Sonora.- Gisela Peraza Villa, exama de llaves de Guillermo Padrés, denunció penalmente al exgobernador por encarcelarla sin pruebas durante cuatro años y seis días.
La denuncia fue interpuesta al mediodía de este martes en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Por estas mismas acusaciones también demandó a Ernesto Fernández Portillo, exjefe de escoltas de Padrés; a Ricardo Ornela, exdirector estatal de centros penitenciarios, así como a Agustín Rodríguez, exsecretario particular del mandatario y actual diputado federal por la primera circunscripción panista.
Asimismo, incluyó a otros 15 exfuncionarios, entre los que destacan jueces, secretarios de acuerdos y policías de la pasada administración estatal.
Gisela fue acusada la noche de 13 de marzo de 2011 como la responsable de hurtar 450 mil pesos en efectivo y 150 mil en joyas de la Casa de Gobierno.
Según versión de la inculpada, al momento de ser torturada le exigían 7 millones de pesos para liberarla.
Al no acceder a la petición se le procesó ilegalmente y condenó a cuatro años de cárcel por un delito que presuntamente no cometió.
“Digo a los que me están escuchando y que están sufriendo lo mismo que yo, a que luchen por la justicia”, expresó la víctima en las instalaciones de la Fiscalía estatal.
Ante esto, Gisela solicita cárcel para los responsables y una indemnización de 20 millones de pesos.
“Nada pagará los daños que sufrimos yo mi familia por esta injusticia”, manifestó la denunciante frente a los representantes de los medios de comunicación.
La denuncia fue interpuesta al mediodía de este martes en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Por estas mismas acusaciones también demandó a Ernesto Fernández Portillo, exjefe de escoltas de Padrés; a Ricardo Ornela, exdirector estatal de centros penitenciarios, así como a Agustín Rodríguez, exsecretario particular del mandatario y actual diputado federal por la primera circunscripción panista.
Asimismo, incluyó a otros 15 exfuncionarios, entre los que destacan jueces, secretarios de acuerdos y policías de la pasada administración estatal.
Gisela fue acusada la noche de 13 de marzo de 2011 como la responsable de hurtar 450 mil pesos en efectivo y 150 mil en joyas de la Casa de Gobierno.
Según versión de la inculpada, al momento de ser torturada le exigían 7 millones de pesos para liberarla.
Al no acceder a la petición se le procesó ilegalmente y condenó a cuatro años de cárcel por un delito que presuntamente no cometió.
“Digo a los que me están escuchando y que están sufriendo lo mismo que yo, a que luchen por la justicia”, expresó la víctima en las instalaciones de la Fiscalía estatal.
Ante esto, Gisela solicita cárcel para los responsables y una indemnización de 20 millones de pesos.
“Nada pagará los daños que sufrimos yo mi familia por esta injusticia”, manifestó la denunciante frente a los representantes de los medios de comunicación.
Proceso
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