Ciudad de México.- Luego de que la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, del penal del Altiplano, evidenciara desequilibrios y fallas, la administración de Enrique Peña Nieto desempolvó una serie de viejos proyectos carcelarios para reforzar el control en distintos penales del país, mejorar los que existen y reactivar algunos, como el mítico Islas Marías.
Por primera vez –desde 2011–, y en pleno entorno de austeridad, el gobierno contempla revivir media decena de proyectos estratégicos de infraestructura carcelaria que ascienden en conjunto a poco más de 800 millones de pesos. Se trata de obras que estaban suspendidas con el cambio de sexenio y que fueron concebidas por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Van desde ampliar la capacidad de formación de nuevos custodios, hasta remozar los sistemas de seguridad en penales federales de distintos estados.
No sólo eso. Entre las propuestas que se refrescan están: enviar reos de máxima seguridad a un campamento especial en las Islas Marías, a 112 kilómetros de costas mexicanas, bajo la premisa de que un escape en medio del océano Pacífico es más difícil que en tierra firme.
De acuerdo con el Proyecto de Egresos 2016, la Secretaría de Gobernación registró ante la Secretaría de Hacienda un plan para destinar 80 millones de pesos en 2016 para “la construcción de (nuevas) estancias para internos de mediana y alta peligrosidad” en el campamento Laguna del Toro, un alojamiento de máxima seguridad al sur de la isla María Madre.
El Programa y Proyecto de Inversión (PPI) vigente deja entrever que será vigilado por un pequeño ejército: un destacamento de 520 custodios, 450 policías federales y 250 infantes de Marina.
El proyecto original, que fue suspendido en 2012 al congelarse el presupuesto para el sistema penitenciario y que no sería reactivado sino hasta el próximo año, contemplaba también la construcción de un búnker “para el control en tiempo real del manejo adecuado de internos con operaciones de inteligencia”, además de un sistema de punta para la vigilancia del complejo.
El hacer de las Islas Marías una fortaleza inexpugnable, iniciado en 2008 por Calderón y García Luna, se revirtió en 2013, tras registrarse un motín que derivó en serias críticas al gobierno federal por presuntas violaciones a los derechos humanos de los internos.
De 2 mil 470 reos de alta peligrosidad que habían sido enviados a la colonia penal en el sexenio anterior, la cifra se redujo a mil ocho en 2014, de acuerdo al Órgano Administrativo Desconcentrado para la Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Además de lo anterior, el gobierno federal pidió a Hacienda recursos para financiar la remodelación de seis penales federales: Papantla, Veracruz; Huimanguillo, Tabasco; Guadalupe Victoria, Durango; Monclova, en Coahuila; Chihuahua, Chihuahua y Villa Aldama, en Veracruz.
Por primera vez –desde 2011–, y en pleno entorno de austeridad, el gobierno contempla revivir media decena de proyectos estratégicos de infraestructura carcelaria que ascienden en conjunto a poco más de 800 millones de pesos. Se trata de obras que estaban suspendidas con el cambio de sexenio y que fueron concebidas por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Van desde ampliar la capacidad de formación de nuevos custodios, hasta remozar los sistemas de seguridad en penales federales de distintos estados.
No sólo eso. Entre las propuestas que se refrescan están: enviar reos de máxima seguridad a un campamento especial en las Islas Marías, a 112 kilómetros de costas mexicanas, bajo la premisa de que un escape en medio del océano Pacífico es más difícil que en tierra firme.
De acuerdo con el Proyecto de Egresos 2016, la Secretaría de Gobernación registró ante la Secretaría de Hacienda un plan para destinar 80 millones de pesos en 2016 para “la construcción de (nuevas) estancias para internos de mediana y alta peligrosidad” en el campamento Laguna del Toro, un alojamiento de máxima seguridad al sur de la isla María Madre.
El Programa y Proyecto de Inversión (PPI) vigente deja entrever que será vigilado por un pequeño ejército: un destacamento de 520 custodios, 450 policías federales y 250 infantes de Marina.
El proyecto original, que fue suspendido en 2012 al congelarse el presupuesto para el sistema penitenciario y que no sería reactivado sino hasta el próximo año, contemplaba también la construcción de un búnker “para el control en tiempo real del manejo adecuado de internos con operaciones de inteligencia”, además de un sistema de punta para la vigilancia del complejo.
El hacer de las Islas Marías una fortaleza inexpugnable, iniciado en 2008 por Calderón y García Luna, se revirtió en 2013, tras registrarse un motín que derivó en serias críticas al gobierno federal por presuntas violaciones a los derechos humanos de los internos.
De 2 mil 470 reos de alta peligrosidad que habían sido enviados a la colonia penal en el sexenio anterior, la cifra se redujo a mil ocho en 2014, de acuerdo al Órgano Administrativo Desconcentrado para la Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Además de lo anterior, el gobierno federal pidió a Hacienda recursos para financiar la remodelación de seis penales federales: Papantla, Veracruz; Huimanguillo, Tabasco; Guadalupe Victoria, Durango; Monclova, en Coahuila; Chihuahua, Chihuahua y Villa Aldama, en Veracruz.
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