rodríguez no concretó ninguna expulsión de militantes por escándalos como OHL, que “es apenas la punta del iceberg de lo que se sospecha es una enorme red de complicidades entre funcionarios estatales y empresarios para el reparto de contratos y de ganancias por servicios públicos a sobreprecio”.
Tampoco expulsó al expresidente municipal de Naucalpan, David Sánchez Guevara, acusado de peculado.
“Ese tratamiento de complicidad que se vive al interior del PRI mexiquense, es el que ahora se quiere repetir en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, advirtió.
Lo que se busca, consideró, en todo caso “es brindar impunidad para los funcionarios priístas de esta administración, una vez concluido el mandato de Eruviel Ávila, para que se puedan ir tranquilos, sabiendo que hay quien les cuide las espaldas los próximos años”.
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