Estado de México.- Por negar la atención a una mujer víctima de robo de sus pertenencias, incluyendo documentos y ropa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió la recomendación 27/2015 a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, además de la 28/2015, debido a la intervención sin atribuciones del oficial mediador y conciliador.
Los hechos se registraron en octubre de 2014, cuando la víctima de robo acudió al Centro de Atención Ciudadana (CAC) de El Oro para presentar una denuncia formal contra la persona que saqueó su domicilio, sin embardo, debido a que se trataba de probables hechos configurativos del delito de robo al interior de habitación, no se inició la carpeta de investigación y se le remitió al Oficial Conciliador de Temascalcingo.
La investigación determinó que a pesar de que el hecho denunciado era constitutivo de un delito y debía ser atendido por la instancia legal correspondiente, el oficial conciliador de Temascalcingo convocó a los involucrados a un arreglo conciliatorio e incluso, el alcalde municipal de Temascalcingo trató de convencerla de aceptar una cantidad a cambio de sus pertenencias.
Debido a estos hechos, la Codhem determinó la existencia de violaciones al derecho de acceso a la justicia, y añadió que se omitió el inicio de una investigación efectiva y oportuna, propiciando dilación en la procuración de justicia, ya que fue hasta seis meses después que se radicó la denuncia por robo.
Entre los puntos recomendatorios se pide instruir al personal operativo del CAC de El Oro, ajustar su actuación al Código de Ética y Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se ordenó al alcalde que la titularidad de la oficialía conciliadora sea encomendada a un profesionista con el perfil y la certificación que señala la ley.
También pidió emitir una circular para ordenar a los servidores públicos de la Oficialía Mediadora y Conciliadora, abstenerse de intervenir en asuntos que no sean de su competencia.
En ambos casos, se instruyó solicitar por escrito al titular del órgano de control interno, anexar al expediente disciplinario respectivo, copia certificada de la recomendación, e implementar cursos de capacitación en materia de derechos humanos y del marco jurídico vigente.
Los hechos se registraron en octubre de 2014, cuando la víctima de robo acudió al Centro de Atención Ciudadana (CAC) de El Oro para presentar una denuncia formal contra la persona que saqueó su domicilio, sin embardo, debido a que se trataba de probables hechos configurativos del delito de robo al interior de habitación, no se inició la carpeta de investigación y se le remitió al Oficial Conciliador de Temascalcingo.
La investigación determinó que a pesar de que el hecho denunciado era constitutivo de un delito y debía ser atendido por la instancia legal correspondiente, el oficial conciliador de Temascalcingo convocó a los involucrados a un arreglo conciliatorio e incluso, el alcalde municipal de Temascalcingo trató de convencerla de aceptar una cantidad a cambio de sus pertenencias.
Debido a estos hechos, la Codhem determinó la existencia de violaciones al derecho de acceso a la justicia, y añadió que se omitió el inicio de una investigación efectiva y oportuna, propiciando dilación en la procuración de justicia, ya que fue hasta seis meses después que se radicó la denuncia por robo.
Entre los puntos recomendatorios se pide instruir al personal operativo del CAC de El Oro, ajustar su actuación al Código de Ética y Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se ordenó al alcalde que la titularidad de la oficialía conciliadora sea encomendada a un profesionista con el perfil y la certificación que señala la ley.
También pidió emitir una circular para ordenar a los servidores públicos de la Oficialía Mediadora y Conciliadora, abstenerse de intervenir en asuntos que no sean de su competencia.
En ambos casos, se instruyó solicitar por escrito al titular del órgano de control interno, anexar al expediente disciplinario respectivo, copia certificada de la recomendación, e implementar cursos de capacitación en materia de derechos humanos y del marco jurídico vigente.
Hoy Estado
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